La verdadera carga tributaria que soporta la población está entre 21 y 24% del PIB, muy lejos del 14% que dice el Gobierno. En otras palabras, entre un 50% y 60% más de lo que dicen las cifras de recaudaciones.
Esta sería la posición hoy del célebre y polémico economista Milton Friedman, máximo exponente del monetarismo y de la escuela de Chicago. Me permito parafrasear al sabio profesor:
La verdadera carga tributaria que pagan las personas es el Gasto del Gobierno, no los impuestos. La razón es que los presupuestos siempre están balanceados: si el Gobierno gasta 100 pesos y recauda 50, los otros 50 los cubre con endeudamiento (o en años recientes: con adelantos de impuestos, es decir con deuda que asume el recaudador con los contribuyentes); o en algunos casos con inflación, (que por suerte no es el caso en nuestro país).
Por eso Friedman decía: “Mantengan sus ojos sobre una cosa y solamente una, el tamaño del Gobierno. Lo que no se paga ahora con los impuestos, se está pagando con deuda que en el fondo significa más impuestos en el futuro”. ¿Quién paga la deuda al final? La misma población que paga los impuestos.”
Dada esa razón, para Friedman la verdadera carga tributaria de la población no son los impuestos que paga ahora, sino el gasto del Gobierno, el cual se salda con impuestos ahora y en el futuro. Hay una pregunta que en este marco debemos hacernos: ¿Cuál es el tamaño actual del Gobierno y a dónde vamos en el muy corto plazo?
El monto de gasto presupuestado para este año es de 19.5% del PIB. Pero el Gobierno ha dicho que el aumento de impuestos que será sometido en los próximos días, se utilizará para aumentarlo en al menos RD$ 110,000 millones. Esto equivale a que el gasto subirá luego de la reforma fiscal en 1.5% del PIB adicional. Con este monto el gasto público llegaría a 21% del PIB en el muy corto plazo: 2025 o 2026.
¿Pero a qué aspira el Gobierno? En su propuesta fiscal de octubre del 2021 identificó necesidades de Gasto Público por un monto de 5.3% del PIB. Como el gasto ejecutado en ese año fue de 18.3% del PIB, el gasto potencial o aspiracional sería de 23.6% del PIB. Digamos que este es el monto a que aspira el Gobierno en el mediano plazo.
Volviendo a Friedman, este es el monto de la carga tributaria que soporta la población, porque ese gasto habrá que pagarlo en algún momento. La deuda nos permite posponer el pago por un tiempo, pero si los ingresos no aumentan para poner la deuda en una trayectoria decreciente, entonces podemos estar seguros de que en el futuro cercano los impuestos serán aumentados otra vez. Es triste, pero esa es la realidad.
Aquí vemos el terrible dilema del Gobierno para conciliar los dos objetivos que tiene y que se contraponen. Quiere aumentar el gasto a la vez que reduce el déficit (y la deuda). En ese contexto se requerirá entonces una reforma de al menos 3% del PIB.
Si como se ha dicho hasta ahora el Gobierno va por una reforma de 1.5% del PIB y lo gasta todo, entonces el problema del déficit y la deuda se quedará igual. No hay cambio.
Pero, claro, tampoco es cierto que el Gobierno se centre en esos dos objetivos solamente. Porque si fuese así, el problema sería hasta menos difícil. El reto es que la reforma no se lleve de encuentro la estabilidad política y social del país, que junto a la estabilidad macroeconómica han sido los pilares de nuestro buen desempeño en las últimas décadas.
Vamos años atrás, pues cualquiera podría preguntarse: ¿Y cómo se explica el aumento del gasto público a partir del año 2000? Una razón son las crisis, las cuales hacen aumentar el gasto de manera permanente:
- En el año 2000 el gasto público total fue de 12.8% del PIB, pero al 2004 cerró en 16.6%, en parte debido a la crisis bancaria. Con la crisis del petróleo del 2008 el gasto llegó a 18.7% del PIB y aunque bajó no lo hizo al nivel anterior, sino que se quedó un poco más alto.
- Algo similar pasó con el COVID: en 2020 el gasto aumentó mucho y luego bajó, pero se quedó a un nivel superior al 2019.
También nos hemos dado un marco institucional de países desarrollados: tenemos Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral; Cámara de Cuentas y Contraloría; Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional; tenemos Defensor del Pueblo (el ombudsman de los países nórdicos); tenemos un Congreso bicameral cuando la mayoría de los países similares lo tienen unicameral. Tenemos 31 provincias, 158 municipios y 235 distritos municipales. Todo esto con una recaudación inferior al 14% del PIB.
Pero también acogimos una Estrategia Nacional de Desarrollo que se diseñó con un gasto público creciente para atender las necesidades de infraestructura, salud, educación, asistencia social y muchas otras más que demanda un país en crecimiento y con una población vulnerable que requiere intervención del Gobierno.
De hecho, nos hemos quedado cortos en cuanto a las metas previstas en la Estrategia (Ley 1-2012). Para el 2025 el gasto en educación en lugar de 4% debió ser 6.5% del PIB y el gasto en salud, 4.5% en lugar de alrededor del 2% del PIB que tenemos ahora.
A esto hay que sumarle que la inversión pública está a niveles insosteniblemente bajos, cercanos en promedio al 2.5% del PIB, cuando necesitamos el doble.
La deuda es la que ha compensado. Y como bien decía Friedman, las deudas son simplemente más impuestos que algún día el Gobierno pondrá a la población. Ya llegó ese día.