Los derechos humanos son pilares fundamentales de la Constitución de la República Dominicana, no son de amplio conocimiento en nuestra sociedad ni una prioridad educativa.
Obviar los derechos humanos del conocimiento social en la República Dominicana no ha sido por olvido ni azar. Los gobiernos y los sectores de poder del país no favorecen que la población dominicana se empodere como sujeto de derechos y asuma el respeto de los derechos de otros independientemente de su edad (niñez/adolescencia), género, condición de discapacidad, orientación sexual, origen afrodescendiente, nacionalidad y migrante haitiana.
La República Dominicana cuenta con una cotidianidad permeada por violaciones de derechos y violencia que se agudiza con la inseguridad ciudadana, corrupción e impunidad. No existen respuestas contundentes que enfrenten al Estado Dominicano y sectores de poder respecto a las continuas violaciones de derecho que cada vez son más evidente y crueles por las instancias encargadas de la seguridad y migración.
A esto se suma la presencia de organizaciones fascistas que actúan como organismo paralelo al gobierno local y al Estado con permiso para agredir e irrumpir violentamente que se apropia de espacios públicos como el Parque Duarte agrediendo a personas de la comunidad LGTBIQ que tienen derechos del uso de este espacio público y a manifestantes en actividades culturales afrodescendientes en otros parques. El Ayuntamiento del Distrito Nacional no ha enfrentado a este grupo y sus acciones que violentan la naturaleza de los espacios públicos de la ciudad de Santo Domingo y específicamente de la Zona Colonial.
Recientemente un grupo de estudiantes (8-9 y 10 años) de un colegio privado de un sector exclusivo del D.N. observaron como la Dirección de Migración agarró a unos haitianos que caminaban, le quitaron los pantalones, los tiraron al suelo, golpearon y entraron de forma violenta a la camioneta de la Dirección Nacional de Migración.
Igualmente, en Boca Chica, los agentes de Migración entraron a las tres de la madrugada al local de Caminante (institución que trabaja con la niñez y adolescencia vulnerable en este municipio) rompieron puertas y ventanas y se llevaron de forma violenta a niños y niñas migrantes haitianos en situación de calle que aloja esta institución ofreciéndole apoyo psicoafectivo, condiciones dignas para pernoctar y capacitación.
Estas acciones relatadas son solo unas pocas de muchas otras registradas y denunciadas por organizaciones religiosas, organizaciones que trabajan con población migrante haitiana y de derechos humanos, Ong, así como por los sacerdotes de las parroquias de la zona fronteriza que documentan múltiples casos de violaciones de derechos, abusos y maltrato cometidos diariamente por la Dirección General de Migración que observamos en las calles de Santo Domingo y otras provincias.
Lamentablemente todas estas acciones se callan, se invisibilizan y se justifican con planteamientos absurdos sobre el derecho que tiene la República Dominicana con relación a tomar medidas de control migratorio. Estas no son medidas de control migratorio, las deportaciones masivas indiscriminadas hacia toda persona de piel negra (se han llevado a dominicanos, personas con documentos y migrantes de otros países) basadas en violencia, maltrato, destrucción de viviendas, desalojos forzados, son violaciones de derechos, más grave aún con relación a la población infantil y adolescente violándose los protocolos de migración existentes en el país. Se reconoce que el control migratorio es necesario, pero debe fundamentarse en procesos investigativos inteligentes que desmantelen la gran mafia y corrupción que existe en el tráfico ilícito y trata de personas migrantes hacia la República Dominicana con participación de redes transnacionales que incluye a nacionales dominicanos (no solo desde Haití) además del tráfico de armas, drogas , entre otros…
Es alarmante el silencio. Silencio de las instituciones académicas, movimientos sociales, sociedad civil y asociaciones de profesionales de las ciencias sociales que no enfrentan esta violencia y violaciones de derechos.
El silencio tiene grandes repercusiones sociales que todavía no se identifica con claridad. Una de estas repercusiones es el quiebre de la gobernabilidad. La armonía social y la paz se sostienen de la cohesión social la cual no se logra en una sociedad donde se naturalice y normalicen las violaciones de derechos y se pierda la sensibilidad por el dolor y el sufrimiento humano. La indiferencia y la fascinación por el uso de la violencia contra otros seres humanos (independientemente de su nacionalidad, color de la piel, orientación sexual, género) puede llegar a la normalización y promoción en la cotidianidad y con ello incrementar exponencialmente la inseguridad ciudadana.
Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY