El Tribunal Constitucional quedó instalado oficialmente a partir de la audiencia solemne celebrada en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el 26 de enero de 2012, coincidiendo con el Día de Juan Pablo Duarte, primer constitucionalista de la República Dominicana.
La nación dominicana se congregó en la UASD, compuesta por el cuerpo ministerial, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los embajadores acreditados, la dirección política de todos los partidos, con el acompañamiento de la academia. Este magno evento marcó el inicio de los trabajos del Tribunal Constitucional.
El tribunal pronto será renovado con la integración de nuevos jueces y juezas. En análisis de estas instituciones a nivel mundial, podemos decir qué al llegar a su primera etapa los tribunales constitucionales pueden avanzar o retroceder, esto dependerá sin duda alguna de la integración de la nueva matrícula.
El tribunal se ha consolidado como una institución de referencia, respetada, no solo a nivel nacional, sino que con la divulgación de las jornadas congresuales, de los ensayos, de los concursos ha logrado también colocarse en un importante sitial internacional.
El Tribunal Constitucional fue provista de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales núm. 137-11, promulgada en fecha 13 de junio de 2011, y modificada por la Ley núm. 145-11. De acuerdo a lo establecido en el artículo primero de esta ley sobre la naturaleza y autonomía del TC, “El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo de los poderes públicos y los demás órganos del Estado”. En esta instancia judicial se trabaja la Justicia Constitucional, definida por el artículo 5 de la mencionada ley como “ (…) la potestad del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial de pronunciarse en materia constitucional en los asuntos de su competencia. Se realiza mediante procesos y procedimientos jurisdiccionales que tienen como objetivo sancionar las infracciones constitucionales para garantizar la supremacía, integridad, eficacia y defensa del orden constitucional, su adecuada interpretación y la protección efectiva de los derechos fundamentales”. Nadie duda su efectiva aplicación de las sentencias emitiendo miles en tiempo oportuno, garantizando una tutela efectiva de los derechos fundamentales.
La elección de jueces en el tribunal constitucional representa la culminación de la primera etapa del tribunal, la integración de su matrícula renovará el perfil y la acreditación del mismo, aquí se puede abrir una pregunta fundamental – ¿cuál es el Tribunal Constitucional que actualmente necesita la República Dominicana?.
La respuesta a mi libre entender seria la siguiente: Un tribunal que garantice la profundización y el respeto a la Constitución dominicana, que propenda a una mayor difusión de los valores y principios democráticos, que sea incluyente a través de la equidad de género, que sea capaz de superar el déficit institucional, guardián de los principios y valores democráticos, así como lograr una verdadera aplicación de las sentencias, muchas de ellas desconocidas por las propias instituciones del Estado.
El perfil ideal de la nueva elección debería ser una gran composición en términos de jurisconsultos, que hayan aportado desde la teoría del derecho constitucional y su interpretación, también desde otro ámbito como un ejercicio pleno frente al propio tribunal, con garantía de éxitos y resultados tangible, que permiten una focalización y evaluación a través de sus textos y resultados positivos.
No se deben elegir personas que vayan a aprender Derecho Constitucional en el Tribunal Constitucional, esto es un seria riesgo para la democracia dominicana. Esta vez no se trata de acreditar potenciales constitucionalistas, sino profesionales del derecho, catedráticos, eruditos del constitucionalismos probados, que tengan la suficiente capacidad de aportar al desarrollo de una teoría Constitucional Dominicana, así como a un fortalecimiento de las instituciones de la vida democrática.
Es necesario dimensionar lo ético, insertar de manera cuasi imprescindible personas honestos, transparentes, que puedan garantizar que el legado dejado por la primera generación de jueces constitucionales, que sea fortalecido, profundizado y que no se produzca lo que ha sucedido en otros países donde el relevo constitucional ha generado una regresión constitucional.
Los magistrados integrantes del futuro tribunal deberían de ser del mayor nivel de independencia, inclusive del propio sistema de justicia, debido al carácter formativo de estos, que de alguna manera propenden a una toma de decisión de carácter vertical. El Tribunal Constitucional debe tener una composición que propenda a la interpretación de la Constitución, a la integración de las corrientes comparadas del constitucionalismo posmoderno heredero de una base doctrinal del pensamiento más avanzado de la época.