Desde hace ya varios años que en la República Dominicana se ha evidenciado la presencia de prácticas de persecución, violencia verbal y difamación hacia personas, grupos y actividades que muestren elementos críticos sobre nuestra historia, realidad social, derechos humanos e identidad cultural.
Estas manifestaciones provienen de personas y grupos conservadores que demuestran mucho poder para vandalizar actividades culturales, movimientos sociales utilizando las redes sociales para atemorizar, amenazar y agredir verbalmente incluyendo en varios casos amenazas de muerte y agresiones publicas sin ninguna consecuencia.
Este comportamiento reactivo contra el ejercicio democrático en nuestra sociedad se extiende hacia el sistema educativo. La existencia de un currículo que promueve la democracia, el ejercicio protagónico de los procesos de aprendizaje desde el estudiantado, el pensamiento crítico, la creatividad y la contextualización sociocultural resulta amenazante para estos grupos. Estas tendencias conservadoras en nuestra sociedad promueven por el contrario un ejercicio autoritario y adultocéntrico de la educación con la reproducción de los modelos tradicionales de aprendizaje memorístico y repetitivo que despojan al estudiantado del desarrollo de destrezas cognitivas, socioafectivas y psicomotoras.
Estos modelos educativos que han sido superados se mantienen en vigencia en la praxis educativa de muchos centros educativos en nuestro país en total conflicto con el currículo vigente creando grandes barreras en el ejercicio de la docencia entre docentes y estudiantes, así como serios problemas en la calidad de la educación tanto en el sector público como privado.
La visibilización de esta oposición al currículo y a la perspectiva de educación crítica, abierta y democrática que lo sustenta se ha hecho en distintas ocasiones de forma sutil con manejos personalizados de casos hacia docentes o hacia centros educativos sin trascender públicamente a través de las redes sociales ni generar decisiones de cambios bruscos en las aulas, docentes y al interior de los centros educativos.
Es penoso que el ejercicio de la violencia verbal, irrespeto y discriminación se conviertan en valores que se promueven bajo la sombrilla de la "moral" y la "buena costumbre".
En la actualidad el panorama cambió. La decisión de los grupos conservadores de enfrentar el currículo y su enfoque democrático se ha canalizado en una forma estratégicamente efectiva personalizando el ataque hacia una profesora y una directora de secundaria de un centro en particular con el manejo de la distorsión, omisión y viralización de los ataques basados en estigmatizaciones y discriminaciones. Esta manera resulta efectiva porque se apela al ataque personal distorsionado usando falsos imaginarios que invocan sentimientos conservadores.
Lamentablemente este ataque se ha originado desde el interior del centro educativo en padres y madres colocados en un pensamiento conservador opuestos al currículo sin darse cuenta de que el perjuicio principal de este proceso (además de la maestra, directora y centro educativo) son sus hijos e hijas a quienes se le despoja de la oportunidad de lograr un desarrollo integral con la articulación de pensamiento critico con el arte, la literatura y la creatividad.
El daño no ha sido solo a los actores mencionados dentro del centro educativo sino a todo el sistema educativo y estudiantado. Con esta campaña se logra (objetivo principal) afectar las iniciativas que tiene el personal docente y directivo de muchos centros educativos públicos y privados dirigidos a una aplicación del currículo en esta perspectiva de educación critica, abierta, democrática y sustentada en el estudiantado como protagonista.
Hay que destacar que el manejo erróneo del caso por el centro educativo excluyendo a la maestra fortalece esta campaña contra el currículo y convierte a las redes sociales desde el descrédito y la distorsión en herramientas claves para frenar procesos de cambio desde la educación.
Todo lo que ocurre en un centro educativo, en las aulas y en la vida escolar debería ser tratado y abordado al interior de estos centros y no en las redes sociales. Las redes sociales no deben ser el espacio de control y de promoción de las decisiones de los procesos educativos. Las evaluaciones del personal docente corresponden a los equipos de gestión y no a las redes sociales. Es penoso que el ejercicio de la violencia verbal, irrespeto y discriminación se conviertan en valores que se promueven bajo la sombrilla de la "moral" y la "buena costumbre". Los mecanismos de consulta al estudiantado, personal docente, directivo y a padres-madres de forma transparente a lo interno de los centros educativos debe ser siempre la ruta fundamental de la toma de decisiones.
El uso de redes sociales para influir en decisiones de las instituciones frente a conflictos es vulnerable y sujeto a riesgos de estigmatización, discriminación y daños a la carrera profesional e integridad de las personas. Los grupos conservadores las utilizan porque les interesa debilitar la institucionalidad y la transparencia apelando así al irrespeto y violación de derechos.
La reflexión sobre este caso debe trascender el ámbito personal y del colegio en cuestión. El sistema educativo, colegios privados y centros educativos públicos, así como el MINERD debe analizar esta situación y generar estrategias para favorecer que el currículo se aplique y que niños, niñas y adolescentes en este país tengan el acceso a un desarrollo de sus capacidades y destrezas en todos los ámbitos con una perspectiva abierta, democrática y crítica y con respeto a sus derechos y su participación activa como sujeto protagónico.
Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY