El argumento esgrimido por el ministro de Interior y Policía para prohibir la marcha que organizaciones sociales y religiosas de la diáspora haitiana habían convocado para este domingo (09-07-23) no podía ser más retorcido: una antojadiza interpretación de la Ley general de inmigración (285-04), que prohíbe a los inmigrantes realizar actividades que afecten la paz social, la seguridad ciudadana o el orden público, así como participar en actividades políticas.
Lo primero, es que realizar actividades que afecten la paz social, la seguridad ciudadana o el orden público está prohibido para todos los habitantes del país (nacionales o no), así como para toda persona que se encuentre temporalmente en él. La única diferencia es, que tanto los inmigrantes (legales o no) como los visitantes, pueden ser expulsados del país, los dominicanos no.
La marcha, convocada simultáneamente en 68 países, fue anunciada como una actividad pacífica. Proceder a su prohibición antes de su realización, equivale a lo mismo que disponer: como está prohibido conducir en estado de embriaguez, procedemos a cancelar el permiso de conducir de toda persona susceptible de conducir borracho.
Lo correcto hubiera sido permitir la realización de la marcha y, si no cumplía con su promesa de manifestación ordenada y pacífica, proceder al apresamiento, sometimiento a la justica y eventual expulsión del país de los manifestantes.
Lo segundo, es que si nos acogemos a la letra y al espíritu de la referida ley (no soy jurista, pero creo tener algo de razonamiento lógico), lo que esta prohíbe a los inmigrantes es la participación en la política partisana, porque de prohibirle la participación política en sentido amplio no solo sería inconstitucional, sino también una monstruosidad. La política, en sentido lato, interviene en toda la vida de las personas. La única manera de no participar en política es no existir, al menos en sociedad.
¿Acaso es eso lo que pretende el ministro Jesús Vásquez, negar a los inmigrantes el derecho a la existencia?
En la sociedad, todo es política, las leyes a las que estamos obligados a someternos o a pagar a la sociedad, con cárcel, dinero, o ambas cosas a la vez, cuando las incumplimos; los impuestos, los salarios, la jornada de trabajo, los días feriados, las vacaciones, y hasta el menú del restaurante donde solemos ir a cenar, si queremos llegar a lo más banal. Si deseamos, por ejemplo, comer langosta fresca, es posible que ese deseo no pueda ser satisfecho, porque una ley prohíbe capturar ese crustáceo en determinadas épocas del año, para asegurar su reproducción. Y no tenemos más alternativa que someternos a esa disposición legal o revelarnos contra ella, yéndonos a algún chiringuito donde tal vez algún pescador sin escrúpulo le suministre a su dueño langostas capturadas fuera de sesión. En ambos casos estamos participando en política. En el primero, sometiéndonos a la ley; en el segundo, revelándonos contra ella (política delincuencial).
La marcha en demanda de que la comunidad internacional ayude a Haití, exigencia que va en el mismo sentido de lo que los gobiernos dominicanos vienen reclamando durante décadas, es ciertamente política, porque está dirigida a influenciar las decisiones de los decidores políticos, pero no una actividad política partisana. Es una actividad que se inscribe en lo que se llama grupos de presión, un componente esencial del sistema político en toda sociedad democrática, o que al menos aspira a serlo.
En todas partes, los inmigrantes (documentados o no), incluyendo los más de 2.5 millones de dominicanos que residimos en el exterior, participamos en este tipo de movimientos, dirigidos a hacer valer derechos económicos y sociales. Y a nadie se le ocurre pensar que es una actividad política vinculada a la lucha por el poder.
Con esta arbitraria decisión, el ministro Jesús Vásquez queda muy mal visto ante los ojos de quien tenga un mínimo de sentido democrático. Su truculencia contrasta con la moderación, cordura, del pastor John Henry Santana que, citando al apóstol Pablo, anunció al país que se sometía a la decisión de Interior y Policía y cambiaba la anunciada marcha por una actividad virtual (con ello no deja de hacer política, sino que cambia de método). ¿Contratará ahora el ministro Vásquez hackeadores para boicotear esa actividad virtual?
También la clase política dominicana, que ha recibido esta decisión con beneplácito o con el silencio cómplice, queda fea para la foto. ¿A dónde está su cacareada defensa de un Estado de derecho? Es evidente que se trata de una simple postura, no de la exigencia de que los poderes públicos ejerzan sus funciones según establece el conjunto de normas jurídicas vigentes.
Lo que se está haciendo en el país con la comunidad haitiana va justamente en el sentido opuesto al fortalecimiento de un Estado de derecho.
Negar los derechos más elementales a una población inmigrante, que asciende a 497,825 personas (nacidas en Haití), según la ENI-2017; tres o cuatro millones, según los nacionalistas (¡peor todavía!), implica levantar un obstáculo gigantesco delante toda aspiración de reducir la pobreza y fortalecer la cohesión social y la vida democrática.