El tiempo que duran los casos en los tribunales de la República Dominicana es demasiado. Los reenvíos constituyen el día a día de la justicia. Se reenvían los casos hasta por falta de combustible para trasladar a los imputados.
Los casos de corrupción administrativa presentados por el Ministerio Público en los años 2020-2021 avanzan muy lentamente y la ciudadanía se pregunta los motivos. Algunos de los casos de corrupción administrativa llevan ya cuatro años sin que se haya logrado una sentencia en primera instancia. Es entendible que los expedientes de corrupción administrativa son bien complejos e involucran muchos intereses. Ahora bien, la eficiencia del sistema de justicia dominicano se pone en tela de juicio cuando se dilatan tanto los casos bajo el argumento de la mora judicial.
Participación Ciudadana (PC) presentó recientemente, el “Tercer Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa”, cuyo objetivo es darle seguimiento a los casos de corrupción administrativa hasta que se produzcan sentencias definitivas.
PC considera que: “Los expedientes de corrupción administrativa no deben subsumirse en estadísticas generales de mora judicial, por el contrario, debe dársele seguimiento especial, ya que se trata de los casos más complejos, con más acusados, con redes complejas de involucrados con poder para lograr y encubrir sus propósitos y porque presentan montos jamás vistos en la historia de la justicia dominicana…”.
La preocupación de Participación Ciudadana es la misma que tiene la ciudadanía dominicana que aspira una justicia ágil y transparente. Y es que la extinción de la acción pública, por el tiempo de duración de estos procesos, pudiera ser el destino final de estos casos.
Los casos de corrupción administrativa analizados en el citado informe son: Anti Pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa, Calamar y Camaleón. El caso Anti Pulpo inició con medida de coerción en diciembre de 2020 y el caso Coral y Coral 5G en diciembre de 2021. Ninguno de estos dos casos tiene sentencia definitiva a la fecha y se encuentran en juicio de fondo. El caso Medusa obtuvo medida de coerción el 14 de julio de 2021, por lo que ya tiene 3 años y medio. Y finalmente, los casos más recientes son Calamar y Camaleón con medidas de coerción en abril de 2023 y octubre de 2024.
Riesgo de extinción de la acción pública de los casos de corrupción
El sistema de justicia dominicano tiene el gran reto de mejorar los niveles de confianza. Según el Latinobarómetro 2024, apenas el (28%) de los latinoamericanos confía en el Poder Judicial, a esto le siguen los sindicatos (25%), el Congreso (24%) y los Partidos Políticos (17%). Las instituciones que generan más confianza para los países latinoamericanos son: la Iglesia (61%), la radio (44%) y las Fuerzas Armadas (43%).
El plazo razonable para el conocimiento de un caso es un tema de debate jurídico. Una sentencia de fondo debe corresponder al plazo legal, condenando o absolviendo conforme a las pruebas presentadas. El riesgo es que se incumpla con el plazo legal y se extinga la acción pública de los casos de corrupción administrativa El Código Procesal Penal dominicano establece en el artículo 45 la prescripción de la acción penal a los 10 años. ¿Qué dirá la sociedad dominicana si quedan sin una sentencia definitiva estos casos? ¿Quiénes serán los responsables de esta lentitud, los jueces, fiscales o abogados?