En el 2020 el Archivo General de la Nación (AGN) publicó uno de los documentos más relevantes sobre las víctimas de la dictadura de la prolongada y cruel dictadura de Trujillo (1930-1961) que padeció la República Dominicana, cuyo título encabeza este artículo. Su poder maléfico poseía tal magnitud que trascendió las fronteras nacionales y se extendió allende los mares donde fueron asesinadas diversas personas: Cuba (Pipí Hernández y Mauricio Báez), Venezuela (atentado contra Rómulo Betancourt), Estados Unidos (Sergio Bencosme, Andrés Requena, Jesús de Galíndez) y México (José Almoina y atentado contra Tancredo Martínez).

Además de identificar los nombres de los cientos de personas afectadas, el texto compendia las variadas modalidades de violencia y opresión practicada por el régimen despótico tales como apresamientos, torturas y condenas por motivos políticos, asesinatos y desapariciones; expropiaciones de bienes por el dictador, familiares y allegados, persecuciones, asilos, deportaciones, repatriaciones y un amplio número de personas ubicadas en la categoría de desafectos del régimen. (1)

Además, desde antes de juramentarse como presidente de la República, el 16 de agosto de 1930, el general Rafael L. Trujillo había dejado una larga estela de crímenes de sus eventuales opositores que fueron denunciados por el general Desiderio Arias en un Manifiesto publicado el 10 de junio de 1931.

Un aspecto que sobresale en este libro fueron las expropiaciones de los bienes materiales ejecutadas por allegados, militares, familiares de Trujillo a los “conspiradores” contra la dictadura, aspecto en el cual el dictador continuó la práctica iniciada por otro dictador, Ulises Heureaux, quien las ejecutaba personalmente. (2)

Asimismo, se reproducen las numerosas reclamaciones que hicieron los familiares de las víctimas de los bienes expropiados, sobre todo durante el gobierno del Consejo de Estado, presidido por Lic. Rafael F. Bonnelly (18 de enero de 1962 y 27 de febrero de 1963).

El libro documental contiene la más importante relación de dominicanos desaparecidos, torturados y asesinados publicada hasta el momento. Algunos historiadores han estimado que los asesinados y torturados durante el régimen ascienden a 50,000, aunque es evidente que nunca se sabrá con precisión la cifra exacta pues muchos crímenes y desapariciones no están documentados. En otros casos el aparato represivo eliminó las huellas y cualquier otra evidencia para encubrir a los actores involucrados.

Citaremos varios crímenes ocurridos en la ciudad de Mao que no están documentados. Por ejemplo, cuando publiqué la segunda edición de mi libro Revueltas y Caudillismo. Desiderio Arias frente a Trujillo (Santo Domingo, Búho, 2010) hice ingentes esfuerzos para localizar alguna documentación en el Fondo Presidencia del AGN sobre este crimen. Cuando por fin apareció la caja que se suponía contenía los papeles, ¡Eureka! exclamé, la misma se hallaba vacía.

Al eliminar al caudillo Desiderio Arias, el 20 de junio de 1931, también liquidaron de forma simultánea a otras personas de las que no existe ninguna documentación. Este es el caso de Chicho Rodríguez, uno de los seguidores de Arias, a quien torturaron y luego asesinaron en la comunidad de Pretiles. También asesinaron a Salomón Haddad y a su hermano Nassin Haddad, a Virgilio Reyes y a un haitiano solo conocido como Makén. El general Arias fue despojado de una finca de arroz, ubicada en Pretiles, donde Trujillo luego fundó una granja agrícola.

Otros dos seguidores del general Arias también fueron liquidados en Mao. El primero de ellos, el comerciante Santiago Espaillat Ulloa, un seguidor del general Arias y padre del eminente oftalmólogo Dr. Arnaldo Espaillat Cabral, quien cayó abatido el 1 de julio de 1932 por el teniente Andrés Tejada en complicidad con otro sujeto solo conocido como Teodorito. (3) Al segundo, Amado Colón, lo eliminaron sin dejar rastro alguno. Su muerte se atribuyó a los tenientes José Eugenio Veras (Chugén) y a Andrés Tejada.

En 1932 fue asesinado en Mao el señor Francisco Aguilera, nativo de Santiago, quien estaba sentenciado a muerte por la dictadura por su condición de militante del Partido Republicano de Rafael Estrella Ureña. Ignorando esta condición, el general Antonio Jorge logró su designación como Juez Alcalde de Mao. El “servicio” se lo asignaron al teniente Veras (Chugén) quien se presentó a su casa temprano en la madrugada con el pretexto de que debía resolver un problema judicial, pero en el trayecto lo asesinó y lanzó su cadáver al canal Bogaert. (4)

Santiago Espaillat Ulloa (1890-1932)

El crimen de Panchito Madera: Los médicos no solo salvan vidas

Otro sonoro crimen del que no existe ninguna evidencia documental, fue el del hacendado Francisco L. Madera Rodríguez (Panchito), amigo íntimo del general Arias e incluido entre los entre los desafectos del régimen, a quien asesinaron por negarse a entregar unas tierras de su propiedad que el dictador Trujillo requería para construir el ingenio azucarero de Esperanza.

