Entre los múltiples y variados factores que provocaron el descontento de la población dominicana contra la anexión a España, y el consiguiente inicio de la Guerra Restauradora, resaltan los desmanes perpetrados por el arzobispo Bienvenido Monzón Martín contra arraigadas costumbres tanto del pueblo como del propio clero nativo.
El arzobispo Monzón, quien había llegado al país el 1 de agosto de 1862, vulneró el principio de libertad de conciencia y de cultos pues embistió de manera brutal la francmasonería nacional, de gran arraigo en la población, intentó cerrar las logias y apoderarse de sus archivos. El mitrado, imbuido de la más ancestral ortodoxia católica, procedió a clausurar las iglesias metodistas de Puerto Plata y Samaná. En esta última localidad residían 302 personas protestantes de ambos sexos y 18 metodistas, y ambas iglesias operaban amparadas en tratados celebrados con naciones extranjeras. Para ejecutar esta acción se alegó que la Constitución española vigente no permitía el culto público no católico ni en la metrópoli ni en sus dominios.
La cuarta parte aproximadamente de la población de la península de Samaná y la más importante del comercio de Puerto Plata profesaban dicha religión, pero la prohibición de que dichas familias ejercieran libremente su culto provocó una gran desazón entre sus feligreses quienes “devoraron su disgusto en el silencio” afirma González Tablas.
El Arzobispo afirmó conocer los ritos y estatutos de la francmasonería, sus insignias y títulos de acuerdo a los grados, y que por otros datos pudo deducir que su accionar en Santo Domingo ha sido condenada y anatemizada en diferentes oportunidades por la iglesia. Que como sociedad secreta la francmasonería es reprobada por las leyes civiles españolas y castigada por el código penal vigente en la isla. “Las diatribas del ilustre prelado español contra la francmasonería, afirma el historiador César A. Herrera, salpicaron la historia de improperios indignos del recato de un ministro del señor”. (1)
Sobre la francmasonería, el historiador Ramón González Tablas afirma que esta había tenido en el país un carácter político más que religioso, y, por tanto, podía poner en gravísimo peligro el gobierno ya que los sujetos más influyentes de la isla se hallaban afiliados a ella. Con el poder que le otorgaban las íntimas relaciones, compromisos y juramentos que primaban entre ellos, además de los grandes medios de comunicación y de acción que les proporciona su organización secreta eran capaces de promover conflictos y aún revoluciones y cambios políticos sin que las autoridades puedan prevenirlo y remediarlo a pesar de su celo y vigilancia.
Contra el amancebamiento de las familias dominicanas
Durante el período de la Anexión a España en Santo Domingo los amancebamientos constituían la regla y el matrimonio la excepción. A juicio del cronista español Ramón González Tablas, en una nación de Europa esta condición hubiera deparado una idea de su moral pública, pero no en Santo Domingo donde desde la época del descubrimiento predominaba la poligamia que no desapareció por completo debido a que “los conquistadores no fueron más escrupulosos que los conquistados” y luego de establecerse la esclavitud las grandes propiedades se consideraban como el harem de sus dueños practicaban el derecho de pernada, una vieja práctica feudal, con las mujeres negras que en ellas se criaban. (2)
Las familias dominicanas, que desde la época colonial se hallaban en estado de amancebamiento debido a la carencia de sacerdotes que le brindaran asistencia espiritual, también fueron víctimas de Monzón ya que este trató de solucionar el problema apelando a medios coercitivos e inapropiados para obligarlas a casarse por la iglesia en un corto período de tiempo. Discriminó también los descendientes naturales de las parejas que mantenían relaciones maritales sin haber formalizado su matrimonio.
El historiador César Herrera destaca el impacto negativo que tuvieron las pastorales de Monzón en los pueblos fronterizos donde cohabitaban haitianos y domínico-haitiano, también conocidos como dominicanos étnicos o rayanos:
[…] contra los amancebamientos, la discriminación de los hijos naturales y la afrenta que se arrojaron desde los púlpitos parroquiales al rostro de muchos fervorosos cristianos cuyo único crimen era el haber procreado su prole al margen de la ley. Y como las mancebas no eran pocas y podían contarse por centenares los hijos ilegítimos afrentados no podemos dejar sin apuntar la repercusión que debieron tener en el espíritu revolucionario las ocurrencias y los desorbitados celos del arzobispo Monzón contra un estado civil tolerado por la sociedad y por los gobiernos y en cierto modo explicable por la tradición y el hábito feudal de la pernada que los colonos trajeron de la parte haitiana de la isla”. (3)
La embestida contra los sacerdotes nativos
Los curas nativos fueron agredidos brutalmente por el arzobispo Monzón a quienes trató como a “gente disoluta y depravada”. En principio, como ya ha sido resaltado, estos aprobaron sin rechistar el cambio de soberanía al producirse la Anexión. Su descontento vino cuando Monzón empezó a desplazar de sus respectivas dignidades y a reemplazarlos por sacerdotes importados de la península Ibérica, y sobre todo, sus ánimos se exacerbaron cuando este se inmiscuyó en su vida privada, que en muchos casos se consideraba muy relajada, ya que al igual que el resto de la población vivían también amancebados.
