Antecedentes fundamentales de la negociación y firma del Concordato de 1954
Aunque el proyecto de Concordato presentado a Trujillo por monseñor Silvani, debido a razones ya expuestas, no llegó a cristalizarse, esto no fue óbice para que el dictador procurara mantener con la iglesia relaciones estrechas.
Mediante el decreto número 286, del 3 de octubre de 1942, Trujillo creó un organismo de enlace entre el gobierno y el Arzobispado de Santo Domingo a la cual le fue conferida la responsabilidad, como lo indicaba su artículo 2, de: “…actuar como órgano de comunicación, de consulta y de buenos oficios en todos los asuntos de interés nacional que sean objeto de la acción concertada de la Iglesia y el Gobierno”.
Conformaban dicha comisión, por parte del gobierno, el Dr. Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, el Lic. Pablo M. Paulino y el Lic. Virgilio Díaz Ordoñez.
Los antecedentes inmediatos del Concordato de 1954 cabe ubicarlos entre los meses de marzo y mayo de 1950, en reuniones en las que participaron el Lic. Manuel Arturo Peña Batle, entonces encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, monseñor Francisco Lardone, Nuncio Apostólico de Su Santidad, y el sacerdote jesuita P. Luis González Posada, entonces rector del Seminario, integrándose a las sesiones en varias ocasiones quien a la sazón se desempeñaba como embajador de España en la República Dominicana, don Manuel Aznar.
Les sirvió de base en sus discusiones iniciales el proyecto que años atrás había presentado el Nuncio Silvani.
Después de algunas interrupciones por ausencia del país tanto de Peña Batle como del nuncio, se retomaron los trabajos a finales de agosto de 1950, indicando monseñor Lardone el criterio de la Santa Sede referente a que la continuidad de las negociaciones estaría condicionada al reconocimiento del matrimonio canónico por parte del Estado dominicano así como el rechazo al divorcio. Ya para abril de 1951 el proyecto estaba maduro en su formulación.
Pero es en junio de 1951 cuando el tema se posiciona en la opinión pública. El 1 de junio del referido año, invitado por la Federación de Abogadas, pronunció en la ocasión el Lic. Manuel Arturo Peña Batlle una conferencia en el Ateneo Dominicano titulada “Matrimonio y divorcio en la República Dominicana”.
En la misma sostuvo que era necesario fundar una política social dirigida al aumento de la población, dadas las condiciones demográficas en que al momento se encontraba la República Dominicana, para lo cual entendía perentorio “el fortalecimiento de la práctica matrimonial, con todas sus consecuencias éticas y sociales” y “la restricción extrema de las posibilidades del divorcio”.
Al propio tiempo hizo en la misma una encendida defensa del sacramento del matrimonio, afirmando que “convertido en sacramento el acto del connubio bajo la acción de Cristo, tomó, por ese sólo hecho, carácter divino, con plenitud de la gracia para los contrayentes. Por envolver función sacramental, la unión de los cónyuges está llamada a ser, para la iglesia, indisoluble y sagrada, como lo es el desposorio de la misma Iglesia con el Cristo”.
Justificó con acendradas razones históricas que el constituyente de 1844 declarara a la religión católica como oficial en el estado naciente, ya que tal medida comportaba una reacción contra el “positivismo y el naturalismo crudo de las Constituciones haitianas” haciendo necesario recurrir, a su criterio, a las “esencias recónditas de nuestra nacionalidad genuina: la religión y el idioma”.
Todo lo anterior le llevaba a concluir, en este aspecto, que:
“Quien estudie con profundidad y conciencia la historia de Santo Domingo, quien medite serenamente sobre la trayectoria social y humana de nuestra formación nacional, se dará cuenta de que un vínculo solemne y contractual con Roma, es algo indispensable a la configuración política de la nación dominicana. No me cansaré de repetirlo: esta nación es el antipositivismo en función de lucha que ha durado más de cuatro siglos y medio”.
