A una semana de la emisión de la sentencia Dobbs c. Jackson -mediante la cual la Suprema Corte de los Estados Unidos revocó una sentencia anterior que otorgaba rango constitucional al derecho al aborto- los especialistas empiezan a hablar del nuevo mapa del aborto en Estados Unidos. Las respuestas a la sentencia, en uno y otro sentido, han sido muy rápidas. Estados que han querido prohibir el aborto y estados que pretenden promoverlo han actuado para proteger y concretizar sus intereses. A pesar de que la sentencia no prohíbe el aborto (lo desconstitucionaliza, en palabras mías) el efecto inmediato de la sentencia será traducible en una nueva configuración del mapa geográfico del aborto en Estados Unidos que seguramente implicará dificultades de acceso a alternativas abortivas.

Según conocedores del tema del aborto, actualmente los estados se pueden clasificar en 5 categorías, a saber, (i) estados que tienen trigger laws (leyes gatillo) que convertirán en ilegal el aborto cuando se cumpla la condición (ya cumplida) de que la sentencia del caso Roe v. Wade sea revertida; (ii) estados que tienen leyes viejas (anteriores a Roe) que prohibían el aborto; (iii) estados que no han prohibido por completo el aborto pero que han pasado leyes muy restrictivas para el aborto; (iv) estados ‘fluctuantes’ o indefinidos y (v) estados protectores del aborto.

Entre los estados que tienen trigger laws figuran varios ubicados en el sur y en el este de los Estados Unidos. Tan pronto se produjera la revocatoria de Roe las leyes gatillo de esos estados convertirían en ilegal el aborto (de forma inmediata o con un breve periodo de espera, según el caso). Los estados que tienen leyes condicionadas son Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming. En Utah, Ohio y Luisiana se han interpuesto demandas para impedir la entrada en efecto de estas leyes gatillo. En el caso de Luisiana, de hecho, un juez ha bloqueado temporalmente la aplicación de la ley y ha ordenado la celebración de una audiencia para el próximo 8 de julio. Todas las leyes gatillo de estos estados tienen excepciones para salvar la vida de la madre y algunos cuentan con excepciones para situaciones derivadas de violación. En estos estados el aborto por medio de píldoras abortivas también está prohibido, pero la facilidad para ordenar y transportar estas píldoras (se pueden ordenar por Internet y llegan al correo de cada quien) dificultará la labor de fiscalización del correspondiente estado. Lo anterior probablemente contribuirá a popularizar un mecanismo (ilegal, en principio) para practicar abortos. Por ejemplo, a partir de la entrada en vigencia (septiembre de 2021) de una ley de Texas que prohibía el aborto a partir de las 6 semanas, los abortos en clínica se redujeron en un 50% pero la compra de píldoras abortivas se triplicó.

Otro grupo de estados en EE.UU. tienen leyes viejas (anteriores a Roe) que prohibían el aborto. Cuando se emitió la sentencia Roe la mayor parte de estados de EE.UU. prohibían el aborto. Algunos de estos estados mantienen esas leyes. Wisconsin, por ejemplo, tiene una ley de 1879 que prohíbe el aborto. Al margen de la validez de esa ley en ausencia de Roe, todas las clínicas de aborto en Wisconsin cerraron como medida preventiva para proteger su responsabilidad legal (y penal, eventualmente). Michigan y Alabama tienen leyes parecidas.

En el tercer caso (estados que no han prohibido por completo el aborto pero que han pasado leyes muy restrictivas para la mujer) incluye estados como Ohio, el cual promulgó una ley prohibiendo los abortos después de las seis semanas de gestación. Estos estados probablemente se muevan hacia la prohibición total del aborto. Ohio, igual que otros estados, han promulgado leyes como estas y también tienen trigger laws.

En el caso de los estados ‘fluctuantes’ o indefinidos, el futuro inmediato no es completamente predecible. Entre estos se cuentan Florida y Kansas City. La Suprema Corte de Kansas ha establecido que en la constitución del estado de Kansas hay un derecho al aborto, pero el próximo 2 de agosto se someterá a votación una enmienda constitucional para que los electores decidan si se ‘desconstitucionaliza’ la protección del derecho de aborto en Kansas o si, por el contrario, se mantiene la protección constitucional.

Por último, ciertos estados mantienen la protección al aborto y han diseñado esquemas de respuesta a la sentencia Dobbs. En California, por ejemplo, se pretende constitucionalizar la protección al aborto. En Oregon existe una ley que contempla brindar asistencia financiera a mujeres de otros estados que vayan a practicarse abortos a ese estado. En Connecticut se protege a los proveedores de abortos de extradición a otros estados por posibles faltas cometidas en la práctica de aborto (si, en Estados Unidos hay extradición de un estado a otro).

No obstante lo anterior, el efecto de la sentencia Dobbs no se limita a los estados en los que se tiene pensado restringir o prohibir el aborto. El temor de mujeres de perder acceso al aborto es tal que esta semana la cadena de farmacias CVS limitó a tres paquetes por clientes (al menos por unos días) el expendio de Plan B, un anticonceptivo de emergencia. En el corto plazo, cuando menos, la sentencia tendrá un notorio impacto respecto del acceso al aborto hasta tanto no se produzca la reconfiguración completa del mapa del aborto en EE.UU.