Los ingresos económicos de los curas nativos resultaron severamente afectados por las medidas dispuestas por Monzón. Estos percibían los derechos parroquiales sin tener que compartirlos con ninguna otra entidad. Para determinar los ingresos de los curas dominicanos, las autoridades españolas tomaron como referencia los ingresos de la parroquia de Sabaneta en la Región Noroeste, que no era una de las más ricas del país, ascendentes a 6,000 pesetas anuales, cálculos que realizaron a partir de documentos incautados en dicha parroquia durante los levantamientos contra los españoles en febrero de 1863.
El nuevo reglamento redujo los ingresos de los curas a tan solo 50 pesos anuales y los obligaba a entregar los demás ingresos al Arzobispado. La disposición incrementó la animadversión de estos no solo contra la iglesia sino también contra el propio gobierno español.
De acuerdo con el general José La Gándara cuando se produjo la anexión la mayoría de las logias de la capital y casi todas las de las demás provincias cerraron sus puertas para evitar ser perseguidos por las leyes españolas. Pero actitud no amainó los ímpetus represivos del arzobispo Monzón. En la carta pastoral del 1 de enero de 1863, dirigida por Monzón a los párrocos, y para que pudieran ejercer por un año su santo ministerio en bien y provecho de las almas la facultad de absolver a los casados incestuosos o que hubieran contraído matrimonio con el voto simple de castidad, así como aplicar a los moribundos verdaderamente arrepentidos una indulgencia plenaria. Además, autorizaba absolver de las penas y censuras eclesiásticas, mediante la confesión sacramental, a quienes se hallaban afiliados a las sociedades secretas de los masones, carbonarias u otras semejantes reprobados y condenadas por la iglesia, con la condición de que se separaran de dichas sociedades secretas o sectas, la abjuren y entreguen los libros, manuscritos e insignias que conservaran en su poder.
En la misma carta pastoral, Monzón ordenaba a los clérigos a contestar un interrogatorio sobre cuántos matrimonios legítimos había en la parroquia y de estos cuántos viven unidos y cuántos separados y por qué, cuántos son los que solo están civilmente y cuántos los que viven en notorio contubernio, o públicamente amancebados.
Tanto de los matrimonios separados sin la debida autorización como de los casados civilmente y de los públicamente amancebados, los curas debían mandar una lista nominal por separado a la secretaría de la Diócesis y al gobierno para los usos y efectos convenientes.
Asimismo, debían informar si en el radio de la parroquia hay algunos herejes, determinar su cantidad, origen y procedencia, a qué sector pertenecían, si celebraban públicamente su culto en alguna capilla o sitio determinado y si ejercían algún modo de propaganda entre los católicos. Les ordenaba averiguar de la existencia de algunos iniciados en las logias de masones carbonarios y otras sociedades secretas reprobadas por la Iglesia.
Además, la existencia de supersticiones en el pueblo, una vana observancia o cualquiera práctica abusiva o costumbre escandalosa, ya con motivo de algunos bailes y reuniones nocturnas, ya con ocasión de bodas o esponsales, de fiestas y de funciones o de cualquier otro pretexto.
Para el historiador César A. Herrera:
“Bastaría meditar un poco en el efecto que debió producir en la conciencia moral de la clase clerical dominicana la injerencia y la fiscalización que ejerció el prelado en la vida de ellos, no sin herirlos con amonestaciones y reconvenciones contra la deshonestidad del apostolado sacerdotal y con la forma como se permitió humillarlos hasta destruir sus derechos humanos y enrarecer sus medios de subsistencia, ya que los redujo a vivir conforme a una dotación fija de cincuenta pesos y la prohibición de recibir ningún emolumento por los servicios pastorales que presentasen”. (4)
Basándose en un informe de 1863 de la Dirección de Ultramar de España, que reprodujo Rodríguez Demorizi en su libro Relaciones domínico españolas, (1844-1859), publicado en 1955, los historiadores españoles Eduardo González Calleja y Antonio Fontecha Pedraza, colocan como una de las causas de los estallidos insurreccionales contra los españoles “la excesiva severidad del clero español, respecto del casamiento civil y muy particularmente la Pastoral del Señor Obispo contra los Masones”. (5)
En definitiva, las arbitrariedades y tropelías del arzobispo Bienvenido Monzón en Santo Domingo colocaron a la casi totalidad de los sacerdotes dominicanos en el bando de los patriotas que luchaban para restablecer la República Dominicana.
Referencias
1 C. A. Herrera, Anexión y Restauración, Santo Domingo, 2012, Archivo General de la Nación, vol. CLXXXIV y Academia Dominicana de la Historia, vol. CI, p. 129.
2 R. González Tablas, Historia de la dominación y última guerra de España en Santo Domingo, Santo Domingo, 1974, p. 84.
3 C. A. Herrera, Anexión y Restauración, p. 130.
4 Ibidem, pp. 126-128.
5 Véase su libro Una cuestión de honor. La polémica sobre la anexión de Santo Domingo vista desde España (1861-1865), Santo Domingo, Fundación García Arévalo, 2005, p. 124.