En los últimos días hemos visto un esfuerzo concertado de parte de extremistas religiosos, tanto católicos como evangélicos, por crear un pánico moral en la población en torno a los acuerdos a ser firmados por la RD en la 52 Asamblea de la OEA que tendrá lugar en Lima del 5-7 de octubre. Según estos extremistas, que hace tiempo transitan por los caminos de la posverdad, la OEA “pretende obligar a la República Dominicana” a suscribir un documento a favor del “aborto universal”, la ideología de género, el matrimonio homosexual, la eliminación de la patria potestad y la educación sexual integral. Esto último, según su imaginación febril, en aras de sexualizar a los niños incentivando así la pedofilia y la pederastia (con lo que demuestran, sobre todo los católicos, no tener sentido alguno de la ironía).

 

Basta revisar la supuesta “evidencia” documental que los promotores de este pánico moral han estado subiendo a las redes para darse cuenta de que nada de lo anterior guarda relación alguna con la realidad. Se trata de un entramado de mentiras que está siendo propagado de manera coordinada por la derecha religiosa en muchos países de la región y que alcanza niveles tan demenciales que hasta Vinicito le sacó el cuerpo.

 

La derecha religiosa fue pionera en el uso de los fake news, sobre todo en relación al aborto -por ejemplo, durante años han repetido el cuentazo de que las organizaciones locales pro-derechos reciben millones de dólares de parte de una supuesta multimillonaria industria internacional del aborto-. Y una de las razones por las que siguen repitiendo compulsivamente sus embustes es porque muchos periódicos y televisoras locales se los difunden, sin preocuparse por verificar que las declaraciones sean mínimamente ciertas. Les bastaría con entrar a la página correspondiente de la OEA para ver los documentos en cuestión, lo que hasta ahora ninguno de estos medios parece haber hecho. Tampoco parece haberlo hecho el grupo de legisladores que el miércoles 28 dio a conocer un comunicado lleno de falsedades en el que denuncian, entre otros delirios, “la intromisión ilegal de la OEA” en los asuntos dominicanos.

 

Además de los medios corporativos, el arma más potente de la derecha religiosa son las redes sociales, que es donde empezó el ataque mediático el pasado domingo, con el video de una líder anti-derechos que circuló ampliamente y a la que pronto se sumaron otros personajes, tanto católicos como evangélicos. Mencionemos entre ellos al líder de multitudes Ezequiel Molina, el mismo que considera a Trump “un instrumento de Dios” y lo compara con Ciro el Grande. Poco después se le unió Víctor Masalles, gran admirador de Viktor Orban de Hungría y razón principal por la que le deseo larga vida al papa Francisco. Y el oportunismo político no tardó en decir presente, primero con la intervención en el Congreso de la diputada Fior Daliza Peguero y luego con el documento antes citado de la coalición de diputados.

 

¿Qué persiguen todos ellos con esta campaña de desinformación y mentiras? Los que conocen las interioridades de los organismos multilaterales saben que la triste realidad es que los derechos humanos -de las mujeres y de otros grupos- hace décadas están a la defensiva ante la embestida de los fundamentalismos religiosos. En la OEA, en específico, hace años opera una poderosa alianza continental de organizaciones de ultraderecha religiosa, muy bien coordinada y financiada, que con gran éxito ha bloqueado los intentos no ya de promover nuevos derechos sino de preservar los alcanzados en la década de los 90 y que están bajo ataque permanente en todos los foros internacionales.

 

Pero más allá de su estrategia en la OEA, veamos sus objetivos inmediatos en el país, para lo que resulta de utilidad ver las demandas que han acompañado los ataques de los últimos días. El primero es presionar para que se destituya a la Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, que encabeza la delegación dominicana junto al representante permanente ante la OEA, Josué Fiallo. Este es un viejo reclamo de los sectores conservadores, que sueñan con un Ministerio de la Familia desvinculado de los derechos de las mujeres y dedicado por entero a la promoción de sus agendas retrógradas. Una segunda demanda, planteada por el presidente del Concilio de Iglesias Pentecostales de Jesucristo, es que se incluya la “educación bíblica” en las escuelas, para lo cual ponen a disposición del MINERD un cuerpo de instructores especializados en la materia. En el caso de la coalición de diputados, el objetivo evidente es sacar capital político de la situación, presentándose ante la ciudadanía como los defensores de la moral y la soberanía nacionales.

 

Pero creo que el objetivo más importante es poner a Abinader sobre aviso de que la ultraderecha religiosa está organizada y por cualquier cosa le arma un reperpero. El metamensaje es claro: o se mantiene el status quo -sin 3 causales, sin educación sexual, sin respeto a los derechos de la diversidad sexual- o las iglesias van a usar sus púlpitos y los políticos sus curules para complicarle la campaña electoral a Abinader. La “crisis” que se acaban de inventar pone de manifiesto hasta donde son capaces de llegar.

 

Hasta ahora el presidente ha sido en extremo complaciente con la derecha religiosa, tanto en su versión católica como protestante. El peligro es que, en su búsqueda de apoyo releecionista, Abinader se deje allantar por estos extremistas y nos haga retroceder todavía más en materia de derechos.