La necesidad de contar con información sobre la población clasificada por etnia y/o raza y la implementación de medidas para obtenerlas era consustancial al control militar, administrativo y demográfico que requería el régimen esclavista instaurado en el Nuevo Mundo por los invasores conquistadores desde fines del siglo XV. A tales fines, las autoridades coloniales recogieron datos con mayor o menor frecuencia por razones prácticas: fiscales, militares, administrativas o judiciales.
Las fuentes de información demográfica típicas en los primeros tres siglos de la colonización son las matrículas de tributarios, que incluía el tributo indígena, y los libros parroquiales, a cargo de la Iglesia Católica, función que le fuese encomendada por la administración pública colonial. Estos años abarcan el periodo que el historiador español Sánchez Alborno denomina preestadístico (1555-1774), que va desde el primer repartimiento de indios hecho en La Hispaniola dos decenios después del desembarco de Colón, hasta antes del primer censo general de población. Es la época de los llamados censos primitivos.
En los siguientes 105 años (el periodo protoestadistico:1775 y 1880) la administración pública asumió de modo creciente el relevamiento de la información demográfica y se va perfilando el propósito deliberado de llevar cuenta de los habitantes con una expresa finalidad poblacional. España y Portugal decidieron a la vez entonces, aunque independientemente, censar la población de sus posesiones ultramarinas, llevándose a cabo el primer censo general en 1775 en la Capitanía general de Cuba. El censo se ejecutó prácticamente en toda la América española en el par de años siguientes.
Empero, es a partir de 1880 que la recolección de información corre a cargo exclusivo del Estado. Es el inicio del período propiamente estadístico, de acuerdo a la periodización del mencionado autor, que se escinde a su vez, por razones administrativas obvias, en una fase colonial y otra de independencia. Este periodo constituye la llamada era moderna de los censos nacionales de población, iniciada en Estados Unidos con la realizaron del primer censo en 1790, seguidos por los de Inglaterra y Francia en 1801. Los datos del censo de EEUU incluían el nombre del jefe de familia y categorizaban a los habitantes como: hombres blancos libres de al menos 16 años de edad (para evaluar el potencial industrial y militar del país), hombres blancos libres menores de 16 años, mujeres blancas libres, todas otras personas libres (reportadas por sexo y color) y esclavos.
Como bien señala Sánchez Alborno en su célebre libro La historia de la población de América Latina, en los esfuerzos sucesivos por estimar los habitantes del Nuevo Mundo, la composición étnica y racial y la mezcla que la convivencia había creado, ha sido uno de los principales temas de la demografía histórica de América Latina.
En Latinoamérica, fueron Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela los primeros países en levantar censos en los años sesenta y setenta del siglo XIX. Antes de 1860, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile y Perú levantaron ya sus primeros censos. Hacia 1880, las oficinas de censos y los registros comenzaron a funcionar con relativa regularidad en la mayoría de las naciones. De los 17 estados independientes que había, 11 habían realizado algún censo nacional, y uno, Chile, los levantaba ya periódicamente cada diez años. Entre 1875 y 1899 se levantaron 25 censos en 12 naciones; ocho de ellas en cambio no lo hicieron.
Las primeras libretas o boletas censales incluían solamente las características personales de sexo, edad, estado civil y, tal vez, nacionalidad, lugar de nacimiento, la nacionalidad y la ocupación de la persona. A veces se distinguía también la raza, “aunque la administración solió ser reacia a recabar este dato por temor de que fuera discriminatorio”.
Si bien el tema étnico-racial estuvo presente desde los primeros censos nacionales del tercer cuarto del siglo XIX en Brasil, Cuba, Perú, Nicaragua y Chile y en los realizados posteriormente antes de mediados del siglo XX en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, en la segunda mitad del siglo XX sólo Brasil, Cuba, República Dominicana (hasta el censo de 1960) continuaron incluyendo la temática en sus censos nacionales.
Las razones de esta disrupción son variadas y de diferente naturaleza, aunque todas se enmarcan en la construcción de sociedades que históricamente han negado la diversidad étnico-racial como elemento constitutivo y, por lo tanto, han invisibilizado estadísticamente su existencia. Durante la modernidad latinoamericana, tanto afrodescendientes como indígenas vieron frustrados sus proyectos de liberación, igualdad y ciudadanía plena. Las propuestas identitarias en torno al mestizaje o la llamada “democracia racial” (sic) no solo sirvieron de plataforma para la identidad nacional, también ocultaron las disparidades raciales y profundizaron el racismo y la discriminación. En particular, la invisibilidad estadística es otra expresión de dicha discriminación.
Varios autores coinciden en que el panorama de desigualdades, desventajas y restricciones que aún afrontan los afrodescendientes tiene orígenes estructurales cimentados desde la colonia. Tanto en el período colonial como en los comienzos de la república, en las sociedades latinoamericanas se creó un sistema de jerarquías sociales basado en pirámides raciales, en el que el blanco y el mestizo se ubicaban en la escala superior y gozaban de privilegios ciudadanos, mientras que en la inferior se situaban los indígenas y los esclavos africanos y sus descendientes. Este sistema de diferenciación racial y social se mantuvo por siglos, incluso en los tiempos del liberalismo más radical.
Pese a ello, los pueblos indígenas y afrodescendientes no solo han resistido, sino que, producto de sus largas luchas, a través de sus organizaciones y acciones han logrado posicionar sus demandas históricas de reconocimiento y reivindicación en agendas internacionales, regionales y nacionales. Además de compartir orígenes, cultura e identidad, los afrodescendientes afrontan problemáticas sociales cuyas características centrales han sido la esclavización, la colonización, la discriminación y la exclusión.
