Para nadie es un secreto que la Salud Mental a nivel mundial fue afectada por los años de pandemia que tuvimos entre 2019-2021, así lo hace constar el último informe sobre Salud Mental de la OMS.

En el Informe se exhorta a todas las partes interesadas a que colaboren en la revalorización, reorganización y compromiso asumido de la misma en los entornos que influyen en la Salud Mental y en el fortalecimiento de los sistemas de atención en esta área.

Los profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinarios, ya sea a nivel privado o público a través del Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana, tenemos el desafío de diagnosticar y planificar los tratamientos de las diferentes enfermedades mentales; sin obviar que  las secuelas psicológicas dejadas por el COVID-19 a nivel mundial son extremadamente preocupantes.

Antes de la pandemia, casi mil millones de personas ya sufrían algún trastorno mental diagnosticable, el 82 % de las cuales vivían en países en vías de desarrollo o de economías de salarios bajos a medios. En la mayoría de los países Latinoamericanos las personas con trastornos mentales graves morían entre diez y veinte años antes que la población general. Como consecuencia de la pandemia resulta lógico esperar que, al afectarse la salud y bienestar mental de muchas más personas, tanto las que ya padecían estos problemas como las que no, se acentúen las muertes y salgan a relucir las deficiencias de los sistemas sanitarios y las desigualdades económicas que afectan mayormente a países como el nuestro.

Se calcula que la pandemia ha incrementado entre un 25 % y un 27 % la prevalencia de la depresión y la ansiedad a escala mundial y estamos conscientes que nuestro país no escapa a esta proyección estadística, ya que podemos constatar en nuestra consulta un incremento en la demanda de los servicios de salud mental.

El último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, a pesar de los datos disponibles sobre las repercusiones socioeconómicas de los trastornos psicológicos, y pese a las pruebas de lo rentable que resulta toda inversión en salud mental, solo se destina un promedio del 2 % a la salud mental del presupuesto en la mayoría de nuestros países de habla hispana. Entre otras consecuencias, esto implica que sea insuficiente el número de trabajadores dedicados a la salud mental, que puede no superar la cifra de 2 por cada 100 000 habitantes en algunos países de Latinoamérica.

Debemos entender que nos hallamos en un momento crucial para movilizarnos a la concientización a nivel privado y público en nuestro país, a que se destinen más recursos en la cobertura de los costos de los diferentes tratamientos de salud mental. Y, en consecuencia, que estos recursos tengan una repercusión positiva, tanto en el salario de los profesionales que ya están brindando un servicio, como en la contratación de nuevos psicólogos y psiquiatras o la extensión de estos servicios a las comunidades más necesitadas, ya sea creando nuevos centros de asistencia o ampliando los que ya están.  Continuaremos la próxima semana.