Recientemente el Grupo BID, compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el BID Invest y el BID LAB, celebró su reunión anual de la Asamblea de Directores, en la ciudad de Panamá, a la cual tuve el honor de ser invitado. Durante la misma se llevaron a cabo alrededor de seis seminarios entre los días 16 y 18 de marzo del presente año.

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la inversión en infraestructura, la transición energética, la inclusión de grupos vulnerados, la igualdad entre los géneros y el rol de la mujer de América Latina y el Caribe en el desarrollo, entre otros temas, constituyeron los ejes centrales de las discusiones.

Sin embargo quisiera detenerme en un tema importante: la inversión pública. La inversión es transversal a todas las demás problemáticas globales y en nuestra región es demasiado baja. Si bien no todos los países estamos calculando adecuadamente los niveles de inversión pues, muchas veces no se toman en cuenta las alternativas legales que se están implementando como el esquema de alianzas público-privadas, no es menos cierto que aun tomándolas en cuenta no llegamos al nivel de inversión requerido para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Si comparamos los niveles de inversión de América Latina y el Caribe con otras regiones emergentes del mundo, como lo es el continente asiático, nos daremos cuenta de que no estamos tomando la inversión en serio. Por ejemplo, en promedio Asia invierte actualmente alrededor de un 11% de su PIB mientras que en América Latina y el Caribe la inversión pública se mantiene en un 2.6% del PIB.

América Latina y el Caribe se enfrenta a desafíos importantes derivados de la emergencia climática, y lo estamos palpando en nuestra realidad cotidiana sobre todo en estos meses. Sequías, inundaciones repentinas, el incremento en la magnitud de los huracanes y de tormentas son fenómenos cada vez más frecuentes.

La inversión no sólo debe ser mayor también debe ser mejor. La inversión debe acompañarse de innovación y de esquemas alternativos que permitan a otros actores involucrarse en las prioridades de la humanidad recogidas en la Agenda 2030, como el sector privado. No se trata sólo de invertir en los proyectos correctos, sino también de ejecutarlos correctamente, como llegó a señalar Amar Bhattacharya, investigador del Brookings Institution.

Duplicar la inversión en resiliencia al cambio climático y acelerar la transición energética son prioridades impostergables. Nuestro esquema actual de inversión es deficiente, impide al Estado realizar inversiones prioritarias en nuestro país, privilegiando el gasto social.

Lo que tenemos ahora nos permite subsistir, pero si no evaluamos con miras a futuro, pronto podríamos vernos perjudicados por una falta de atención a la necesidades y prioridades ya identificadas. En el caso dominicano, la estructura institucional del Consejo Nacional de Cambio Climático sin lugar a dudas ha permitido al país beneficiarse de la financiación de proyectos necesarios pero con la adecuada y oportuna habitación de inversión del Estado y de uso más intensivo de las herramientas que ya venimos usando como a las alianzas público privadas, teniendo como norte la sostenibilidad en la buena dirección.

Hay una tendencia en el debate público de dirigir la atención a temas intrascendentes. Pero este es un tema neurálgico al cual la sociedad civil la academia, y el sector privado debemos seguir progresando. Nuestro presente y nuestro futuro depende de ellos.