Responsabilicé durante mucho tiempo como causante de la mala educación pública a las exiguas asignaciones que se destinaban en el presupuesto nacional a estos menesteres, pues durante muchos años este apenas alcanzó el dos por ciento del PIB, mientras países como Costa Rica invertían en educación alrededor del siete por ciento del producto.
Nuestro país era consistente manteniéndose en los últimos lugares en todas las mediciones que se realizaban sobre matemáticas y lectoescritura; sinceramente creía que era por la razón antes expuesta.
Después de una intensa lucha que involucró a gran parte de la sociedad, se hizo realidad en el año 2013 la asignación en el presupuesto nacional de lo que una ley había dispuesto muchos años atrás, un monto equivalente al cuatro por ciento del PIB.
A partir de ese momento me sentí esperanzado, pues entendía que con recursos suficientes el Ministerio de Educación podría iniciar el proceso que llevara en poco tiempo la calidad de la educación pública a niveles aceptables. Lamentablemente me equivoqué, pues aunque el presupuesto del mencionado Ministerio pasó de noventa y nueve mil millones en el año 2013 a doscientos trece mil millones en el 2022, un incremento de más del doscientos por ciento, continuamos ocupando los últimos lugares en matemáticas y lectoescritura después de nueve años de estar manejando una suma inmensa de dinero.
Todo indica que los recursos no fueron utilizados en lo que se tenían que utilizar, que era básicamente en la capacitación de los profesores para que estos tuvieran los conocimientos y las habilidades necesarias para poder enseñar a sus alumnos y, además, despertar en ellos la curiosidad y el interés por los estudios.
En estos momentos la situación es aún peor que la de años atrás; en los informes "Dos años después: Salvando a una generación" y " Situación de la pobreza de aprendizaje a nivel mundial", ambos elaborados por el Banco Mundial, UNICEF y otras organizaciones, se afirma que las pérdidas de aprendizaje podrían haber hecho retroceder diez años lo logrado anteriormente y colocar a América Latina y el Caribe en el segundo peor lugar a nivel mundial en pobreza de aprendizaje; solo el África subsahariana nos supera en ese poco prestigioso listado. La República Dominicana no escapa de esta triste realidad que afecta a nuestra región.
Visto los nulos resultados obtenidos en estos años de continuo aumento del presupuesto dedicado a la educación preuniversitaria, creemos que es hora de pensar en limitar o condicionar su utilización a la obtención de logros y al cumplimientos de metas que aseguren que ese presupuesto realmente genera beneficios tangibles para quienes se supone fueron los favorecidos por la lucha que dio origen a que se destinara el cuatro por ciento del PIB a la educación, los estudiantes.
Creemos que existe un extendido sentimiento acerca de que lo que hasta ahora se ha estado haciendo no funciona, que permite introducir cambios en lo que tanto trabajo costó obtener.
Ramón Pérez Minaya, un profesional permanentemente interesado en el tema, con profundos conocimientos sobre el mismo, publicó recientemente una serie de interesantes artículos en los cuales analiza la evolución de la educación dominicana y la situación de sus profesores y estudiantes. Entre las importantes sugerencias que hace en los mismos, propone la creación de un organismo con autonomía administrativa y financiera que tendría a su cargo, como existe en otros países, la evaluación permanente de profesores, estudiantes e instituciones de educación superior formadoras de maestros y en función de los resultados obtenidos en estas evaluaciones realizaría las recomendaciones de lugar, las cuales serían de aplicación obligatoria para el MINERD y el MESCYT.
Parte del presupuesto que se ha estado mal utilizando en la educación preuniversitaria podría servir para financiar la creación del importante organismo propuesto.