El pasado 19 de octubre de 2024 el presidente Luis Abinader anunció la sensata medida de que retiraba el proyecto de modernización fiscal, eufemísticamente llamado de ‘modernización fiscal’. El retiro del proyecto de reforma fiscal en atención al clamor ciudadano denota sensibilidad ante la necesidad de consenso social. Aunque el pacto fiscal es necesario, son condiciones precedentes esenciales (i) contar con legitimidad ciudadana; (ii) partir de la equidad tributaria como principio; (iii) exigir mayor esfuerzo a los políticos, no solo a los sectores económicos; y (iv) requerir un Estado más racional y eficiente. Ante las circunstancias, se trató de una alternativa, la mejor entre las posibles alternativas, de procurar estabilidad y diálogo. Ahora bien, el retiro del proyecto no elimina la realidad de que la presión tributaria (la relación los ingresos tributarios y nuestro producto interno bruto) ronda el 15%, mientras que el gasto público ronda el 19% y, por ende, tampoco elimina la necesidad de un pacto fiscal tendente a servir de columna para la República Dominicana que queremos construir.
Ante todo, hay que diferenciar entre reforma tributaria, reforma fiscal y la noción pacto fiscal de la ley 1-12. Una reforma tributaria versa sólo sobre la modificación de impuestos (aumento, disminución, creación o eliminación). Una reforma fiscal es más amplia: conlleva aumento o disminución de ingresos -en especial impuestos-, manejo de la deuda y revisión del gasto. El pacto fiscal de la ley 1-12 es una reforma fiscal, pero más abarcadora aún: supone, más que pactar impuestos, socializar y determinar una visión del país desde la perspectiva fiscal. Se trata de una reestructuración fiscal que, según la propia ley, (i) procure reducir la evasión y la informalidad, (ii) haga más progresivo y equitativo el sistema tributario, (iii) eleve la calidad del gasto público, (iv) consolide los regímenes de incentivo, (v) racionalice los esquemas tarifarios de servicios públicos, (vi) cumpla obligaciones fiscales derivadas de acuerdos comerciales, (vii) eleve el ahorro corriente, (xiii) contribuya a implementar políticas contracíclicas y (x) eleve la presión tributaria.
Para lograr ese pacto, el gobierno debe abocarse a producir un cónclave con los economistas y técnicos más reputados del país en materia de fiscalidad, economía política y reforma del Estado. Economistas imparciales y parciales, pero de visión clara: Germania Montás, Andy Dauhajre, Jaime Aristy, Magín Díaz, Ciriaco Ramírez, Ysidoro Santana, y -si se quieren unir- Guarocuya Félix, Daniel Toribio, Luis Reyes, etc. El gobierno debe contratarlos y pedirles que produzcan un borrador consensuado de plan de reforma fiscal integral, fundamentado en una filosofía y visión de país determinada. En esta fase el consenso es suficiente. Es suficiente con que haya acuerdo mayoritario entre ellos. No necesitaremos unanimidad en esta fase porque ese documento no será el documento final. Todo lo contrario: será el documento base. Con ese plan de reforma el gobierno debe salir a recorrer el país para ventilarlo en las 32 provincias del país. En todas las gobernaciones del país, pero también en colmados, asociaciones de comerciantes, asociaciones de ama de casa, juntas de vecino, casa de familia. Se trata de generar una gran jornada de socialización popular a nivel nacional. El instrumento partidario también será importante para ello. Una vez socializado, la discusión deberá trasladarse al Consejo Económico Social antes de la presentación formal del borrador de pacto fiscal que será eventualmente discutido en el Congreso Nacional.
Hay consenso respecto de la necesidad de la reforma fiscal. Luce, como dice mi amigo Manuel Tejada, que República Dominicana está dispuesta a seguir hacia adelante, pero quiere que la guíen. El pacto fiscal es importante para el futuro y para el presente, por lo que sugeriría pensar en un pacto (1) con disposiciones de aplicación inmediata (2025) esencialmente orientadas a atacar la evasión (como el impuesto corporativo de plantea el Licdo. Andy Dauhjre) y (2) otras de aplicación diferida para que entren en vigencia a partir de enero de 2029. Ese doble esquema permitirá (a) que el próximo presidente (2028) no invierta capital político gracias al presidente Abinader, (b) el presidente Abinader no asuma todo el golpe y (c) que las calificadoras de riesgo atestiguen el esfuerzo de reestructuración fiscal. Es un esfuerzo de todos. Y hablando de todos, al gobierno le toca plantear un gran esfuerzo de reforma del Estado. No uno cosmético: un esfuerzo real. Se trata del diseño de la República Dominicana que Luis Abinader quiere legar y eso conlleva un gran esfuerzo de parte de todos, sobre todo de los políticos. Y hablando de todos, no es solo al gobierno que hay que racionalizar, también a los partidos políticos, muchos de los cuales solo sirven para caravanear cada cuatro años y buscar empleos meses después.