Eliminar la garantía real del derecho universal a la salud. Volver a los servicios discrecionales como en Salud Pública. Convertir al SENASA en un monopolio maniatado por el clientelismo, la corrupción y las presiones gremiales, como el IDSS. ¿Cuánta presión hubiesen resistido las autoridades, de no existir un Seguro Familiar de Salud que obliga a garantizar una determinada cobertura, calidad y oportunidad?
¿Hasta dónde va a llegar el Colegio Médico Dominicano (CMD)? ¿Por qué se repite que todavía no han recibido ninguna respuesta de las ARS, cuando está claro que sus demandas, justas o no, requieren de una decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), en su calidad de Órgano Rector del SDSS?
¿Por qué continúan los paros y movilizaciones luego que el CNSS designó una comisión de alto nivel que estudiará el impacto de las demandas del CMD y rendirá un informe a la brevedad posible? ¿Por qué se desprecia esta comisión, a pesar de que la misma se apresta a escuchar los argumentos del propio CMD?
¿Por qué todavía se acelera la desafiliación y se suspenden los servicios médicos, a pesar del riesgo de vidas y de los daños severos a millones de afiliados, especialmente de familias pobres y vulnerables? ¿Por qué continuar de espaldas a las críticas de la opinión pública, y se condena la decisión de ANDECLIP de mantener los servicios?
Mucha gente se pregunta, ¿Es acaso posible una mayor irracionalidad, arbitrariedad y prepotencia? ¿Cómo explicar una conducta tan contraria al sentido común, al respeto a los derechos humanos más elementales, a las autoridades y al ordenamiento jurídico del país?
Un intento de retornar a un pasado politizado, corrupto y clientelista
Este conflicto evidencia las enormes ventajas de un sistema de financiamiento basado en un Seguro familiar de Salud (SFS), versus la asignación tradicional de Salud Pública de los recursos. Evidencia lo que podría ocurrirle al país de eliminarse el SFS y de establecerse una ARS estatal, única, politizada y todopoderosa, sujeta a los vaivenes políticos y a la falta de institucionalidad.
La resistencia del CMD a utilizar las vías institucionales para someter sus propuestas se explica porque pretende anular la esencia del SFS, tratando de imponer soluciones de fuerza, unilaterales, como tradicionalmente ha logrado en Salud Pública y en el antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).
Nuestro país tiene más de 60 años asignando los recursos en función de la oferta, de los gremios y grupos de presión. Cada demanda del CMD ha sido, y es atendida, de manera incondicional y generosa, porque ese es el principal compromiso del MSP. Y el segundo, muy secundario, es atender las demandas de las familias más pobres y vulnerables.
La mejor demostración es que nunca ha faltado dinero para aumentar los salarios, para el clientelismo y para la corrupción; mientras siempre ha faltado dinero para el suministro de los insumos y medicamentos, y para el mantenimiento de los equipos y la planta física. En fin, para poder prestar servicios oportunos y de calidad a los más pobres.
Al no existir un compromiso real e incondicional con la cobertura, ni con la calidad y oportunidad del cuidado de la salud, la lógica del sector público siempre ha sido primero repartir los recursos disponibles entre los gremios y grupos de presión, y luego destinar el remanente a prestar los servicios, “hasta que se agoten las existencias”.
En cambio, la lógica del Seguro Familiar de Salud es exactamente a la inversa. A partir de los recursos disponibles, se establece un Plan Básico de Salud (PBS) lo más amplio posible, asegurando siempre el necesario equilibrio entre los servicios y los recursos. Este compromiso sagrado con los afiliados condiciona las utilidades de las ARS, y las tarifas y honorarios de las PSS.
Y para asegurar este equilibrio, estable la administración del riesgo de salud. Sin este control y seguimiento reinarían los desperdicios y desaparecería el derecho universal a la salud. Y es este control lo que más molesta a muchos médicos, acostumbrados a subordinar el interés institucional y social, a sus intereses particulares, como en Salud Pública y el IDSS.
Las presiones son para tratar de conseguir que sus demandas sean concedidas sin evaluar su impacto y sostenibilidad, como en Salud Pública. Las movilizaciones, la desafiliación y la resistencia al diálogo son un intento de imponer a la seguridad Social la fórmula tradicional aplicada a Salud Pública, dejando la sobra de la torta a los afiliados indefensos.
¿Cuánta presión hubiesen resistido las autoridades de turno, sin la existencia de un Seguro Familiar de Salud que obliga a garantizar una determinada cobertura, calidad y oportunidad? ¿En cuánto tiempo hubiese ya cedido un SENASA maniatado por el clientelismo, la corrupción y las presiones gremiales?
¿Cuántos recursos quedarían para garantizar el acceso universal a la salud? Ojalá esté equivocado. Reiteramos la necesidad de elevar las tarifas y honorarios de los médicos, de ajustarlas con el aumento de la cápita y de reducir los copagos ilegales. Y defendemos el SFS porque constituye un gran avance y sus fallas pueden ser corregidas.