Hoy 25 de noviembre se conmemora el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en 1960. El reconocimiento de este día fue impulsado por un movimiento feminista latinoamericano en 1981, siendo así proclamado por La Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 mediante resolución 54/134.
Al día de hoy, la violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural a nivel mundial. Es como una ola que va creciendo y adquiriendo distintas modalidades al transcurrir el tiempo, un problema social presente en el ámbito doméstico y público en diferentes vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras, que va afectando a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad avanzada.
Especialistas de diferentes ámbitos han considerado que el combate contra la violencia de género tiene una importante dimensión política. Entre las claves para luchar contra la violencia hacia las mujeres y avanzar en la prevención, están la educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad.
Precisamente en esta última parte es donde quiero dirigir la reflexión del artículo del día de hoy, evitar la impunidad, ya que en Misión Internacional de Justicia -IJM por sus siglas en inglés-, somos fieles creyentes de que el fin de la violencia vendrá acompañado con el fin de la impunidad.
El trabajo global que IJM ha venido desarrollando a nivel mundial, es el de proteger de la violencia a las personas que se encuentran en estado de pobreza mediante el rescate de víctimas, traer criminales a la justicia, restaurar sobrevivientes y fortalecer los sistemas públicos de justicia. Para ello, se asocia con las autoridades locales a fin de apoyar a prevenir y perseguir el delito hasta lograr una condena, y brindar la protección necesaria a la víctima hasta alcanzar restauración. De esta forma buscamos que la víctima logre una recuperación sostenida, mediante el alcance de justicia y restauración.
Las personas en condición de pobreza son las mayormente afectadas de violencia; por lo general, no cuentan con los recursos o habilidades para defenderse frente a alguien que sí cuenta con poder y autoridad, terminando así ejerciéndose “la ley del más fuerte”.
Históricamente, la condición de vulnerabilidad de comunidades o personas ha generado de forma muy lamentable que justamente por esa condición otros se aprovechen y abusen de la forma más cruel de esas personas. Las personas vulnerables cuentan con poco acceso a la justicia mientras que los que ostentan poder sí tienen acceso y provocan, por ende, la impunidad a su favor.
La relación directa entre sistema legal y la pobreza general, es innegable: se pone de manifiesto el componente importante de limitación de acceso a la justicia que suelen enfrentar los ciudadanos por falta de recursos y complejidad de entendimiento del sistema, todo lo cual deviene, sin duda, en una deficiente protección de sus derechos. Los ostentadores de poder que han cometido un ilícito contra una persona vulnerable, por su parte, pueden manipular la justicia como consecuencia del poder y autoridad que tiene conferido y obtener así una decisión a su favor.
La justicia no puede ser vista como una isla, como un sistema distante, quebrantado, corrupto y fallido que no llegue a los pobres.
En IJM buscamos catalizar una revolución global en seguridad ciudadana que lleve como objetivo principal, mover a los gobiernos de las comunidades más pobres del mundo a hacerse cargo del trabajo de transformar sus quebrantados sistemas de justicia y compartir el poder protector de la disuasión con los pobres.
El programa de trabajo desarrollado en la República Dominicana desde el año 2013, a través del cual dimos pasos importantes en la eliminación de la violencia persiguiendo el fin de la impunidad, fue enfocado en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas con fines de explotación sexual; delitos que habitan bajo la amplia sombrilla de la violencia y que son cometidos por el abuso sistemático de la vulnerabilidad de esa población, ya sea por su condición de minoridad, género o pobreza.
En acompañamiento a las autoridades durante 9 años de trabajo, hemos podido ver cambios sustanciales en un sistema de justicia que responde a favor de esta población vulnerable. IJM tuvo la oportunidad de impulsar y apoyar a las fuerzas policiales en desarrollar investigaciones en más de 60 casos de mujeres y niños explotados sexualmente. De estos, 54 casos fueron llevados ante la justicia por el ministerio público, de los cuales se obtuvieron sentencias condenatorias en 50.
Esta cifra es importante y refleja a todas luces un gran avance ya que, si comparamos con el pasado, eran pocos los casos judicializados por este tipo penal, y hoy, vemos una realidad diferente; refleja un cambio sustancial en la forma en que la sociedad dominicana y sus autoridades perciben este delito, dejando de ser invisibilizado e impune a ser perseguido.
No obstante, sabemos que el problema no ha terminado; existen aún muchísimas oportunidades para mejorar la lucha contra la violencia en nuestro país, la cual creemos posible a través de una fuerte represión por parte del Estado Dominicano sometiendo a la justicia a los acusados y protegiendo adecuadamente a las víctimas y sobrevivientes.
Hoy día internacional de eliminación de la violencia contra la mujer, es un día de llamado a reflexión para cada país y para cada ciudadano. La conmemoración de este día tiene como finalidad denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todas partes del mundo, reclamar políticas públicas de los países para su erradicación y hacer conciencia de este mal. La violencia contra la mujer, o cualquier persona vulnerable, es un mal que se debe atacar educando para prevención del delito y persiguiendo a sus autores para que respondan ante la justicia y sean condenados por el daño que han cometido.
El Estado que responde de manera efectiva a la persecución de la violencia protegiendo a sus víctimas y condenando a los responsables, reducirá significativamente la prevalencia de la violencia en general. El fin de la violencia se logra y se alcanza con el fin de la impunidad.
Sonia Hernández es abogada penalista, exprocuradora fiscal de la Provincia Santo Domingo. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como Directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia (IJM).