El debate sobre el aborto en la República Dominicana se encuentra estancado en una polarización infructuosa, donde la retórica dogmática y emocional impide un análisis racional y compasivo de una problemática que afecta profundamente a miles de mujeres y niñas. Es hora de romper el silencio y abordar el tema con la seriedad y la profundidad que merece.
En la República Dominicana, la prohibición absoluta del aborto condena a mujeres y niñas a situaciones de sufrimiento extremo y riesgo de muerte.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se realizan alrededor de 90,000 abortos clandestinos en el país, muchos de ellos en condiciones insalubres y peligrosas. Esto convierte al aborto clandestino en la tercera causa de muerte materna, una cifra alarmante que evidencia el fracaso de la política actual.
La negación por parte del Congreso de incluir en el Código Penal el derecho a decidir sobre su propio cuerpo empuja a mujeres desesperadas a recurrir a métodos inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida. Las complicaciones derivadas de abortos clandestinos, como hemorragias, infecciones y perforaciones uterinas, llenan las salas de emergencia de los hospitales públicos, generando un costo económico y social enorme. Todo esto sucede bajo el amparo de un criterio religioso que afecta por igual a creyentes y no creyentes.
La oposición a las 3 Causales se basa en una visión religiosa que pretende imponerse a toda la sociedad, violando el principio de laicidad del Estado. La Constitución dominicana garantiza la libertad de conciencia y de culto, pero no permite que una creencia particular se convierta en ley para todos. La mayoría de los legisladores han convertido el Congreso en un refugio religioso, una especie de parroquia. El Código Penal demuestra la confesionalidad brutal del Poder Legislativo donde la penalización total del aborto se basa en el dogma arcaico de la encarnación del alma.
Las mujeres no pueden seguir siendo rehenes de una moralidad impuesta
Por su parte los religiosos se han radicalizado aún más, en una especie de cristianismo musulmán, donde los derechos de las mujeres simplemente no existen.
El debate sobre el aborto se desarrolla en tres niveles fundamentales:
1. Nivel sociocultural: Aquí chocan visiones sobre el inicio de la vida y el valor del embrión o feto. La postura provida, a menudo arraigada en creencias religiosas, considera el aborto como un homicidio y aboga por la protección del embrión desde la concepción. Otras posturas defienden la autonomía de la mujer y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
2. Nivel biológico: Este plano aborda el desarrollo del embrión y feto, así como los riesgos y complicaciones que enfrenta la mujer durante el embarazo. A pesar de los avances científicos, la ciencia médica no puede resolver por sí sola el dilema ético y moral que plantea el aborto.
3. Nivel jurídico: En este ámbito, se debate el derecho de la mujer a tener control sobre su propio cuerpo y la responsabilidad del Estado en proteger su salud y su vida. La legislación actual en República Dominicana, al prohibir el aborto sin excepciones, no solo restringe derechos fundamentales de las mujeres, sino que las expone a situaciones de riesgo y vulnerabilidad.
Ante esta compleja realidad, las 3 Causales se presentan como un punto de encuentro mínimo y aceptable para la sociedad dominicana. Permitir el aborto en casos de riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación no solo es un imperativo de salud pública, sino también un acto de justicia y compasión.
Según diversas encuestas, una mayoría de la población dominicana apoya la despenalización del aborto en las 3 Causales. Esto demuestra que gran parte de la sociedad reconoce la importancia de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, especialmente en situaciones de violencia sexual o riesgo para la vida. Según la Federación Internacional por los Derechos Humanos, más del 70% de la población dominicana está a favor de la despenalización del aborto en las 3 Causales. En adición a lo anterior y según los datos de la Encuesta Nacional sobre aborto publicados por la firma de investigaciones y encuestas Untold Research, el 79% de las y los encuestados apoya que no sea criminalizado el acceso al aborto cuando la vida o salud de las mujeres están en riesgo; 76% cuando el embarazo no es viable, es decir, no hay posibilidad de supervivencia fuera del útero; y 67% cuando el embarazo es producto de violación o incesto.
La oposición a las 3 Causales se basa en diversas posturas, incluyendo algunas de carácter religioso. Es importante recordar que la Constitución dominicana garantiza la libertad de conciencia y de culto, pero no permite que una creencia particular se imponga sobre toda la sociedad.
En conclusión, las 3 Causales son una medida imprescindible para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres y asegurar su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, seguros y dignos. La postura Provida, aferrada a dogmas religiosos y argumentos morales arcaicos, no tiene derecho a dictar una única moralidad a una sociedad tan diversa y pluralista como la nuestra. Es urgente que la República Dominicana avance hacia la despenalización del aborto en las tres causales, para garantizar el respeto absoluto a los derechos de las mujeres y prevenir los riesgos que amenazan su salud y su vida.
Las mujeres no pueden seguir siendo rehenes de una moralidad impuesta, su autonomía es sagrada, y sus decisiones deben ser respetadas sin excepción.