El ritmo de los cambios ahora incluye un segundo bloque de reformas orientadas a reestructurar y racionalizar la administración pública dominicana.
Según se ha dicho, cuatro propósitos orientan esas transformaciones: optimizar recursos, reducir la dispersión y mejorar el trabajo, eliminar las duplicidades, y reducir la burocracia para lograr una estructura más ágil y efectiva.
Como es entendible, una época de tan fuertes, abundantes y acelerados cambios implica la necesaria adaptación de todas las personas y entidades. En el caso de los Estados, la modernización ha de implicar adaptación de las instituciones gubernamentales a los cambios sociales, económicos y tecnológicos.
¿Qué rol está jugando la ciudadanía en estos cambios? Los ciudadanos no debemos ser simples receptores de políticas, sino entes activos que debemos influir en el diseño y la implementación de las mismas. Está muy bien que avancemos en eficiencia administrativa, pero también necesitamos alimentar una relación de confianza entre el Estado y la sociedad.
El ritmo de los cambios adquiere real sentido con la integración de los mandantes. Al tema se han referido tanto estudiosos como prestantes entidades. En ello resulta fundamental la noción de “gobernanza centrada en las personas”, que enfatiza la participación activa de los individuos en el proceso de toma de decisiones, lo que incrementa la legitimidad y sostenibilidad de las políticas (PNUD, 2014).
Servicios como apostillado de documentos o renovación de licencia de conducir son muestras de notables avances cimentados en aprovechamiento de herramientas tecnológicas en República Dominicana. Pero en otras áreas encontramos trabas que nos ubican muy lejos del mundo actual.
Y a propósito del “mundo actual”, las transformaciones no han de orientarse “porque en otros lugares lo hacen así” y mucho menos por simplemente cambiar. La modernización tecnológica debe estar guiada por el objetivo de mejorar la vida de las personas. La implementación de plataformas de gobierno electrónico debe enfocarse en facilitar la interacción entre los ciudadanos y el Estado, permitiéndoles acceder a servicios esenciales de manera rápida, transparente y efectiva.
En ese ámbito es destacable la necesidad de reconocer las diferentes realidades tecnológicas de la población y asegurarse de que la brecha digital no excluya a grupos marginados, como las personas mayores, las comunidades rurales o los sectores más vulnerables. La transformación digital debe ser inclusiva, garantizando que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel socioeconómico, puedan beneficiarse de las mejoras tecnológicas en la administración pública.
El enfoque de poner a los ciudadanos en el centro de las políticas públicas implica reconocer que los individuos no son homogéneos, sino que tienen diferentes necesidades, capacidades y aspiraciones. Por lo tanto, la modernización del Estado debe centrarse en generar políticas diferenciadas que atiendan estas diversidades y promuevan la equidad (Banco Mundial, 2021). Esto no solo contribuye a la justicia social, sino que fortalece la cohesión social y la estabilidad política, pilares fundamentales para el desarrollo sostenible.
Y a propósito, la sostenibilidad económica no debe medirse sólo en términos de crecimiento macroeconómico, sino en función de cómo ese crecimiento impacta en la calidad de vida de todas las personas. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, las políticas públicas deben centrarse en garantizar un entorno saludable para las futuras generaciones. Pero ese tema merece ser abordado en otro escrito.
Para que el ritmo de los cambios sea un “baile colectivo” resulta oportuno el enfoque de la OCDE, cuando define como “Estado abierto” al que se caracteriza por operar con transparencia, rendición de cuentas y colaboración. Los ciudadanos deben tener acceso a la información pública y contar con plataformas que les permitan expresar sus opiniones, proponer iniciativas y monitorear la implementación de políticas. Esto no solo fortalece la legitimidad de las decisiones públicas, sino que también fomenta una cultura de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad (OCDE, 2020).
Es por esto que necesitamos situar a las personas en el centro de las políticas públicas. La modernización de un Estado, además de la eficiencia económica y administrativa, debe responder a las necesidades, derechos y aspiraciones de sus ciudadanos. Esto significa que las políticas públicas deben ser diseñadas no desde una perspectiva tecnocrática, sino considerando el impacto directo que tendrán en la vida de las personas. ¿Bailamos?