A Panchito Madera intentaron asesinarlo en su finca de El Junquito, pero solo lo hirieron levemente, y el 10 de noviembre de 1955 fue apresado por miembros del Ejército que lo trasladaron al hospital José María Cabral y Báez de Santiago. La versión más socorrida indica que Madera murió de una embolia gaseosa que le provocó el director del hospital, el doctor Antonio Paulino, con experiencia en esta modalidad de crimen, al inocularle aire por una de sus venas.

Alguien presente en el hospital, el señor Germán A. Polanco, declaró que Madera llegó por sus propios pies al lugar, sin ningún síntoma evidente de estar enfermo, y veinte minutos después se divulgó la noticia de su fallecimiento. (5)

Un médico presente en el lugar ofreció al periódico La Verdad una versión más precisa y verosímil, según la cual Madera llegó en una ambulancia al hospital el 10 de noviembre de 1955, a las diez de la mañana, con una herida leve en la cabeza producida por un perdigón, que certificó el médico legista, doctor Rafael Tolentino.

De acuerdo al testimonio del médico, en el hospital Madera fue recluido en el privado número cinco donde logró verlo “amarrado a la cama, en estado sincopal y sudando copiosamente”, le pidió que le secara el sudor, le explicó que lo habían sacado de su finca en Mao e insistía en hablar con algún familiar, pero en ese momento llegó el doctor Paulino quien le ordenó visitar otro paciente aquejado de problemas cardíacos, con lo cual solo procuraba alejarlo del lugar.

El médico desoyó la orden de alejarse de su superior y al poco tiempo vio que a la misma penetraban, en compañía del doctor Paulino, el teniente coronel Miguel F. Rodríguez Reyes, comandante de la fortaleza de Mao, el capitán Fernández, del cuerpo médico militar y un policía de apellido Ramírez, que había laborado como practicante (enfermero).

Según reveló este médico, el doctor Paulino le solicitó estricnina al doctor De la Cruz, médico sanitario de la provincia, quien rehusó entregarla si la misma no se hacía por escrito. Ante la negativa, el doctor Paulino acudió a la farmacia Caridad cuyo propietario recordaba perfectamente cuándo le entregó la mortal sustancia. (6)

Francisco L. Madera Rodríguez (1890-1955)

En 1962 una Comisión de hacendados de la provincia Valverde, compuesta por Eduardo Guillermo Bogaert Román (1903-1981), Pedro Nicasio, Arsenio Franco hijo y Francisco Esquines Madera Domínguez (1935-2002), primo hermano del coronel Rafael T. Fernández Domínguez, se entrevistó con el presidente del Consejo de Estado, Rafael F. Bonnelly, para reclamarle la devolución de las tierras que ocupaban los cañaverales del Central Esperanza ya que eran los legítimos propietarios, pues habían sido desposeídos “violentamente” de ellas por Trujillo, compradas a “precio irrisorio”, y en otros casos no se les entregó ninguna recompensa.

Los miembros de la Comisión declararon que durante la Era de Trujillo cayeron en la ruina debido a que las aguas del canal Esperanza fueron empleadas exclusivamente para irrigar la caña.

Declararon que muy pocos propietarios de tierras rehusaron entregar sus tierras ante “el pavoroso cuadro de los campesinos de Boca de Nagua que no quisieron vender sus propiedades para fomentar las fincas arroceras de allí bajo la dirección del sanguinario Rafael A. Espaillat, que ahorcó 68 agricultores. Los miembros de la Comisión pusieron como ejemplo a don Panchito Madera quien se opuso radicalmente a entregar sus tierras y el dictador decidió eliminarlo. Calcularon en 70 mil tareas la cantidad de tierras expropiadas por Trujillo. (7)

Durante la dictadura de Trujillo los desafectos o “conspiradores” contra la dictadura comprometían también a sus familiares. En octubre de 1958, para poder cursar estudios en un hospital de Baltimore, la doctora Mercedes A. Madera Cabral tuvo que pedir autorización al entonces presidente Héctor B. Trujillo ya que poseía impedimento por ser pariente de Francisco J. Madera Cabral, María Madera Rodríguez (Tina), viuda Fernández, Isis Madera Rodríguez, Diana Madera de Martínez, Francisco Esquine Madera y Estela Madera de Manzueta, hijos de Panchito Madera, quienes figuraban como opositores del Gobierno. (8)

Referencias

(1) Bernardo Vega, Unos desafectos y otros en desgracia, Santo Domingo, Fundación Cultural Dominicana, 1986.

(2) Aunque no aborda este tópico, el historiador Emilio Cordero Michel publicó un interesante ensayo titulado “Lilís y Trujillo. Algunas similitudes y diferencias en sus vidas, dictaduras y ajusticiamientos”, Clío, año 84, No. 189 (enero-junio 2015).

(3) La Información, 1 de julio de 1932. Chaguito formó parte del grupo que enfrentó a los guardias que llegaron a Mao para asesinar al general Arias. Su misión consistía en desviar la atención de estos para darle tiempo a su líder a buscar un refugio en la sierra de Gurabo.

(4) Rafael Darío Herrera, La agitada vida de Rafael Estrella Ureña, Santo Domingo, Editora Búho, 2018, p. 106.

(5) La Verdad, órgano de difusión de la Unión Cívica Nacional, 16 de enero de 1962.

(6) La Verdad, 9 de febrero de 1962.

(7) El Caribe, 14 de marzo de 1962.

(8) AGN, Catálogo de víctimas de la dictadura de Trujillo en los fondos del Archivo General de la Nación, p. 222.