La proliferación de los fideicomisos con aportes de activos públicos está en boga en el país. Esta tendencia se sustenta en la creencia de que el sector privado es un administrador más eficiente que el gobierno; por eso nombró a Macarrulla, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), como ministro de la presidencia, del gabinete eléctrico y puso en manos de empresarios o representante de éstos los gabinetes de salud y turismo.
Asimismo, decidió poner en marcha un amplio programa para aportar el patrimonio público a fideicomisos privados, haciéndose eco de las ideas diseminadas por el decálogo neoliberal. De inmediato y con el propósito de mejorar y hacer más eficiente la administración de los activos de Punta Catalina, actualmente en manos de la Corporación de Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), aportó sus activos en un fideicomiso administrado por un Comité Técnico, dirigido por un connotado miembro del sector privado dominicano con negocios en ese sector.
Ciertamente, el gobierno ha sido impreciso en el diseño de sus políticas públicas. Indirectamente sugirió una reforma fiscal que tuvo que retirar al poco tiempo. Luego, envía al Congreso el Contrato de Fideicomiso de Punta Catalina, que ha sido ampliamente rechazado por la sociedad. Para evitar las críticas, ahora intenta entretener a la población enviando el Contrato al Consejo Económico y Social (CES), un organismo con una dirección débil, que elimina la participación social.
Habría que preguntarse qué ocurriría con la administración pública si el Poder Ejecutivo (PE) insiste en su política de aportar el patrimonio del estado a la administración privada en el marco de la figura del fideicomiso que se rige por el derecho privado, diseñado en una oficina de abogados y al margen del escrutinio del Congreso de la República.
¿Qué pasaría si se aporta a un fideicomiso las instituciones que conforman el sector público y que pasaran a ser dirigidas por miembros del CONEP? Tal vez, un gobierno actuando bajo la lógica del sector privado lograría la reforma fiscal que necesitan las empresas privadas y no precisamente la que necesitamos todos los dominicanos; con aumentos adicionales de las exenciones fiscales que han disfrutado por más de cincuenta años; justificadas en favor del aumento de la competitividad, que aún no logran.
No cabe duda de que un gobierno Fideicomitido del PE aprobaría un código tributario más laxo que contribuya a elevar las ganancias privadas después de impuestos. Esto necesariamente no significaría un aumento de la acumulación para aumentar la inversión (las ganancias irían a paraísos fiscales), la innovación y el crecimiento económico, porque después de cinco décadas de exenciones fiscales no se han producido avances significativos en esta dirección; sencillamente porque sus ganancias aún dependen de esos privilegios. Un paquete fiscal más equitativo, desde la óptica del fideicomiso del PE, aumentaría las exenciones fiscales a las empresas de zonas francas, al turismo, a las mineras metálicas y dejaría que las mineras no metálicas continúen sin pagar un solo centavo al fisco, garantizando mayores beneficios a las empresas dominicanas.
Asimismo, un fideicomiso para la explotación de los parques nacionales que incluya aquellos parques que se excluyeron en el Fideicomiso de Pedernales, otro para los aserraderos dedicados a la depredación de los bosques y otro aportando los ríos y las dunas de Baní para la extracción indiscriminada de materiales para la construcción, servirían posiblemente para crear más oportunidades al sector privado y para ampliar sus ventajas en el turismo en el sur de la isla, además de que favorecería al sector más dinámico de la economía según las cifras que produce el Banco Central (BC). Pero, ciertamente no sería nada beneficioso para la población dominicana.
Siguiendo esa lógica, un fideicomiso que elimine todas las superintendencias haría que el sector privado no tenga que sobornar a ningún funcionario ya que la eliminación de todas aquellas instituciones públicas que intervienen regulando las desviaciones que se producen en los mercados, contribuiría a eliminar los obstáculos para aumentar beneficios privados. Asimismo, aportar la Refinería Dominicana de Petróleo a un fideicomiso permitiría aumentar los beneficios privados, encareciendo el nivel de vida de la población. Se asume que la transparencia del sector privado en este sector evitaría continuar con el engaño del gobierno de la existencia del supuesto subsidio a los combustibles.
¿Porque no se elimina el BC y se permite que el tipo de cambio flote libremente como en los mercados de cambio competitivos? Así, según esta ideología el país produciría todas las divisas que necesita, en lugar de que el BC se endeude y el gobierno tome préstamos internacionales para transferir las divisas al BC y mantener la estabilidad del tipo de cambio; con esto se eliminaría la manipulación cambiaria para favorecer a los importadores. Pero, además, devaluaría aceleradamente el peso dominicano afectando seriamente a los comerciantes importadores, elevaría el costo de la canasta familiar que incluye bienes importados y afectaría al gobierno por su elevada deuda externa en dólares.
La creación del fideicomiso que aporte los activos del Ministerio de Educación, del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), así como el de Ciencia y Tecnología a EDUCA consolidaría el negocio privado que no tiene preocupación alguna por la calidad de los docentes y los resultados de la educación. El sector privado decidiría la cuota de admisión en los planteles públicos, el precio de los libros, de las tabletas, ordenadores y la venta a precios de mercado del desayuno escolar, entre otras cosas, perjudicando a la familia dominicana.
Si se aporta como activo a un Fideicomiso el sistema financiero público (Banco de Reservas, Banco Agrícola, Banco Nacional de Exportación, etc.) y el sector financiero privado aprende a competir, probablemente las tasas de interés y el tipo de cambio no sean decididos por el oligopolio financiero existente, se reduciría el costo del financiamiento de la inversión (tasa de interés), se mejoraría la tenencia de activos (vivienda) de la familia dominicana y así la ciudadanía experimentaría una mejora sustancial en sus niveles de vida. Contrariamente, si lo anterior no sucede, entonces el oligopolio financiero perjudicaría a los inversionistas, productores y comerciantes que no pertenecen a ese circuito oligopólico, además de la ciudadanía en general.
¿Por qué no se retira del Congreso la Ley del Agua y los acueductos que permiten ofrecer ese servicio se aportan a un fideicomiso? Los parques de la ciudad podrían ser aportados a las fundaciones privadas a través de un fideicomiso, cuya intermediación implicaría un costo para el uso de la población como contribución por su uso. De la misma manera, los hoteles públicos podrían cederse al sector privado con contratos en los que el gobierno tenga todos los riesgos, como es usual en los contratos del gobierno con el sector privado. Igualmente, podría ocurrir con los estadios públicos de béisbol, entre otros activos públicos.
Ahora bien, conviene que el jefe del Estado recuerde que no gobierna exclusivamente para darle ganancias y ventajas al sector privado, sino que gobierna para toda la nación dominicana que, de seguir por este rumbo, terminará asfixiada por las excesivas ganancias que le producirá al sector privado una proliferación de los fideicomisos. Aún en este país, todavía, está por probarse que el sector privado es más eficiente que la administración pública. Todavía existen los sobornos, las compras amañadas, los funcionarios corruptos y, por tanto, la ineficiencia es compartida. Su misión es eliminar los males de la burocracia pública y estimular la competencia en el sector privado, no promover la opacidad a través de los fideicomisos, las asociaciones público-privadas y los paraísos fiscales.