En nuestro país se celebraron las elecciones municipales en febrero pasado y el 19 de mayo las congresuales y presidenciales. En ambos procesos hubo una gran abstención, la cual, según la propia Junta Central Electoral (JCE) alcanzó a más de un 50%, lo que constituye un record en materia electoral, es decir que más de cuatro millones de dominicanos no acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto. Las causas que motivaron a dicha abstención, que no han sido explicadas al país, se deben a que la mayoría de los dominicanos ya dejó de creer en la mayoría de los partidos y organizaciones políticas que conforman todo el sistema político dominicano, pues se sienten asqueados, decepcionados, burlados y estafados por tantas promesas incumplidas, por el transfuguismo político imperante, por el enriquecimiento ilícito de funcionarios, así como por la impunidad y permisividad ante los tantos actos de corrupción cometida en los diferentes gobiernos.
Los electores observan como el partido de gobierno y sus aliados utilizan los recursos del Estado para aplastar, para comprar voluntades y atraer a miembros y simpatizantes de otros partidos; cómo se reparten los recursos provenientes de las instituciones y de los impuestos que pagan los más vulnerables para la compra de votos y de funcionarios electos, los cuales ahora habrá que buscarlos a través de una reforma fiscal infernal, con más impuestos, es decir, que esos platos rotos los tendremos que pagar con lágrimas, sudor y sangre.
En dichas elecciones participaron unos 35 partidos, organizaciones y movimientos políticos, de los cuales 26 no obtuvieron el 1% de los votos, pero la JCE les entregó más de 5,500 millones de pesos del presupuesto nacional, de los impuestos que directa e indirectamente pagamos todos los dominicanos, algo insólito para un país de apenas 10 millones de habitantes y de una extensión territorial de 48,000 kilómetros cuadrados, suma que hubiese sido mucho mayor en caso de haber ocurrido una segunda vuelta,
Es inconcebible que un país con tanta pobreza, con tantos problemas económicos, con una deuda pública consolidada que absorbe casi el 60 % del PIB, con una gran deuda social acumulada y con un déficit fiscal tan alto, dedique tantos recursos a financiar a tantas agrupaciones políticas, que en la mayoría de los casos no le rinden ninguna labor ni servicio al país. La mayoría son los denominados partidos “sanguijuelas o parásitos”, que se nutren de los partidos mayoritarios, pues cada cuatro años se mueven de un lado para otro y se ofrecen a la venta o renta al mejor postor, como si fueran verdaderas franquicias comerciales.
El partido que gane la presidencia de la república tiene que entregarles algunos ministerios, direcciones de instituciones y embajadas para que se las repartan entre su membresía y familiares, como si fuera una empresa de su propiedad; estos solo procuran obtener beneficios, prebendas personales, canonjías y servirse del Estado.
De ahí que en una próxima reforma fiscal debe también considerarse una reforma a la Ley de Partidos y al Régimen Electoral, eliminando este tipo cáncer, pues estos sólo salen a la palestra pública en tiempos de elecciones, para participar de la distribución de los recursos que realiza la JCE, lo que convierte a nuestra insipiente democracia en una de las más costosas del hemisferio.