Según la tesis del eterno retorno nietzscheniano, todo va a repetirse un número infinito de veces. Aunque para Nietzsche el eterno retorno de lo mismo no significa la repetición de las cosas concretas, sino que se concibe más bien como una doctrina moral, traigo a colación dicho concepto, rector de la metafísica occidental, a propósito de la reciente muerte de tres internos y de varios heridos, luego de una trifulca reciente, en la cárcel de “La Victoria”, portaestandarte de “El Fracaso” del sistema carcelario dominicano, a pesar de las luces que asoman.
Y es que esta película se repite cíclicamente e investigaciones van y vienen, como ahora, sin que se deje de repetir el fenómeno. La diferencia es que, contrario a lo que ocurre con un film en que, animados por el gusto y por revivir experiencias, no somos nosotros los que elegimos o queremos que estas escenas dantescas se repitan y, además, esas escenas trágicas, de muertes y heridas reales, no es verdad que nos dan placer.
Los fallecidos y heridos son seres humanos a quienes el Estado le ha impuesto una pena, anticipada, en la mayoría de los casos, por no ser necesaria ni proporcional la prisión preventiva, o una pena definitiva, como producto de algún delito; pero con la promesa constitucional y legal de rehabilitación, reeducación y resocialización.
Armas diversas, celulares prohibidos y negocios a borbotones, de todo tipo, dentro y fuera, pero diseñados y realizados desde y en las entrañas mismas del centro penitenciario, con la única forma posible de que se realicen: las habilidades de los internos, el movimiento económico que generan y estructuras mafiosas a lo interno que extienden su brazo a lo externo, con la consabida complicidad de autoridades y personal del centro, porque aunque se quiera alegar, la negligencia no es una excusa en un centro supuestamente profesionalizado, en cuyo caso la falta es inexcusable.
Claro, La Victoria es una ciudad – carcelaria, pero pueblo al fin -, reflejo de la sociedad, en sus niveles de inseguridad y todo tipo de pobrezas. Más aún, las miserias que replican los desórdenes derivados de la desocupación, del trabajo asalariado precario y de las limitaciones de la protección social.
He escrito antes que el excesivo número de internos en las cárceles dominicanas debe movernos a una reflexión sobre el crecimiento de la política penalizadora del Estado y de sus destinatarios. En “Las cárceles de la miseria” Loïc Wacquant analiza la estructuración de un aparato que impulsa una gestión punitiva de la inseguridad laboral y de las condiciones de precariedad. De ahí que las frustraciones, debilidades y problemáticas sociales que generan pobreza no pueden ser replicadas en los modelos actuales de prisión.
Veo en los hechos que el Estado dominicano continúa con la presión penal dirigida, sobre todo, a segmentos de población marginada del mercado laboral y de bajo poder adquisitivo, aunque ahora estemos viendo excepciones, que solo confirman la regla de persecución de la pobreza. De ahí que el encierro, lejos de resolver, ratifica la precariedad social y laboral a la que se hallan expuestos reiteradamente determinados grupos y capas sociales.
En lugar de trabajar por la libertad (inscripción que postizamente aparece en centros de rehabilitación dominicanos) y en vez de aspirar a clausurar cárceles, la creciente demanda del Estado penitenciario dominicano, representado en la Procuraduría General de la República y diariamente en las solicitudes del Ministerio Público, es que se sigan llenando de presos preventivos, sobre todo de quienes incrementan nuestra población carcelaria permanentemente, con el consiguiente reflejo de que el modelo de rehabilitación de los internos, basado en la garantía de los derechos básicos y la oportunidad de aportar a la sociedad desde diversas profesiones, no funciona adecuadamente o ha fracasado en gran medida.
Como la mayoría de los “internos” de nuestros centros carcelarios son pobres y el odio por los pobres se origina en la falta de contacto con los pobres y ocasiona prejuicios, estereotipos y criminalización de estos por parte de muchos políticos (racismo), entes privados y de medios de comunicación (Wacquant), tendrá que llegar el momento en que la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tengan asiento en todo el Ministerio Público, en particular, y, en el sistema de justicia, en general y en quienes prometen y deben cumplir con el Estado Constitucional de Derecho.