“…El infortunio es necesario también para descubrir ciertas minas misteriosas ocultas en la inteligencia humana”-Alejandro Dumas.
El gobierno dominicano ha decidido crear una empresa minera estatal (EME), bajo el Decreto núm. 453-24, con el propósito principal de explorar y explotar los recursos mineros estratégicos del Estado dominicano. Dada la importancia estratégica y económica de esta decisión, es fundamental analizar algunas lecciones aprendidas de experiencias similares en América Latina para identificar los desafíos y oportunidades que podrían surgir para la República Dominicana.
La CEPAL, en su análisis La gobernanza de las empresas estatales en la industria minera de los países andinos (Rafael Poveda Bonilla, 2022), examina las experiencias de las empresas mineras estatales en Chile, Bolivia y Ecuador, basándose en las directrices de la OECD sobre gobernanza corporativa. Estos principios buscan asegurar la transparencia, la competencia leal, la responsabilidad empresarial y una gestión profesionalizada que esté libre de injerencias políticas. Aplicar estos principios es clave para cualquier empresa estatal, incluida la nueva empresa minera dominicana.
En Chile, las empresas mineras estatales CODELCO y ENAMI se establecieron con la visión de asegurar la explotación soberana de los recursos naturales. CODELCO, en particular, se ha destacado como una de las empresas más alineadas con los estándares internacionales de la OECD. Esta alineación se debe a su gobierno corporativo robusto, que limita las interferencias políticas y garantiza una gestión más profesionalizada, a diferencia de muchos otros modelos políticos clientelares en la región. Esta experiencia sugiere que para que una empresa estatal sea efectiva, debe establecer un marco de gobernanza sólido desde su inicio.
En contraste, las empresas estatales bolivianas COMIBOL y YLB han enfrentado serios desafíos debido a la falta de capacidades locales para la industrialización del litio y otros recursos. Las dificultades incluyen la falta de experiencia, recursos propios insuficientes, un marco institucional débil y una gestión ineficiente. Además, la injerencia política ha sido un obstáculo significativo para su desarrollo. Esta situación destaca la necesidad de crear un entorno institucional claro y estable que facilite el crecimiento y la atracción de inversión privada.
Por otro lado, Ecuador ha intentado impulsar la inversión estatal en el sector minero, pero los resultados han sido cuestionables, incluso cuando se trata de casos que cuentan con el apoyo de empresas transnacionales. La dependencia del apoyo fiscal subraya la vulnerabilidad de su modelo estatista y pone en duda su viabilidad a largo plazo.
Las empresas mineras estatales de estos países han tenido resultados limitados en términos de diversificación productiva y agregación de valor a las exportaciones mineras. A pesar de los esfuerzos por desarrollar la industria del litio en Bolivia y mejorar los procesos de refinamiento en Chile, la CEPAL atribuye los resultados insatisfactorios a la falta de políticas públicas coherentes y a largo plazo, así como a la ineficiencia en la gestión de recursos, realidad que parece extensiva a Ecuador. Marcando diferencias, las empresas estatales chilenas han mantenido un papel crucial en la economía gracias a su capacidad para adaptarse a los estándares internacionales de gestión y transparencia, un aspecto que debe considerarse en el diseño de la nueva empresa minera dominicana.
Cabe resaltar que, en Chile, el Sistema de Empresas Públicas (SEP) y la Ley de Gobierno Corporativo de CODELCO crearon un entorno de supervisión técnica que se mantiene relativamente independiente de los cambios gubernamentales, garantizando estabilidad y continuidad en la gestión. Por el contrario, en Bolivia y Ecuador, la gobernanza de las empresas estatales sigue estando sujeta a cambios políticos y a la falta de competencias en sus órganos directivos, lo que limita su efectividad y desarrollo a largo plazo.
Para que las empresas estatales mineras sean verdaderamente efectivas en contribuir a la sostenibilidad y eficiencia económica, y para que sirvan como ejemplos de buenas prácticas ambientales y regulatorias, es necesario un compromiso político de largo plazo. Este compromiso debe incluir la adopción de las mejores prácticas en gobernanza, la profesionalización de los directivos y la promoción de alianzas público-privadas que impulsen la inversión y la transferencia tecnológica.
Como puede deducirse, las empresas mineras estatales analizadas por la CEPAL enfrentan una serie de desafíos que pueden resumirse en gobernanza ineficiente y falta de profesionalización, problemas en la diversificación productiva, dependencia de recursos fiscales, limitaciones financieras, sostenibilidad cuestionable, debilidades en la cooperación internacional, diferencias sustanciales en los marcos institucionales y políticos, falta de transparencia y la influencia significativa de actores locales y políticos.
Y disertando sobre empresas estatales, el caso de la desaparecida Rosario Dominicana es un ejemplo extremo de lo que no se debe hacer: falta de alineación con estándares internacionales, intromisiones políticas en la gestión, regulación estatal deficiente, falta de visión estratégica a largo plazo, negligencia en la preservación del entorno y niveles de corrupción alarmantes. Esta experiencia debería servir como una advertencia para garantizar que la nueva empresa minera estatal, EMIDOM, evite estos errores y se establezca sobre bases verdaderamente sólidas.
Si realmente se pretende que la Empresa Minera Dominicana, S.A. (EMIDOM) sea un modelo regional en la exploración y explotación de minerales estratégicos, su alineación con estándares internacionales de sostenibilidad, responsabilidad empresarial, buenas prácticas mineras y de gobernabilidad debe estar claramente articulada en su marco legal (el decreto de marras silencia estos cruciales aspectos).
Además, debería promover la transformación de los recursos mineros estratégicos en formas de capital duradero, como el talento humano y la innovación tecnológica. Este camino es esencial para asegurar un uso justo y eficiente de los recursos naturales en beneficio de las generaciones futuras (recordemos al gran Uslar Pietri y a la sepultada iniciativa del MEMRD de 2018).
Sin duda, la creación de una empresa minera estatal en la República Dominicana, como lo plantea el Decreto 453-24, es una decisión estratégica en un contexto global altamente competitivo y, para que sea exitosa, es crucial aprender de las experiencias de otras naciones y asegurar un enfoque basado en buenas prácticas, sostenibilidad y gobernanza eficiente.