El día 20 del mes en curso se celebran elecciones presidenciales y congresuales en la República de Ecuador, país que cuenta hoy con una población de 18 millones de habitantes. Los sondeos sitúan a la delantera al movimiento Revolución Ciudadana, que dirige el expresidente Rafael Correa. Su candidata, Luisa Magdalena González Alcívar, abogada y ex legisladora, es la única mujer en la lid presidencial.
La ultraderecha, atemorizada ante el triunfo posible del correísmo, al socaire de la embajada de siempre, no descarta trucos ni crímenes con tal de evitar a toda costa el retorno al poder de Revolución Ciudadana.
Han sido tantas y tan variadas las acusaciones, infundios y zancadillas contra Correa y los suyos, que motivos tienen para temer a la retaliación. Después de todo, el ladrón juzga por su condición.
Como se recordará, el 17 de mayo último el gobierno fallido que encabeza el banquero Guillermo Lasso se vio compelido a declarar la “muerte cruzada”, (medida extrema, aunque constitucional, con la que disolvió el congreso y convocó a elecciones anticipadas), ante la inminente destitución por parte la Asamblea Nacional, en un juicio por corrupción.
El legado de este gobierno no podría ser más desastroso. La delincuencia y el narcotráfico han desarticulado la vida nacional. El año pasado, el promedio de muertes violentas superó las 400 víctimas por mes.
Hoy, la inseguridad extrema y los asesinatos se hallan en niveles escalofriantes. El día 9 del mes en curso fue muerto Fernando Villavicencio, “uno de los hombres más protegidos del país”. Era el candidato presidencial del Movimiento Construye, un partido con vocación de bisagra. Las valientes denuncias contra la corrupción y el narcotráfico habían granjeado a su líder una cerrada ojeriza entre estamentos militares, policiales, políticos y pandilleros.
Horas después del asesinato, la viuda Verónica Sarauz, fiel a la cohorte de detractores del correísmo, no tuvo empacho en acusar del crimen al movimiento Revolución Ciudadana y al propio Correa.
En los días previos al asesinato de Villavicencio habían caído abatidos: el alcalde de la ciudad portuaria de Manta, Agustín Intriago (37 años) y el dirigente correísta Pedro Briones.
Pese al estado de sitio declarado por Lasso, la inseguridad ha obligado a varias universidades a impartir docencia en modalidad virtual, y a gestionar la administración a distancia.
La situación es tan espeluznante que en el reciente debate de candidatos presidenciales, organizado por el Consejo Nacional Electoral, uno de los participantes, el empresario Daniel Noboa Azin, del Movimiento Ecuatoriano Unido, acudió con chaleco antibalas.
Ecuador, situado entre Colombia y Perú, dos grandes productores de cocaína, tiene el atractivo adicional de ser un país dolarizado (desde el año 2000, obra del antinacional y mega corrupto Jorge Jamil Mahuad), lo que viabiliza las transacciones ilícitas. Súmase a ello la corruptela rampante en todos los estratos.
Así pues, no es de extrañar que campen por sus fueros poderosas bandas criminales como los Choneros, Los Lagartos, Los Lobos, Los Tiguerones, etc.. Vinculadas o no a estas, solo en la segunda ciudad del país, Santiago de Guayaquil, podría haber hasta mil y más pandillas menores, con una nómina de decenas de miles de delincuentes.
Es para caer patitieso: tan criadas y alimentadas están las organizaciones delictivas, alentadas por la impunidad y la complicidad de los gobiernos de Lenin Moreno Garcés y Guillermo Lasso, que hoy, para trasladar a una cárcel de máxima seguridad a uno de sus jefes, presuntamente implicado en la muerte de Villavicencio, ha sido preciso movilizar a miles de soldados y policías. Es el caso de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, jefe de Los Choneros.
Con vistas a preservar la menguada seguridad que aún conserva República Dominicana, bien harían el gobierno, las autoridades concernidas y los partidos políticos en poner el máximo empeño en librar a nuestro territorio del cuadro político que campea por sus respetos en varios países del continente.