Cada año entre los meses de junio y julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos publica un informe que busca evaluar cómo va la lucha contra la trata de personas en el mundo. Además de recopilar y procesar datos relacionados con el delito, el informe presenta recomendaciones que cada país debe seguir para mejorar el trabajo que realiza su gobierno. Esto, por supuesto, incluye a República Dominicana.
Al observar estas recomendaciones a nuestro país en el informe de este año, nos damos cuenta de que son las mismas que se vienen repitiendo año tras año. No me canso de decir, mientras tanto, los más vulnerables en nuestro país permanecen en situaciones reales de sufrimiento y explotación, o en riesgo real de convertirse en víctimas.
Podemos mirar el informe como un simple documento, producto de un análisis de datos que servirá para componer un historial estadístico que no genera ningún cambio en el mundo real. Y no digo que debamos cumplir con las recomendaciones del gobierno de los Estados Unidos solo porque nos lo pidan, sino porque las recomendaciones allí presentadas corresponden a la realidad de lo que está pasando en el país, eternamente carente de medidas gubernamentales que busquen aliviar el sufrimiento de muchos.
La primera recomendación que contiene el documento es la necesidad de desarrollar un nuevo Plan Nacional contra la Trata de Personas, pero para ello debemos reunirnos con mayor frecuencia en el marco de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM). Hasta ahora, la frecuencia ha sido de una o dos reuniones por año, y creo que esto no es suficiente para abordar la amplia y compleja variedad de problemas que necesitamos resolver en el área de lucha contra el crimen. Tengo la información de que se está trabajando en un Plan de Acción Nacional, que esperamos esté acompañado de los recursos necesarios para su desarrollo, de lo contrario, correrá la misma suerte que los anteriores, es decir, la no ejecución por falta de estos mismos recursos.
Otro punto presentado en el informe es la necesidad de modificar la actual Ley 137-03 Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Este es otro punto que se ha mencionado durante muchos años, y se ha logrado muy poco al respecto. Después de más de tres años trabajando en el nuevo proyecto de ley, no pudimos lograr que fuera enviado al Congreso Nacional para su valoración y debate. El borrador está disponible desde hace unas semanas en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y la sociedad civil dominicana espera que este trabajo sea culminado con la prioridad que requiere.
En otra recomendación presentada por el informe podemos ver la necesidad de dotar de recursos humanos y económicos adecuados para la lucha contra la trata, y he sido insistente en este punto. No hay manera, repito, no hay manera de siquiera empezar a planificar, ya sea a nivel de CITIM o a nivel de las unidades operativas especializadas, si no contamos con recursos públicos para apoyar las actividades de tales instituciones. Sin la asignación de los recursos suficientes, cualquier reunión que se lleve a cabo será infructuosa, ya que la raíz de toda esta debilidad es precisamente la falta de personal y dinero para realizar el trabajo.
El último punto que citaré de las recomendaciones del informe, se refiere al Servicio de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (RELEVIC). Para aquellos que aún no lo saben, es la principal oficina del gobierno en brindar representación legal gratuita a las víctimas de delitos. El informe recomienda que se fortalezca dicho servicio, y la sociedad civil está completamente de acuerdo en que RELEVIC tiene todo el potencial de convertirse en una institución clave para la protección y defensa del derecho de las víctimas de trata de personas y cualquier otro delito. El hecho es que también no cuenta con los recursos necesarios para realizar su trabajo, y quien lo sufre, como siempre, es la parte de la sociedad que vive en la pobreza y vulnerabilidad social.
Pero no todas son malas noticias. El informe también presenta algunos puntos positivos, en los que el país pudo avanzar. Entre ellos: hubo un aumento del número de condenas de tratantes, una mejora en la detección de víctimas, la colaboración transnacional contra la trata de personas y el establecimiento de nuevos hogares para las víctimas. Esto demuestra que es posible avanzar. El Estado dominicano cuenta con excelentes líderes en las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, además de profesionales capacitados para realizar el trabajo. Lo que falta son los medios para hacerlo.
El 28 de julio del presente año, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) celebrará el día mundial contra la trata, en un evento al que la sociedad civil fue invitada y estará presente. Esperamos que este evento nos traiga noticias concretas sobre las recomendaciones presentadas en el informe de los Estados Unidos, y que renueve nuestra esperanza de un futuro mejor para el país.
Concluyo llamando la atención de todos, una vez más, sobre el problema de la trata de personas. No es un tema abstracto, algo por lo que no debamos preocuparnos, sino una dura realidad que afecta a personas que seguramente viven muy cerca de nosotros.
Quizás no te diste cuenta pero República Dominicana es un país donde, lamentablemente, la trata de personas es algo que sucede con mucha frecuencia, y las consecuencias de esto son negativas en varias dimensiones, ya sea la individual, en la que la mayoría de las víctimas están condenadas a traumas y dolorosos tratos, pero también colectivas, ya que corroe el tejido social y mantiene a toda una sociedad sujeta a convivir con situaciones degradantes y frecuentes.
Como cualquiera que ama este país, me gustaría que este mes fuera el que finalmente celebremos cambios reales en la lucha contra la trata, pero el informe estadounidense nos recuerda el camino que aún tenemos por delante. Pero para superarlo, tenemos que dar el primer paso. Aún lo estamos esperando.
José Monteiro es director de Misión Internacional de Justicia en República Dominicana y coordinador general de la Coalición de ONGs contra la Trata de Personas.