A raíz de tan resonante conferencia, y como manifestación del interés oficial en dar publicidad a los conceptos vertidos por Peña Batle, el periódico La Nación dio inicio a una encuesta en torno al tema del divorcio y sus proyecciones sociales.
Y días después, el periódico El Caribe publicaba una carta que fechada el 9 de junio remitía el Dr. Héctor R. Galván desde Jimaní en la que expresaba:
“…un estudio sereno de la conferencia me permite asegurar que en el fondo el castizo escritor, autor de la misma, parece desear o insinuar la creación de un ambiente propicio a la concertación de un concordato con la Santa Sede, con el objeto de hacer concesiones a la iglesia en la materia de que trata la conferencia”.
Y sugería que:
“…después de haber llegado a esa conclusión me parece que la encuesta iniciada por el diario La Nación, acerca del divorcio, debería enfocar particularmente el problema de si, dada nuestra estructura constitucional y nuestras costumbres y tradiciones, es posible hacer un concordato de la naturaleza del que parece tenerse en mente a espaldas del pueblo”.
Concluía que, dadas las hondas reformas que un instrumento internacional como el concordato podía implicar, especialmente en la avanzada legislación referente al divorcio, que “se halla acordada con la particular idiosincrasia y modalidades del pueblo dominicano”, y dado que “aunque en una forma muy sutil y velada, es un concordato con la iglesia lo que parece insinuar el distinguido conferenciante”, sugería al periódico la apertura de una encuesta invitando a sociólogos y juristas para que se expresaran sobre tema de tanta envergadura”.
Como era de esperarse, en el contexto del guion propagandístico del régimen, la idea fue acogida por el periódico con carácter inmediato por “considerar de supremo interés público la sugestión relativa a la cuestión del Concordato” e invitando a un selecto grupo de juristas e intelectuales a expresar su opinión al respecto.
En lo adelante, en el transcurso del mes de junio de 1951, fueron remitiendo sus opiniones destacados juristas e intelectuales, a solicitud de la prensa del régimen.
El primero en contestar fue Rafael F. Bonnelly, quien era de opinión que “dejar las cosas como están, si están bien, me parece una medida prudencial”.
De su parte, el Lic. Rafael Augusto Sánchez era del opinión que “el Concordato sería una fuente de complicaciones.”, por lo que “no lo creía necesario ni conveniente” y el Lic. Manuel de Jesús Troncoso de la Concha era del parecer que el obstáculo mayor radicaba en el tema del divorcio.
Por diversas razones el proceso no avanzó hasta octubre de 1953, fecha en que Trujillo expresó a Monseñor Lardone su deseo de que se diera conclusión a los trabajos, petición que cabe explicarla, entre otras posibles razones, por el hecho de que ya el 27 de agosto de 1953 Franco había firmado el Concordato con la Santa Sede.
Tal era su interés, que el 25 de noviembre del referido año convocó una reunión en el Palacio para abordar el tema con la presencia, entre otros, de Rafael F. Bonnelly, secretario de la Presidencia y Pedro Troncoso Sánchez, entonces secretario de Estado de Educación.
Ya la salud del Lic. Peña Batlle estaba muy resentida -como se sabe murió meses después, el jueves santo de 1954-, por lo que se determinó enviar a la Santa Sede al Lic. Rafael F. Bonnelly con el propósito de culminar las negociaciones, a pesar de que, conforme sus opiniones vertidas en la encuesta precitada, no estaba de acuerdo con que el Estado dominicano suscribiera el Concordato con la Santa Sede. Salió hacia Roma el 2 de enero de 1954.
La Secretaría de Estado, la Cancillería Vaticana, cuyo titular era monseñor Tardini, designó como negociador a monseñor Samoré, secretario del Negociado de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios.
Ya a finales de enero de 1954 era evidente que habían surgido discrepancias entre Bonnelly y el representante de la Santa Sede, después de diez días de intensas negociaciones, conforme se desprende del Memorándum que desde Roma envía a Trujillo el 30 del mismo mes, en el cual, entre otros detalles sobre las negociaciones, le expresa lo siguiente:
“…hemos discrepado en dos asuntos sustanciales: en la designación de Arzobispos, Obispos residenciales o sus coadjutores con derecho a sucesión (derecho de presentación) y el matrimonio. El Papa declara, por medio de su representante, que antes de aceptar cualquiera modificación al proyecto original sobre estos dos puntos, prefiere que no se celebre el Concordato”.
Trujillo respondió a dicha misiva en fecha 8 de febrero de 1954 a través de su ayudante civil Amado Hernández, acusando recibo y remitiéndole, a su vez, un memorándum “contentivo de la opinión del Gobierno Dominicano”, la cual solicitara al Lic. Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, para entonces presidente del Senado y notable jurisconsulto e internacionalista. Dicho informe fue remitido a Bonnelly con instrucción expresa de que: “Usted debe actuar de conformidad con las recomendaciones contenidas en el aludido memorándum y, en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo sobre esa base, regresar al país”.
En el texto del Memorándum del Lic. Troncoso de la Concha se advierte su desacuerdo en que el Estado dominicano renuncie a sus prerrogativas en los dos aspectos que, de conformidad con el informe del Lic. Bonnelly, no habían podido ser consensuados entre las partes.
A su parecer: “…la República Dominicana no tiene ninguna necesidad de dar realidad jurídica en un instrumento internacional, a la renuncia de un derecho, como es el de presentación, que tan de cerca toca sus inajenables atributos de soberanía”.
Y en cuanto al matrimonio, era de opinión de que: “no obstante la simpatía con que yo recibiría cualquier progreso hacia el mayor reforzamiento de la institución del matrimonio, no veo ninguna necesidad, y sí, en cambio, muchas confusiones e inconvenientes de que se establezca un doble régimen: el dominicano para los matrimonios exclusivamente civiles, el canónico para los religiosos con efectos civiles”.
Durante una exhibición de aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana, el 11 de febrero de 1954, Trujillo le entregó al embajador de España en el país, Manuel Valdez Larrañaga, el Memorándum que le remitiera Bonnelly, indicándole: “no se puede hacer el Concordato…Vea ese papel”.
Al día siguiente, manifestó al nuncio su intención de instruir a Bonnelly a regresar, pero el nuncio lo hizo desistir de tal propósito, advirtiéndole que tal decisión podría ser interpretada por la Santa Sede como un gesto inamistoso, cerrándose así toda posibilidad de continuar las negociaciones.
Es entonces, cuando se produce un contramemorándum por parte del embajador Valdés Larrañaga calificando el memorándum de Bonnelly de “indeterminado, indeciso y confuso”.
Argumentaba que era necesario fortalecer con principios católicos y morales la política del régimen de Trujillo basada en el anticomunismo y la justicia social; que el Concordato, más que disminuir soberanía la reafirmaría al ser puesta en ejercicio mediante la firma y que en cuanto al régimen matrimonial, bastaba reconocer los efectos civiles del matrimonio canónico. Ponía de ejemplo el vínculo entre Franco y la Iglesia y culminaba con una irrebatible argumentación que tocaba los resortes emocionales del tirano, al expresar:
“El orbe, Excelencia… se halla dividido en dos grandes ideologías: el comunismo y el anticomunismo. Aquellos que tienen perfecta conciencia de lo que quieren y saben perfectamente adónde van, disponen de la fuerza extraordinaria que les proporciona la mística que han creado. El anticomunismo es hoy todavía débil, porque en sus filas militan gentes que por desgracia se obstinan en arrastrar el cadáver político de la revolución francesa con todo su lastre de indecisión, medias tintas.
Estos nunca podrían oponerse con firmeza al comunismo, antes, al contrario, degenerarán en él. Como político que ha luchado con tesón en las filas anticomunistas, me atrevo a asegurar a Vuestra Excelencia que el Concordato será uno de los grandes e indiscutibles éxitos y de gloria para el Generalísimo Trujillo, que ha sabido llevar a la República Dominicana por derroteros firmes anticomunistas”.
