La perspectiva de una reforma tributaria se ha convertido en un tema de inevitable consideración. No aportaré en este artículo soluciones técnicas porque carezco de las competencias para eso, pero puedo contribuir con un enmarcado filosófico para un relato del proceso que asegure legitimidad.
La necesidad de reducir el déficit fiscal, limitar la dependencia de la deuda pública y, simultáneamente, asegurar fondos suficientes para la agenda de servicios esenciales y desarrollo de infraestructura, coloca al gobierno en una encrucijada de responsabilidad y prudencia.
La postergación de esta reforma, tanto por la administración actual como por la precedente, sugiere una reticencia comprensible a asumir el costo político que tales cambios implican. Sin embargo, la urgencia de abordar estas cuestiones no puede ser aplazada indefinidamente.
La dinámica política sugiere que, por cuestiones de tiempo y táctica, la reforma tributaria podría ser impulsada rápidamente a través del Congreso, aprovechando la mayoría gubernamental. Este enfoque, aunque eficaz en el corto plazo, corre el riesgo de sacrificar la legitimidad y el consenso necesarios para una implementación exitosa y sostenible de la iniciativa reformadora.
La esencia de una reforma tributaria reside no solo en su capacidad para generar los ingresos requeridos por el Estado, sino también en su justicia, equidad, y en cómo fomenta el desarrollo sostenible e inclusivo.
El relato que el gobierno adopte en este proceso es fundamental. Debe ser uno que reconozca y valide las preocupaciones de todos los sectores de la sociedad, especialmente aquellos que serán más afectados por los cambios propuestos. Para lograr una reforma tributaria no solo efectiva sino también legítima, el gobierno necesita construir un discurso que tienda a:
1.- Promover la participación y el diálogo: Aunque las restricciones de tiempo puedan limitar la discusión amplia en foros como el Consejo Económico y Social (CES), es crucial buscar mecanismos alternativos para la participación ciudadana y de los sectores productivos. Este enfoque garantiza que la reforma sea el resultado de un consenso más amplio, reflejando una variedad de intereses y puntos de vista.
2.- Enfatizar la justicia y la equidad: La reforma debe ser presentada no como un mero ajuste fiscal, sino como una oportunidad para hacer que el sistema tributario sea más justo y equitativo. Esto implica no solo aumentar la base tributaria y reducir la evasión fiscal, sino también asegurar que los impuestos sean progresivos y que los subsidios y gastos del gobierno beneficien principalmente a quienes más lo necesitan.
3.- Fijar un compromiso con el desarrollo sostenible e inclusivo: El relato gubernamental debe vincular la reforma tributaria con el compromiso de promover un desarrollo que beneficie a toda la sociedad, incluyendo la inversión en infraestructura crítica, educación, salud, y otros servicios esenciales. La reforma debe ser presentada como un pilar para la construcción de un futuro más próspero y sostenible para todos los dominicanos.
4.- Impulsar la transparencia y rendición de cuentas: Es esencial que el gobierno se comprometa a utilizar los ingresos generados por la reforma tributaria de manera transparente y eficiente. El relato debe incluir compromisos claros sobre cómo se monitorearán y se reportarán estos fondos, asegurando que contribuyan a los objetivos de desarrollo a largo plazo del país.
5.- Insertar narrativas de esperanza y resiliencia: El relato gubernamental debe inspirar confianza y optimismo, resaltar la resiliencia de la sociedad dominicana frente a desafíos pasados y presentar la reforma tributaria como una oportunidad para superar juntos los retos actuales, fortaleciendo el tejido social y económico del país.
La imposición de una reforma tributaria sin un proceso de discusión amplio y participativo para su rápida aprobación por el Congreso podría ser percibida negativamente por la sociedad, como un acto de autoritarismo y falta de transparencia. Este enfoque unilateral probablemente erosionaría la confianza y la credibilidad del gobierno, generando descontento entre los ciudadanos y sectores afectados.
La percepción de que se priorizan intereses fiscales sobre el bienestar y la equidad social podría profundizar la brecha entre la administración y la población, impactando adversamente en la imagen del gobierno al ser visto como desconectado de las necesidades y preocupaciones de sus ciudadanos, comprometiendo su legitimidad y el apoyo popular a largo plazo.