En varios países de América Latina crece el interés por la afiliación de los trabajadores autónomos o por cuenta propia. Por diferentes razones, la suerte de estos cuentapropistas es motivo de preocupación, convocando a especialistas de diversos países en la búsqueda común de estrategias y soluciones adecuadas.
Tal es el caso del Perú, donde casi el 75% de la población económicamente activa (PEA) se dedica a actividades informales, una realidad lo suficientemente preocupante como para llamar la atención de las autoridades nacionales, e incluso de las organizaciones internacionales especializadas.
Durante la semana pasada en Perú participé en una intensa jornada organizada por We Social Movements (WSM), de Bélgica con la participación de su embajador. Un taller de un día con más de 15 organizaciones laborales y populares; sendas visitas a la dirección del Seguro de Salud del Perú, al Ministerio del Trabajo, y a la Dirección Regional de la OIT con sede en Lima Perú.
La mejor noticia es que en el centro de todas esas actividades estaba AMUSSOL (Asociación Mutual de Servicios Solidarios) en reconocimiento a la originalidad de su creación y a los resultados obtenidos: 30,416 titulares + 71,378 dependientes; con pagos acumulados a la TSS por 2,933.5 millones de pesos.
En el centro de esos tres días de intensa labor estuvo Francisca Altagracia Jiménez, la directora de AMUSSOL, con su liderazgo contagioso. Mi participación consistió en explicar las características del SDSS, el tratamiento especial que le asigna a los trabajadores autónomos, y la forma en que AMUSSOL se inserta en el sistema. Todo bajo la organización de Alexandra Arguedas Jiménez y la coordinación de Abraham Calderón.
Llena de satisfacción y orgullo la admiración de organismos internacionales y de sindicatos lejanos por la originalidad y los logros alcanzados por AMUSSOL a favor de los cuentapropistas. Una admiración y orgullo casi inexistente en nuestro propio país. Es importante resaltar que la OIT mundial presenta a AMUSSOL como un modelo de buena práctica a favor de los trabajadores informales.
Y es que el propio impulso del desarrollo económico y social y la gobernanza están en juego. Por ejemplo, en Perú el 80% de los periodistas del país se desempeñan como informales mediante la tercerización de sus contratos. Zuliana Lainez, es la primera mujer en 94 años de fundada que dirige el ANP, y está decidida a utilizar su entusiasmo y fuerte liderazgo para lograr la afiliación de los periodistas.
En Panamá los autónomos tampoco están afiliados al Seguro Social
Panamá es otro país que cada vez vuelca su atención sobre los trabajadores que se ganan la vida realizando actividades consideradas informales, porque supuestamente no pagan impuestos y, sobre todo, porque no están afiliados a la seguridad social.
Allí dictamos una cena conferencia, con la participación de 5 recién electos diputados (en Panamá solo son 71), de varios ex consultores de la OPS/OMS, de actuales funcionarios de la Caja Panameña del Seguro Social (CPSS), de médicos y profesionales, y de influyentes asesores técnicos de las dos principales bancadas del Congreso de la República.
En Panamá la informalidad ronda el 49% de la PEA, cerca del promedio de América Latina. Tampoco están afiliados porque tendrían que aportar el 100% de la cotización. El problema central de la CPSS es un fuerte déficit del sistema público de reparto, el mayoritario. Una parte de los afiliados tiene capitalización individual, con una posición financiera muy holgada, con sólo 20 años de operación.
Las nuevas autoridades panameñas plantean “reformas paramétricas” para enfrentar el déficit, pero muchos no están seguros de que sean suficientes y que los trabajadores las acepten. Otros contemplan la afiliación de los trabajadores autónomos para obtener nuevas aportaciones. La mayoría de los presentes apuntaron hacia una reforma integral de la Caja Panameña, pero se enfrentan a la oposición de los sindicatos.
La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) reitera la necesidad de una mayor atención de los cuentapropistas porque constituyen el 57% de los trabajadores dominicanos y porque tienen características laborales y sociales específicas que deben ser tomadas en cuenta para facilitar su afiliación al SDSS.