Trujillo consultó al embajador Valdés Larrañaga respecto a la mejor forma de proceder ante el impasse surgido con la Santa Sede y este le recomienda enviar a Roma al padre Luis González Posada a fines de concluir las negociaciones, lo que Trujillo acepta, proponiéndole a Posada el 14 de febrero de 1954 trasladarse a Roma, saliendo este al día siguiente.
El padre Posada gozaba entonces de plena confianza de Trujillo, llegando a ser preceptor de su hijo Ramfis y luego vicerrector de la Universidad de Santo Domingo. Mantuvo estrecha amistad con el Lic. Manuel Arturo Peña Batle junto a quien participó desde los momentos iniciales en la gestación del Concordato, tal como se señalara anteriormente.
Antes de su partida a Roma despachó con Balaguer, entonces secretario de Estado de Relaciones Exteriores, de quien recibió información actualizada en torno al estado de situación en las negociaciones con la Santa Sede respecto al Concordato y las dificultes surgidas. Lo acordado con Balaguer, Posada lo presentó a Trujillo de quien obtuvo el visto bueno, encomendándole Trujillo que, a su retorno de España, entregara un ejemplar del texto al Generalísimo Francisco Franco.
Cumpliendo las instrucciones de Trujillo, el Padre Posada resolvió el impasse con la Santa Sede en breves días, dejando listo el escenario para la firma del Concordato, la cual se llevaría a cabo cuatro meses después.
En todo el proceso estuvo muy involucrado el Dr. Joaquín Balaguer, quien desde el 1 de agosto de 1953 pasó de su función de secretario de Educación, Bellas Artes y Cultos a la de secretario de Relaciones Exteriores, cargo que desempeñó por espacio de 18 meses, como él mismo confesara, concentrando sus responsabilidades “en las discusiones que se celebraron tanto en Roma como en Ciudad Trujillo, para la suscripción del Concordato, de fecha 16 de junio de 1954, con la Santa Sede”.
Mediante el decreto No. 9934, de fecha 18 de mayo de 1954, Trujillo se hizo investir por su hermano Héctor Bienvenido (Negro), quien al momento ocupaba por procuración la presidencia, con carácter de embajador extraordinario en misión especial para representar al estado dominicano en la firma del Concordato, ceremonia llevada a efecto el Vaticano el 16 de junio de 1954. Trujillo llegó a Roma desde España, donde se encontraba por aquellos días como huésped distinguido en visita oficial al generalísimo Francisco Franco.
Por parte de la Santa Sede, y en calidad de plenipotenciario de Su Santidad, el Papa Pío XII, rubricó el mismo S. E. Monseñor Doménico Tardini, Secretario de Estado Vaticano.
En su discurso de rigor ante el representante papal, Trujillo expresó: “ …este Concordato es de grandísima importancia tanto para el engrandecimiento espiritual de la República Dominicana, así como para la cruzada que hemos emprendido desde hace tiempo contra las fuerzas del comunismo que se empeñan en destruir la civilización cristiana”.
El Congreso Nacional mediante Resolución No. 3874 de fecha 1 de julio de 1954 otorgó su aprobación al Concordato. El canje de ratificaciones se efectuó el 6 de agosto del mismo año entre el entonces canciller Joaquín Balaguer y el nuncio apostólico de Su Santidad monseñor Salvatore Siino.
En las postrimerías de la era trujillista y especialmente tras la crisis surgida entre el tirano y la Iglesia tras la publicación de la carta pastoral en enero de 1960 y la denegación a Trujillo del anhelado título de “Benefactor de la Iglesia”, fue constante la amenaza del régimen de denunciar unilateralmente este instrumento vinculante, pero este aspecto rebasa los alcances de las presentes entregas y será objeto de tratamiento en esta columna en otra ocasión oportuna.