“Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado”- Miguel de Unamuno.
- Poniendo los avances en contexto
Desde las primeras semanas de inicio de la nueva gestión del Inabie (noviembre de 2021), luego de estudiar las implicaciones y alcances de la misión institucional del Inabie, la dirección ejecutiva fue madurando la idea de abordar los compromisos sociales y económicos implicados desde la perspectiva de un ecosistema de bienestar estudiantil (EBE).
Lo anterior significa centrar el esfuerzo en todos o casi todos los aspectos o componentes que, en mayor o menor medida, impactan la nutrición, la calidad del aprendizaje, la salud emocional, las vulnerabilidades de las familias de menos recursos, el tratamiento oportuno de las inconductas e inadaptación social, el aseguramiento de las buenas condiciones físicas de los escolares y la inclusión y participación de las comunidades en un proceso de descentralización efectivo de las responsabilidades y tareas, entre otros aspectos.
Entendemos que, con este abordaje, la determinación ejecutiva pretende, al final de cuentas, construir nuevos espacios de actuación o reforzar los existentes, tales como el recreativo, vocacional, nutricional y de salud; tecnológico, participativo e inclusivo desde el ángulo de actores primarios y comunidades, e instructivo, deportivo y de paliación o anulación de vulnerabilidades económicas de las familias por la vía de la asistencia en materia de salud, alimentación, equipamientos, servicios de transporte, becas y otras intervenciones que tengan el potencial de optimizar, directa o indirectamente, las economías familiares.
Sin duda, su éxito va a depender de la eficiencia, eficacia, organización, capacidad innovadora y competencias de los componentes que integran hoy la estructura regional del sistema educativo.
Además, el logro de tal visión demanda un compromiso político y la garantía de su continuidad; la más plena conciencia de las responsabilidades primarias y derivadas; la revolución organizativa, tecnológica y de capacidades de relacionamiento y de construcción de nuevos actores en el eslabón de los distritos educativos (para nosotros crucial) y, obviamente, el reforzamiento del Inabie en los ámbitos financiero, administrativo, tecnológico y de gestión de sus procesos misionales.
Sobra decir que la política y la hoja de ruta subsecuente debe ser congruente con el marco de las decisiones y medidas de política del Ministerio de Educación, órgano al que corresponde la tutela administrativa del Inabie, correctamente entendida (ver artículos sobre descentralización y tutela administrativa publicados en este mismo espacio). Recorrer ese camino, que con toda seguridad enfrentaría dificultades relativas a la “natural” resistencia de las mentes conformistas, inerciales o dudosamente comprometidas, no es asunto de corto plazo.
Bueno es recordar que las funciones sustantivas del Minerd giran o derivan directamente del aseguramiento de un aprendizaje de calidad, la optimización del rendimiento escolar y docente, así como del reforzamiento de la sintonía de todo ello con las necesidades reales del desarrollo nacional.
En este sentido, las atribuciones de los organismos descentralizados o desconcentrados, así como del nivel regional, es brindar servicios de apoyo que impacten directamente y de manera comprobable esa misión sustantiva del órgano rector. Luego de transcurridos 26 años desde la promulgación de la Ley General de Educación núm. 66-97, parecería que las estructuras contenidas en la ley actual ameritan un examen crítico a profundidad, a juzgar por los pobres y vergonzosos resultados en materia educativa.
El cambio real de visión al nivel político y el compromiso empresarial y de otros grupos de interés también cuenta de una manera más que decisiva para situar por fin la educación donde debe ir: en el centro dinámico del modelo efectivamente transformador y socialmente redituable al que aspiramos.
En su calidad de organismo autónomo y descentralizado, el Inabie tiene por definición el potencial misional necesario -y por tanto la obligación- para contribuir de manera efectiva a forjar ciudadanos capaces, saludables, reforzados en sus capacidades cognitivas, formados a partir de las necesidades objetivas del desarrollo nacional, morales y plenamente conscientes de sus responsabilidades con sus familias y la patria. Como hemos señalado en otras entregas, el contexto cultural y social de estos tiempos conspira contra todo ello.