La iniciativa legislativa que busca declarar la obligatoriedad del voto en la República Dominicana, depositada en la cámara baja por el Legislador de la Fuerza del Pueblo Hamlet Melo, merece una crítica detallada considerando los avances constitucionales y los compromisos internacionales que el país ha asumido, sin ahondar mucho en su contenido.
La República Dominicana se define como un Estado Social y Democrático de Derecho, en el cual el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales y la soberanía popular son pilares esenciales. Por ello, la obligatoriedad del voto parece contradecir el principio de libertad individual que subyace en una democracia genuina, la participación ciudadana debe ser una expresión libre de la voluntad, no una imposición legal. Forzar a los ciudadanos a votar puede ser visto como una infracción a la libertad personal y a la autodeterminación, derechos que la propia Constitución y diversos tratados internacionales protegen.
Históricamente, la democracia se ha considerado el sistema de gobierno más justo y apropiado para asegurar la armonía social, en una democracia ideal, la participación ciudadana es fundamental para materializar los cambios y garantizar que el gobierno refleje la voluntad del pueblo, sin embargo, obligar al voto puede distorsionar esta participación, ya que los ciudadanos pueden votar sin una verdadera convicción o conocimiento, simplemente para cumplir con la ley, lo que podría llevar a resultados electorales menos representativos y auténticos.
La transformación estatal derivada de la reforma constitucional del 2010 posicionó a la República Dominicana como un Estado que reconoce y garantiza nuevos derechos y garantías, colocando a las personas en el centro de las decisiones públicas, este modelo implica que las políticas públicas deben respetar la dignidad humana y los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra la libertad de participar o no en los procesos electorales, en un Estado Social y Democrático de Derecho, los ciudadanos no son meros sujetos pasivos, sino protagonistas activos que deben tener la libertad de decidir sobre su participación política.
Además, la práctica democrática en la República Dominicana aún enfrenta desafíos significativos, como el respeto a la soberanía popular y la efectiva separación de poderes, en un Estado donde el Poder Ejecutivo mantiene una fuerte influencia sobre el Poder Judicial. Forzar la obligatoriedad del voto no parece una solución adecuada, caso contrario, podría desviar la atención de problemas más profundos, como la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y asegurar una mayor transparencia y equidad en el proceso electoral.
A nivel internacional, los tratados y acuerdos firmados por la República Dominicana también abogan por el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos similares enfatizan la importancia de la participación política voluntaria y consciente como un componente esencial de la democracia, obligar a los ciudadanos a votar podría ser interpretado como una violación de estos principios y compromisos internacionales.
A mi modo de ver, la obligatoriedad del voto podría parecer una medida para incrementar la participación electoral, sin embargo, en realidad podría socavar principios fundamentales de libertad y autodeterminación, contraviniendo tanto la Constitución dominicana los tratados internacionales.
A modo de propuesta, sugiero que en lugar de imponer el voto obligatorio, sería más constructivo enfocar los esfuerzos legislativos en fortalecer la educación cívica, mejorar la transparencia electoral y asegurar que todos los ciudadanos se sientan verdaderamente representados y motivados para participar de manera libre y voluntaria en los procesos democráticos.