La legislatura es el período establecido en la Constitución para que cada una de las cámaras celebre sesiones del Pleno y se aboque a conocer y decidir las iniciativas legislativas, así como otros asuntos sometidos a su consideración.
El 27 de febrero y el 16 de agosto de cada año, las cámaras se reúnen de forma ordinaria para instalar la Primera y la Segunda Legislatura Ordinaria del año, las cuales tienen una duración de ciento cincuenta días cada una. Sin embargo, el Poder Ejecutivo al término de cada una de estas legislaturas ordinarias, podrá convocar mediante decreto la apertura de legislaturas extraordinarias, para conocer asuntos pendientes.
Es así que este pasado lunes 16 de agosto inició la segunda legislatura del año, y tal como anunciaba la prensa, se cuenta con altas expectativas en importantes proyectos de ley que cursan desde hace tiempo en la cámara de diputados, como por ejemplo el nuevo código penal para la República Dominicana, y nuevos proyectos como el de una nueva Ley contra la Trata de Personas y una Ley de víctimas que instaure un instituto para su protección integral.
Innegablemente que como país necesitamos un nuevo código penal. El código penal dominicano fue introducido por los invasores haitianos encabezados por Jean Pierre Boyer, el 9 de febrero de 1822, en el idioma francés y aplicado por jueces haitianos hasta el 27 de febrero de 1844, cuando se proclamó la Independencia Nacional. Desde entonces ha sufrido varias modificaciones y derogaciones de normas, pero aún continúa siendo sumamente desactualizado de muchas de las conductas criminales que azotan al país y a la sociedad.
El proyecto de código penal que reposa en manos de nuestros legisladores está mucho más acorde a los tiempos que vivimos, a la realidad que enfrenta la sociedad ante los atropellos de sus derechos y las conductas violentas que contra las personas se suscitan. De esta forma, la ley puede ser correctamente aplicable ante la ola de violencia que nos arropa y la sociedad recibirá un resarcimiento justo por el daño que se cause.
Del mismo modo, el excelentísimo señor presidente de la República Dominicana Luis Abinader, en su discurso de apertura a la legislatura, aseguró que presentará a los legisladores una nueva ley contra la trata de personas, la cual, desde la coalición de la sociedad civil contra la trata de personas, hemos estado esperando, atentos y vigilantes durante los últimos 4 años.
En este momento, nosotros celebramos la disposición y motivación que ha tenido el presidente de acoger y continuar este proyecto de Ley que cursa ante las autoridades desde hace 4 años, el cual sólo busca la protección efectiva de los derechos de los más vulnerables, allí donde muchas veces no llega la justicia ni la ley, y donde puede reinar la impunidad.
Demandamos ahora llevar el discurso a la realidad, traer esa respuesta que por tanto tiempo la sociedad ha esperado, de contar con una estructura legal fuerte y robusta para combatir el delito de la trata de personas, castigarlo adecuadamente y reparar a la víctima de forma justa.
De eso se trata legislar, traer y adoptar leyes que protejan la seguridad ciudadana, que vele por los derechos de cada ciudadano, que busque potencializar el desarrollo y autonomía de su vida en una sociedad segura, tranquila, libre, donde reine la justicia y se termine la impunidad.
Merecemos un país de leyes que proteja las conquistas de derechos que ha alcanzado la humanidad. Si la voluntad de hacer está sobre la mesa, hagamos. Dejemos atrás la práctica de tardar años y años en debates de una ley, pues al final son nuestros niños, niñas, adolescentes y mujeres los que permanecen siendo explotados cada minuto, se le violan sus derechos, permanecen sin protección y así la aplicación de la justicia se hace lenta. Aprovechemos el tiempo y legislemos por el país que queremos.
Sonia Hernández es abogada litigante, procesalista penal, ex procuradora fiscal de la Provincia Santo Domingo. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como Directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia (IJM).
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