¿Qué sentido tiene el Estado si no protege, cuida y garantiza los derechos de la ciudadanía? ¿Para qué y por qué pagamos impuestos y le entregamos el monopolio de la fuerza a una entidad que no pone el foco en el bienestar y la justicia social?
Las preguntas vienen a cuento porque se discute cómo lograr la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos. Hay propuestas para fusionar ministerios y reducir o eliminar otras instancias. El desorden y el malgasto del dinero público nos han llevado a cierto consenso de que se necesitan cambios, transparencia y racionalidad en el uso de los fondos.
Pero la eficiencia en el uso de los recursos debe ser principalmente para garantizar los derechos ciudadanos, el bienestar y la igualdad. En ese sentido, debemos estar atentos y atentas a propuestas que buscan eliminar las pocas políticas públicas que promueven la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que buscan combatir la violencia machista y la desigualdad social en este país con tan altas tasas de feminicidio, violencia sexual y embarazo en adolescentes.
¿Se quiere hacer más eficiente el uso de los recursos para garantizar derechos como la educación, la salud y la seguridad (incluyendo la seguridad de las mujeres) o se quiere aprovechar la reforma para imponer una agenda antiderechos que premie la acumulación, en un país bastante desigual?
¿A dónde irán a parar los recursos que se ahorrarán con la reforma, en el caso de que efectivamente se produzca tal ahorro?
La discusión sobre la necesidad del ahorro no debe ocultar o minimizar otro debate pendiente: la construcción de derechos ciudadanos en un país con una economía imparable en el que da miedo enfermarse porque el derecho a la salud está condicionado al seguro médico que se pueda pagar.
Los derechos de las mujeres
Hay que hablar alto y claro, porque existe una tendencia a eliminar ministerios de la Mujer y de la igualdad en el continente, en la medida en la que avanza una ola antiderechos. Estos ministerios se han creado para hacer a las sociedades más democráticas porque, ¿qué tipo de democracia tenemos cuando se trata a parte de la población como ciudadanas de segunda categoría?
Como otras instancias gubernamentales, los ministerios de la mujer pueden tener los defectos propios de los gobiernos y de los países de los que son parte. Igual que los ministerios de otras áreas, como la economía, la educación o la salud, los ministerios de la Mujer o de la igualdad, deben ser vigilados, supervisados y criticados por la ciudadanía para que cumplan mejor con su función o sean más transparentes. Pero, en ninguna circunstancia deben cerrarse o reconvertirse en sitios ultraconservadores.
Muchos dirán que no importa tanto si es ministerio o departamento siempre y cuando cumpla con sus funciones. Pero las categorías institucionales también reflejan las prioridades de un país. ¿Puede un país caribeño, con graves problemas ambientales y amenazado por el cambio climático, no tener un ministerio de Medio Ambiente? ¿Puede un país marcado por la desigualdad entre hombres y mujeres no tener un ministerio que aborde este problema del que se desprenden asuntos tan graves como el feminicidio?
De poder, puede, pero las conclusiones que se desprenden de esas decisiones no son muy esperanzadoras. Así que no solo hablemos de parar el derroche, sino también de invertir los recursos de todas y todos para vivir mejor, con más libertad, igualdad y derechos.
*Canoa Púrpura, es la columna del proyecto periodístico de Colectiva Púrpura y de su podcast Libertarias, que se transmite por La República Radio.