La historia de los países de América se puede explicar, en gran medida, a través de la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Una relación caracterizada por la divergencia de intereses. Así, cuando una parte buscaba prioritariamente seguridad, cuando las noveles repúblicas latinoamericanas pretendían asegurar su reciente independencia; la otra, se movilizaba por cuestiones económicas. Esta divergencia también se dio en 1948 al constituirse la OEA. Como referente del bloque occidental y en sintonía a la formación de un mundo bipolar, Estados Unidos se interesaba en la construcción de un sistema de seguridad colectiva hemisférica que le permitiera preservar la región de la influencia del bloque oriental dirigido por la Unión Soviética. De allí la firma del TIAR y la inclusión como primer objetivo de la Carta: la Paz y la Seguridad. Por su parte, el interés de los países latinoamericanos radicaba en la posibilidad de ser beneficiados con una suerte de “Plan Marshall”, equivalente al implementado en Europa por Estados Unidos.
Esos objetivos iniciales fueron ampliados y actualmente los artículos 2 y 3 de la Carta disponen cuáles son sus propósitos y principios. De la lectura de ambas disposiciones surge que las cuestiones de Paz y Seguridad siguen en un lugar prioritario, pero junto a ellas aparecen otros objetivos como el Desarrollo Integral, la Democracia y los Derechos Humanos. Esta actualización se llevó a cabo a través de las cuatro Reformas que hasta hoy se han hecho a la Carta de la OEA. Dichas reformas fueron: El Protocolo de Buenos Aires de 1967, que entró en vigor en 1970. Es considerada la más importante de todas, ya que incorporó un nuevo Capítulo VII sobre “Normas Económicas” y un nuevo Capítulo VIII sobre “Normas Sociales”. Asimismo modificó la estructura institucional, incorporando como Órgano permanente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (creada en 1959 por la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores) y eliminando dos Consejos (el de Jurisconsultos y el Cultural). También se estableció el Consejo Permanente y se le otorgó a la Asamblea General el carácter de Órgano supremo de la Organización.
El Protocolo de Cartagena de Indias de 1985, entró en vigor en 1988. Se centró en la cuestión del fortalecimiento de la democracia representativa como sistema de gobierno de los países de la región, incluyéndolo entre los objetivos de la Organización. Habilita la intervención cuando dicho sistema de gobierno se ve interrumpido, sin que ello implique una intervención en "asuntos de la jurisdicción interna de los Estados Miembros”. Esta reforma constituye el fundamento de dos propósitos en la evolución del Sistema: la Resolución 1080 de 1991 y la Carta Democrática Interamericana aprobada en 2001. Además, introdujo la cuestión del Desarrollo Integral en el Texto Constitutivo de la OEA. Facultó al Secretario General a llamar la atención de la Asamblea General o de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente o el desarrollo de los Estados Miembros y, facultó al Consejo Permanente a dirigir directamente mediaciones y conciliaciones cuando haya controversias entre los Estados Miembros.
El Protocolo de Washington de 1992, que entró en vigor en 1997. Esta reforma reguló el procedimiento de suspensión de un Estado Miembro cuando su gobierno no surja de un proceso democrático o se haya constituido por la fuerza. También incluyó expresamente en el artículo 2° inciso “g” del Texto, el objetivo o propósito de “erradicar la pobreza extrema”. Y, por último, el Protocolo de Managua de 1993, que entró en vigor en 1996, creó el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) como nuevo mecanismo para fomentar y canalizar la cooperación relativa al desarrollo integral. Este nuevo Órgano reemplazó al “Consejo Económico y Social” y al “Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia, y la Cultura”.
Las Reformas a la Carta han producido una situación jurídica singular en la que, siendo esta un Tratado Multilateral, sus modificaciones solo afectan a quienes las ratifican. Como no todos los Miembros han ratificado todos los Protocolos, hay en la actualidad varias versiones vigentes de la Carta. Más aún, un Estado, Cuba, está regido por la versión original de la Carta, ya que no ha ratificado ninguna de las Reformas. Sin perjuicio de ello, se han adoptado mecanismos a fin de mitigar las dificultades en el funcionamiento de la Organización. La Asamblea General adoptó diversas resoluciones en 1970 que permitieron a los países que no habían ratificado el Protocolo de Buenos Aires participar en los nuevos Órganos creados bajo dicha Reforma. Algo similar ocurrió en 1996 para permitir la participación en el CIDI a los países que no habían ratificado el Protocolo de Managua.