Una persistente corriente de opinión postula que el actual gobierno esta atenazado por los poppys. Se critican supuestas recompensas por las contribuciones a la pasada campaña electoral por parte de prominentes ricachones. En el pasado se decía que quienes aquí gobiernan son cinco o seis familias poderosas. Pero a los mandatarios anteriores no se les percibía como reos de gratitud. Por eso es necesario que ahora se encuentren fórmulas para desligar las contribuciones políticas del ejercicio del poder presidencial. Las disposiciones existentes hasta ahora no parecen estar funcionando.
El financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos presenta un espinoso problema. No es solo que el poder económico se apropia de los candidatos y sus programas de gobierno. Es también que el narcotráfico aporta considerables sumas a cambio de una impunidad subrepticia. Tales influencias hacen difícil que los programas de gobierno de los partidos reflejen los verdaderos intereses colectivos. Peor aún, el candidato ganador de una elección se siente comprometido con los que aportaron recursos y, en consecuencia, algunas de sus decisiones no son equitativas ni favorecen al segmento más pobre de la población. Bajo esas circunstancias la democracia deriva en una virtual plutocracia.
En una magistral conferencia del 2017 Julio César Castaños Guzmán, siendo presidente de la JCE, sentenció sobre el tema. “El financiamiento de las campañas juega hoy un papel preponderante en la competencia política; de hecho, muchas veces olvidamos que los partidos políticos son estructuras de competencia electoral y que ganar elecciones es una ciencia; en esa competencia, las campañas se convierten en la expresión directa de las tantas aspiraciones. Pero esas mismas campañas sin regulación en cuanto a su duración y a su propio contenido, que muchas veces resulta superficial y frívolo, vienen a ser precisamente la dinámica más sensible en cuanto a la propia viabilidad y permanencia del sistema de partidos políticos.
Hay que estar atentos a esta nueva realidad: las ofertas de dinero sucio e ilegal, producto del narcotráfico internacional, juegos de azar, lavado de activos, trata ilícita de personas y demás actividades ilegales, se convierten en tentaciones atractivas que contaminan la voluntad de nuestros candidatos y futuros funcionarios, quienes, a cambio de estas dispensas obsequiosas e inmorales, comprometen su futura voluntad pública, que eventualmente los convierte en prevaricadores.” Es decir, que esas contribuciones no solo repercuten en medidas contra los intereses colectivos, sino que también corrompen a los funcionarios y a la moralidad pública.
Muchos pensaron que el remedio de estos males era prohibir que los partidos políticos recibieran aportes del sector privado. De ahí que se instituyera, a finales de la década de los noventa, que los partidos recibirían financiamiento del Estado a fin de acabar con las practicas malsanas. Pero eso no ha sucedido. “Desde el 1997 cuando se estableció la famosa financiación pública a los partidos políticos, no hay nada que justifique que esa disposición legal es beneficiosa para República Dominicana. Peor aún, su objetivo inicial buscaba evitar que los partidos recibieran fondos del sector privado o de dudosa procedencia, sin embargo, se ha visto como los partidos reciben dinero de todo el mundo, aparte de los fondos púbicos que costeamos los contribuyentes a través de los impuestos. Es una práctica que hay que acabar porque dichos fondos aparte de que no cumplen su función inicial, tampoco han sido manejados con transparencia por dichos partidos, incluso ni siquiera entregan la información ni los reportes sobre el uso que han dado a los fondos públicos.”
Eliminar el subsidio estatal a favor de que sean los simpatizantes y miembros de los partidos quienes hagan las contribuciones necesarias es una utopía. En nuestro país, donde un 40% de la población es pobre, no se puede esperar que esas contribuciones sean suficientes para apaciguar la desbordada ambición de poder que se manifiesta en tiempos de campaña electoral. Además, se estaría desvirtuando el método si no se logra poner límites a los aportes de los ricos. De ahí que sea necesario encontrar una fórmula que prohíba contribuciones del sector privado y que, a la vez, discipline a los partidos para que obedezcan requisitos establecidos para el financiamiento público.
Una manera de lograr eso sería que a los partidos se le requiera presentar a la JCE, con suficiente tiempo de antelación, un “Plan de Campana” donde detallen todas las actividades proselitistas que ejecutaran. Para ello la JCE proveería una Guía sobre los tipos de actividades permitidas que clasifiquen para ser totalmente financiadas por el Estado. Y por supuesto, los partidos tendrían que limitarse forzosamente a seguir estrictamente ese guion y no pasarse de ahí. Esto requiere una disciplina de parte de los partidos y una fiscalización efectiva de parte de las autoridades de la JCE. El gran problema nuestro actualmente es que aun sin ningún guion los partidos no rinden cuenta. Y lo peor es que no existen procedimientos de fiscalización efectivos: ni la Cámara de Cuentas ni la misma JCE se han aventurado a realizar auditorías sobre el gasto.
Un reciente estudio sobre el financiamiento de partidos provee una útil perspectiva. “A escala global, 88% (143 países) requiere la presentación de algún tipo de informe financiero por parte de los partidos o candidatos(as). Sin embargo, solo 53% de los países requiere que tanto los partidos como los candidatos presenten tales informes, lo cual sugiere la posibilidad de que exista un vacío legal que permita canalizar recursos a través de terceros que no tengan que presentar estos informes. En 40 países (25% del total incluido en la base de datos) no existe ninguna institución a la que se encargue la función formal de examinar los informes financieros presentados, o que esté mandatada para investigar posibles violaciones a las regulaciones sobre el financiamiento político.”
El corolario es pues que una modificación a la legislación electoral deberá ocuparse de establecer una fiscalización efectiva y especificar las sanciones aplicables. Existe una Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos Electorales, pero esa dependencia solo se ocupa de las posibles transgresiones a la mecánica electoral y no al financiamiento de los partidos. De ahí que se confronte la disyuntiva de si crear otra procuraduría especializada para la fiscalización del financiamiento estatal a los partidos o ampliar la jurisdicción de la Procuraduría existente para que abarque esos delitos también.
Por supuesto, también se podría encargar a una unidad especial dentro de la Cámara de Cuentas para realizar estas tareas. Es oportuno plantear esta alternativa en vista de que en días recientes la Cámara recibió una solicitud de una decena de dirigentes del PRD para que se audite la gestión de su presidente en el manejo de los fondos públicos asignados a su partido. Sin una estricta fiscalización no se puede aspirar a una adecuada transparencia en el uso de esos fondos, lo cual implica mantener intacto el hoyo negro existente.