Los fiscales dominicanos comparten prácticamente las mismas atribuciones que tienen los agentes del Ministerio Publico en otros países y, sin embargo, guardan marcadas diferencias en la valoración profesional que les confieren los respectivos Estados. Curiosamente, en la República Dominicana los fiscales son los funcionarios más infravalorados a nivel profesional frente a otros funcionarios, e incluso con respecto a otros fiscales de otras naciones; y aunque urge la dignificación del fiscal de carrera, no parece ser un tema de importancia para nuestras principales autoridades, quienes demandan del fiscal un trabajo de excelencia pero sin crear las condiciones para que este importante activo pueda llevarlo a cabo.
Una de las grandes desventajas en la que se encuentra el fiscal dominicano en comparación con los abogados fiscales de otros países es lo relativo al sistema salarial. Casualmente, la República Dominicana cuenta con los fiscales más injustamente compensados con respecto al salario devengado en otras latitudes. En el nuestro, el fiscal de carrera inicia percibiendo un salario anual de 1,080,000 pesos, lo que equivale a 90,000 pesos mensuales sin contar con el descuento aplicado. Un salario así, para un funcionario como el fiscal, significa menos que nada en términos prácticos. No obstante, en España, muy a pesar de las pocas diferencias funcionales que les asisten a ambos funcionarios, el fiscal español inicia percibiendo un salario de 49,700 euros anuales, lo que equivaldría a decir 244,300 pesos dominicanos mensuales.
En Colombia la escala salarial de los fiscales es distinta, sobre todo después de la promulgación del decreto 457 del año 2022, el cual consignó un salario base al fiscal delegado ante jueces de circuito de 9,322,425 pesos colombianos, lo que equivale a un monto aproximado de 114,000 pesos dominicanos. Sin embargo, en Colombia el monto de la canasta básica familiar no implica ni el 10% del salario de un fiscal delegado ante jueces de circuito, más el costo de la canasta familiar en nuestro país requiere invertir el 50% del sueldo neto del fiscalizador, ya que la misma oscila entre los 40,000 y 45,000 pesos dominicanos.
La realidad del fiscal dominicano es aún más precaria si la comparamos con los fiscales de Argentina, Costa Rica e incluso Venezuela, omitiendo por supuesto la carencia de elementos logísticos a la hora de llevar a cabo el trabajo diario, ya que en muchos casos el fiscal no tiene ni sillas adecuadas para sentarse a analizar las pruebas documentales que en principio ponen a disposición los agentes policiales del sistema.
Para entender la realidad del fiscal no es necesario hacer un estudio comparado de las escalas salariales con respecto a otros países, basta con observar los emolumentos de los funcionarios gubernamentales en la propia República Dominicana. Cualquier consultor jurídico de cualquiera de las instituciones gubernamentales supera los 150,000 pesos en salario mensual y cualquier encargado de área por igual sobrepasa esa cantidad, lo que significa que entre los funcionarios, específicamente el fiscal como funcionario del sistema de justicia, está en franca desventaja. El hecho de aspirar a que los fiscales gocen de mejores condiciones laborales no responde a un sentimiento de vanidad u ostentación, sino a la perentoria necesidad de satisfacer precisamente las demandas que exige la función. El trabajo que lleva a cabo el fiscal no es poco, de hecho, posiblemente sea la figura con mayor responsabilidad en el sistema de justicia, y a pesar de que la ley que rige las funciones del Ministerio Publico consagra ciertos beneficios especiales, una gran parte de ellos son incumplidos.
La razón por la cual los agentes del Ministerio Publico se hallan en una situación deplorable desde el punto de vista salarial no se debe a la carencia de presupuesto o a un presupuesto anual deficitario, sino más bien a la falta de planificación institucional y a la ausencia de voluntad para hacer las cosas. En el marco de 10 años, los fiscales han experimentado únicamente 2 reajustes salariales, los cuales se han hecho bajo un clima de profunda insatisfacción e inclusive, sobre remarcadas protestas casi gremiales. Se ha tenido que apelar, desafortunadamente, a mecanismos como amenazas de paros, instrumentación de instancias ante tribunales superiores y organización de movimientos como el denominado “Dignidad Ministerio Publico”, organizado hace ya 9 años y que tuvo por propósito lograr mejores condiciones salariales para los fiscales; todo para alcanzar tener lo que otras instituciones hacen casi de rutina: Una revisión salarial.
El problema en este aspecto radica en que la institución, que vela porque los fiscales cumplan cabalmente con sus responsabilidades y algo más, no cuenta ni siquiera con un plan estratégico de revisión salarial, lo que provoca que los ajustes salariales sea obra de la buena voluntad de una administración. Hasta este momento, los Consejos Superiores que ha tenido la institución no han definido un plan que les permita evaluar, objetivamente, las posibilidades de hacer enmiendas salariales periódicamente, basado en criterios presupuestarios, inflacionarios y tomando en cuenta el ultimo reajuste que se haya hecho. Así las cosas, debe comprenderse que el fiscal dominicano no es un funcionario todo poderoso y acomodado, sino un servidor público que tiene que lidiar con todas las responsabilidades que implica la función y, en adición a eso, con las precarias y muy deplorables condiciones laborales en la que se desenvuelve.