Es un absurdo plantear que las empresas de distribución de electricidad estatales sean saneadas por un equipo gerencial del sector privado para poder preparar un proceso de privatización dentro de tres años. Lo primero es que al ser nombrados por decreto el traje de “profesional del sector privado” se queda en la empresa donde cobró su última remuneración.
Todo profesional que ha tenido carrera híbrida en su paso por el sector público se desempeña, siguiendo a Rothbard, como “un experto en eficiencia para el gobierno”. Todo entregable que crea o mejora procesos es una contraprestación como servidor o colaborador público, ejerciendo una función pública como cualquier otro se encuentra en alguna parte del organigrama de la entidad.
La característica común de todo servidor público es que su suerte no la decide, como en una empresa privada, el consumidor o usuario final de los bienes o servicios que se entregan, generalmente, gratis o a precios monetarios simbólicos.
Al no existir el afán de lucro, que no es otra cosa que lograr extraer un excedente mayor cuando los ingresos por ventas permiten pagar todos los costos, es más complicado en una entidad pública incentivar la eficiencia. Es duro producir más a menor costo aquello que se regala o se vende con subsidio cuando las dotaciones de recursos suelen ser rígidas, es decir, la mejora no implicará automáticamente un aumento del presupuesto asignado o los salarios de los innovadores.
En las empresas públicas que venden servicios sin enfrentar competencia, con rigidez por presiones políticas en los ajustes de precios y donde las pérdidas se cubren anualmente con más transferencias presupuestarias tampoco hay mucho margen o interés de mejorar nada.
Mientras más pérdidas se manejan mayores presupuestos porque se reciben los fondos del déficit más los necesarios para expandir el servicio. Es fácil caer en el modelo de la UASD, una universidad pública que ama tanto las pérdidas que los platos en el comedor universitario cuestan cinco pesos y tiene, ¡agárrense!, un departamento para lograr el retorno de los estudiantes que han abandonado las aulas antes de completar una carrera al costo de un carrito lleno en un mercado de INESPRE.
En una empresa privada las ganancias en productividad se transforman en remuneraciones relativas mayores para los gerentes y trabajadores que utilizan mejor los recursos. Por eso es un proceso natural las transferencias de recursos a las unidades que reportan un mayor valor agregado, algo que es imposible en la administración pública que, por su naturaleza como explica Mises, es esencialmente de asignación burocrática o de órdenes de acuerdo con un plan.
Por esa razón privatizar una empresa pública no requiere de ningún paso previo para dotarla de procesos administrativos o de logística con las mejores prácticas de empresas similares del sector privado. Tampoco de realizar con dinero público las inversiones de capital que una nueva gerencia cree son las necesarias para atraer a los mejores inversionistas.
Es falso pensar que si se privatizan como están hoy solo atraerá a buitres a comprar despojos, como los autos cuando chocan y las compañías de seguro las declaran pérdida total. El argumento es de Chacumbele.
Las aseguradoras no restauran esos carros para venderlos y conseguir un valor mayor a lo invertido. Si esa fuera hoy la situación de las EDES, no tendría sentido llamar a los expertos en eficiencia con competencias avaladas en un ejercicio privado para administrarlas.
También el que choca un carro cuando no tiene seguro ni fondos para el arreglo es común que simplemente lo venda haciendo una oferta para empezar a negociar que incorpore un descuento sobre el valor de uno usado no chocado, de ese mismo modelo, más el valor de la cotización más alta de los tres mecánicos que le hicieron una evaluación.
Así como en una subasta competitiva se pueden pactar precios sobre los salvamentos o los autos con abolladuras en cualquier momento, también es posible con cualquier activo en manos del gobierno.
Hoy puede empezar la de las EDES que, bien organizada la subasta, es seguro atraerá empresas importantes que harán una valoración de lo que existe y estimarán las inversiones necesarias que saldrán de su conocimiento y de su patrimonio para satisfacer los parámetros de cobertura que planteará el gobierno más otros requisitos. El que las valore más se quedará con la empresa y empleará una gerencia a la que confiará un patrimonio privado por el que se debe responder a verdaderos accionistas con certificados de propiedad real, no con actas de nacimiento donde aparezca dominicana en la casilla de nacionalidad.
Es probable que esos planes privados coincidan exactamente con lo que tienen en mente ahora la gerencia que trae el gobierno a las EDES, unas empresas donde no es la primera vez se intenta la gestión profesional externa sin presiones políticas (de hecho, ha tenido hasta gerentes impuestos por organismos internacionales que resultaron un fiasco).
Pero aún en ese caso es mejor que las decisiones sobre las inversiones las realice aquel a quien les duelan directamente en el bolsillo, no con fondos públicos porque en teoría al vender podrán redituar varias veces más lo invertido. Porque pregunto ¿estarían dispuestos a dar garantía real de esa generación de valor agregado por encima de las inversiones públicas realizadas?
¿Estarán tan seguros de que si le dan fondos para gastar $X van a conseguir $3X que estarían dispuestos a poner hipotecas sobre sus bienes para entregar a Hacienda lo que falta para llegar a $X si los inversionistas solo valoran esas inversiones como $0.6X?
Si la respuesta es no, entonces lo correcto es empezar armar la privatización y quitarse la capa de superhéroe regañón.