Mientras los años del neoliberalismo de la política de Reagan en Estados Unidos y la Thatcher en el Reino Unido son reemplazados por una política pública que intenta resolver los problemas que creó la desregulación y la excesiva libertad de las empresas, en nuestro país llega con renovada fortaleza, de la mano de la social democracia criolla, la tercera ola de privatización de los activos y empresas públicas que aún quedan en poder del estado.
Mientras el presidente americano Joe Biden se propone enfrentar el problema del cambio climático mediante una política industrial que persigue reducir a la mitad las emisiones de efecto invernadero que tendrá desbordamientos tecnológicos que impulsarán el crecimiento económicoa través de su política bautizada como Reconstruir Mejor (Build Back Better) (M. Mazzucato: Public Purpose: Industrial Policy’s Comeback and Government’s Role in Shared Propsperity, Forum, Boston, 2021); el gobierno dominicano se plantea un gobierno neoliberal que deja la dirección de la política de desarrollo a expensas de las fuerzas del mercado, justamente cuando esa tendencia está cambiando de dirección en el mundo desarrollado.
Por consiguiente, las asociaciones público-privadas (APPs) ocuparán el lugar del gobierno para corregir la ineficiencia de las corporaciones públicas y, de esta manera, enfrentar la falta de recursos públicos. No obstante, una serie de estudios que se llevaron a cabo en varios países africanos por Faranak Miraftab en 1998 y, otros realizados previamente a ese año, por el capítulo comunitario del Programa Desarrollo de las Naciones Unidas en varios países África, América Latina y Asia, concluyeron que existen discrepancias entre los resultados teóricos propuestos por el uso de APPs y los resultados efectivamente obtenidos, Miraftab, 2004.
Independientemente de estos resultados, la presente administración del gobierno decidió implementar un conjunto de proyectos de inversión pública que guardan relación con intereses económicos privados, caracterizados por una débil relación con los objetivos de desarrollo contemplados en la Ley No. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD).
Contrariamente a las metas de fortalecimiento institucional contempladas en esa Ley, el gobierno que encabeza Abinader, sus empresarios a cargo de ministerios, gabinetes especiales y sus asesores, optaron por desechar la experiencia acumulada en el MEPYD en la administración de proyectos de inversión pública (selección, evaluación económica y social, así como su supervisión), y sustituirlos por asociaciones público-privadas (APPs).
Incluso, esta decisión pasó por alto que el país no cumple con la fortaleza institucional y la efectividad de la ley (rule of law) que, según expertos internacionales, resulta ser un prerrequisito indispensable para el buen funcionamiento de los contratos APPs (Engel, Fischer y Galetovic: Economía de las Asociaciones Público-Privadas: Una Guía Básica, FCE, México DF, 2014), Pistor, Raiser y Gelfer (2000). Según la lógica de este gobierno, se trabajará con las APPs para lograr eficiencia de la inversión pública, tan sólo por el hecho de ser administradas por empresarios dominicanos. No obstante, desde 1969 hasta la fecha, muchas de las empresas dominicanas permanecen en el mercado por las leyes de exenciones fiscales otorgadas por los gobiernos, que aún no reflejan incremento de su productividad y ganancia de competitividad en los mercados internacionales; en otras palabras, estas empresas no se caracterizan por su eficiencia.
La literatura sobre la experiencia de las APPs en América Latina revela que, en algunos sectores como el del agua, se han producido fracasos en países subdesarrollados, los cuales han sido reportados por varios autores (Zhang, 2004a, 2004b; Ameyaw y Chan, 2015, Kumaraswamy y Zhang, 2001). Los proyectos realizados con APPs tropezaron con algunos inconvenientes, tal como el de la viabilidad y correcta identificación del proyecto, fortaleza de consorcio responsable, la solución técnica propuesta, la diferenciación de los paquetes financieros y la diferenciación de garantías (Zhang, 2019).
De la misma manera, la revisión del funcionamiento de los proyectos APPs en materia de agua revelaron la pobre administración de los proyectos (Prasad, 2006; Wibowo y Mohamed, 2010), disputas durante su ejecución y terminación temprana de los contratos (Pigeon et al., 2012; Lobina et al., 2014. Kayaga (2008) encontró evidencia en países subdesarrollados que los proyectos APPs enfrentaron cancelaciones y conflictos durante su ejecución.
La experiencia dominicana con APPs ha sido funesta. La debilidad de los contratos creó incertidumbres que permitió la monetización de los riesgos privados, lo que incrementó el gasto público, el déficit fiscal del sector público y la deuda pública. Tal fue el caso de la Carretera Santo Domingo-Samaná, en el que el sector privado, mediante la inclusión de la cláusula de ingreso mínimo garantizado, legitimó su tasa interna de retorno de alrededor de 16.0% con recursos aportados por el presupuesto público, es decir por los contribuyentes.
Con características similares se plantea el Contrato de Fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, en el cual, con garantía soberana del estado dominicano, autoriza al sector privado el endeudamiento de hasta un cien por ciento del valor total de los activos aportados por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) a la fiduciaria del Banco de Reservas, sin ningún tipo de responsabilidad administrativa, financiera ni penal del Comité Técnico por los errores que pudiera cometer. Todos los riesgos los lleva el sector público, lo que resulta altamente conveniente para el sector privado. Y una suerte similar correrá el Fideicomiso de Pedernales.
El retorno al neoliberalismo del gobierno de Abinader, en el marco en que los países más desarrollados de la tierra están de regreso a la regulación de los mercados y al diseño de políticas públicas orientadas a resolver problemas que detienen el crecimiento y el desarrollo económicos, es una señal inequívoca de debilidad política frente a la ineficiencia privada instalada en el gobierno para diseñar políticas públicas que las mantengan a flote en los mercados y en perjuicio de la gente. Reflexione señor presidente.