De manera general, la meta de todo ser y/o conglomerado humano es el bienestar. Bienestar individual, bienestar colectivo, bienestar general. En función de esto, las estructuras orgánicas de las diversas sociedades tienden a crearse sobre una base logística que fomente la promoción del bienestar y, con la eficiencia de Pareto como ideal, la asignación eficiente de recursos. El bienestar, sostenido en el tiempo, se traduce en crecimiento, y este -a su vez- en desarrollo.
En el marco de la generación de bienestar, en una economía de mercado el Estado tiende a crear e implementar políticas públicas que promuevan la actividad económica. No obstante, en muchos casos las iniciativas particulares presentes que procuran el bienestar personal no se alinean con las necesidades de las generaciones futuras. La actividad económica, el crecimiento y el desarrollo implican el uso de (i) recursos limitados y (ii) técnicas cuyos efectos producen elementos residuales que dañan el medio ambiente. La regulación (intervención) es una importante herramienta para imponer límites que conduzcan a una actividad económica más racional y equilibrada.
De acuerdo con Xavier Labandeira, las inquietudes de tipo ambiental surgen por motivo de la sucesión de tres situaciones o coyunturas específicas, a saber: (i) las crisis de los precios del petróleo y el subsecuente despertar de la reflexión colectiva sobre el problema del agotamiento de los recursos; (ii) el impacto contaminante de la industrialización y el crecimiento económico y (iii) el crecimiento de la población y el consecuente aumento de la presión sobre los recursos naturales existentes.
Por su parte, el surgimiento de sub-ramas del conocimiento tendentes a abordar los desafíos medioambientales marcó un hito respecto de la problemática ambiental. Por ejemplo, la interacción entre economía y medio ambiente es el objeto de estudio de la economía ambiental, la cual “pretende aplicar conceptos y principios económicos a la gestión de los recursos naturales y problemas ambientales”. El derecho ambiental, por su parte, surge a raíz de la necesidad de regular las conductas -económicas en su mayoría- a fin de promover la salud del medio ambiente y la utilización racional de los recursos para el posterior disfrute de las futuras generaciones.
En general se pretende fomentar el desarrollo sostenible y el derecho a un medio ambiente sano, en el presente y en el futuro. En esta dinámica, cobra relevancia la noción desarrollo sostenible. El Informe Brutland establece que el desarrollo sostenible “es aquel desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.” La idea esencial detrás de la noción de desarrollo sostenible implica la conjugación de las necesidades de las generaciones presentas con las de las generaciones futuras. Es una noción que está fundamentada sobre la base de la equidad de oportunidad de satisfacción de las necesidades generacionales. Algunos estudiosos hablan, en consecuencia, de equidad intrageneracional y equidad intergeneracional.
El desarrollo sostenible tiene un componente integral derivado de la protección ambiental. La problemática ambiental, que aborda a su vez los desafíos del desarrollo sostenible, implica el derecho a un medio ambiente sano, tanto para las presentes como para las futuras generaciones. Los desafíos globales generados por fenómenos como el cambio climático y la desertificación han extraído del ámbito nacional las iniciativas de protección al medio ambiente y los recursos naturales. No obstante, las iniciativas nacionales mantienen vigencia de primer orden y son, en algunos casos, tan importantes como las internacionales. En la próxima entrega me referiré a los textos normativos -internacionales y nacionales- más relevantes.