Al tenor de los cambios sociopolíticos originados en las últimas décadas del siglo XX, caracterizados por procesos de ampliación ciudadana y de profundización democrática, los pueblos afrodescendientes e indígenas han aprovechado este escenario propicio para, como activos actores políticos y sociales, posicionar sus demandas históricas en las agendas internacionales, regionales y nacionales, lo que ha generado el reconocimiento de sus derechos y la creciente demanda de información sobre estos.
En particular, las exigencias de información cobraron fuerza precisamente a partir del proceso iniciado en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia celebrada por las Naciones Unidas en Durban (Sudáfrica) durante 2001, en cuya declaración final admitió que “Reconocemos que los afrodescendientes han sido durante siglos víctimas del racismo, la discriminación racial, y la esclavización, y de la denegación histórica de muchos de sus derechos”, y recomendó explícitamente a los países de América Latina redoblar esfuerzos para contar con datos oficiales sobre los afrodescendientes, a fin de evaluar y formular políticas de reparación a esta población, por la deuda resultante del proceso esclavista.
Políticamente, el concepto de “afrodescendiente” fue acuñado con fuerza en el año 2000, cuando las organizaciones sociales se movilizaron en torno a la preparación de la Conferencia de Durban. Esta afirmación de fondo simboliza una ruptura epistemológica de gran significación estratégica. Se alude a una evolución conceptual de la identidad cultural y política de los descendientes de la diáspora africana. Se abandona el tradicional concepto de “negro”, el que implica el contexto amplio de significación racial, para abordar una noción de “afrodescendiente” dentro de un modelo más complejo, que traspasa la “raza” para reconocerse a sí misma como una comunidad étnica que politiza su identidad en tanto se considera un pueblo. Para Antón, en la región, el concepto de afrodescendiente adquiere una connotación particular, puesto que se refiere a las distintas poblaciones “negras” o “afroamericanas” que emergieron de los descendientes de africanos, quienes sobrevivieron a la trata o al comercio esclavista que se dio en el Atlántico desde el siglo XVI hasta el XIX (Antón, 2008).
En la penúltima reunión del Período de Sesiones de la CEPAL (Montevideo, 2006), los países miembros del Comité Especial sobre Población y Desarrollo solicitaron al Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) incluir la problemática de las poblaciones afrodescendientes como una de sus actividades prioritarias, en aspectos relacionados con la producción y el análisis de información sociodemográfica.
Por otro lado, el Programa de Acción acordado por los Jefes de Estado y de Gobierno en su XVII Cumbre Iberoamericana (Santiago de Chile, 2007), dedicada a la cohesión social, encomendó a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) “la realización de un compendio de la información sobre la situación de la población afrodescendiente de Iberoamérica, con el fin de apoyar la transversalización del tema en la Conferencia Iberoamericana y en sus iniciativas y programas de cooperación” (Programa de Acción, punto 22).
Otras instancias internacionales a partir de las cuales la comunidad internacional ha reconocido la situación de desventaja de la población afrodescendiente en relación a otros grupos sociales aún al día de hoy son: i) el Programa de Acción de la Conferencia de Examen de Durban, la cual se llevó a cabo en 2009; ii) la designación del año 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes; iii) el establecimiento por parte de las Naciones Unidas del período 2015-2024 como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes.
Ahora bien, el mayor consenso político y técnico logrado al respecto en América Latina es el Consenso de Montevideo aprobado en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe celebrada en Montevideo, del 12 a 15 de agosto de 2013, en la que se aprobaron 7 de 130 las Medidas Prioritarias (MP), en las que se incluye un capítulo dirigido a pueblos indígenas y otro a las poblaciones afrodescendientes. Una de esas siete MP es la de “Generar conocimiento e información confiable y oportuna con perspectiva de género y desagregado por sexo, edad y condición socioeconómica, entre otras variables, sobre las poblaciones afrodescendientes, a través de procesos participativos, atendiendo los requerimientos y las recomendaciones internacionales relativas al asunto”.
A partir de la década de 1990, pero con mayor énfasis a principios del siglo XXI, la política pública de los Estados nacionales declarados como multiétnicos o pluriculturales comenzó a incorporar en sus instrumentos estadísticos la variable de autoidentificación étnica para pueblos y comunidades afrodescendientes. La cuestión problemática era si la pregunta de identificación étnica debía apuntar a la condición racial (fenotipo) o a otros marcadores de la condición étnica (símbolos y criterios culturales y políticos) de los afrodescendientes.
Así, los censos de población y vivienda del presente siglo marcaron un punto de inflexión en la región respecto a la inclusión los afrodescendientes. Es en las rondas de censos realizados en las dos últimas décadas (2000s y 2010s) que se generaliza la inclusión de preguntas sobre la afrodescendencia. En la ronda del 2000 se agregaron Costa Rica, Colombia, Uruguay, Ecuador, Guatemala y México, y en la última ronda de la década pasada sólo RD y Haití mantuvieron lo étnico-racial fuera de sus censos.
Los censos de las décadas de 2000 y 2010, aún con las limitaciones que puedan presentar en la identificación afrodescendiente, han permitido obtener una gama amplia de indicadores sobre sus condiciones de vida y constatar las desigualdades étnicas en intersección con las territoriales, de género y generacionales.