Pese a la flexibilidad mostrada por el doctor Henríquez y Carvajal ante las exigencias de las fuerzas militares norteamericanas la cerrazón que estos mostraron desde un principio impidió arribar a un entendido. En esta coyuntura, los Estados Unidos tenían la determinación de ocupar militarmente el país para proteger las vías de acceso a su costa sureña y al canal de Panamá contra la posible incursión de potencias enemigas, sobre todo de Alemania.
Además, conservar su hegemonía en la región caribeña y proteger el control de esa potencia sobre la economía dominicana, principalmente de su comercio y sus recursos. La ocupación militar, como lo resalta Bruce Calder, no fue un simple incidente, sino que respondía a un patrón general de influencia creciente de los Estados Unidos en el Caribe desde 1898. Su accionar se vio ampliamente favorecido por la existencia de un Estado débil, carente de un aparato militar capaz de oponerle resistencia.
El 29 de noviembre de 1916, en la residencia presidencial ubicada en la calle Salomé Ureña esquina 19 de Marzo, el presidente Henríquez y Carvajal recibió la proclama del capitán Harry S. Knapp, comandante de la Flota del Atlántico, que declaraba a la República Dominicana en estado de ocupación militar por las fuerzas bajo su mando y la instauración de un Gobierno militar (1916-1924), el cual, por los procedimientos autoritarios y antidemocráticos que empleó, se puede tipificar como dictatorial.
Los tres motivos en que se fundamentaron para instaurar un Gobierno militar son bien conocidos: primero, que el Gobierno dominicano había violado varias veces la tercera cláusula de la Convención Domínico Americana de 1907, que le impedía aumentar la deuda pública hasta tanto no hubiera saldado la totalidad de los bonos del empréstito, sino mediante acuerdo previo con los Estados Unidos. Segundo, que el Gobierno dominicano no había adoptado las medidas indicadas por el Gobierno americano para mantener la paz interna y cumplir las estipulaciones de la Convención, y tercero, que como consecuencia de lo anterior la paz interna no había sido restablecida ni asegurado el cumplimiento futuro de la Convención por parte del Gobierno dominicano.
Ante la consumación de la ocupación militar, y con la anuencia del Congreso, el 8 de diciembre de 1916 el presidente Henríquez y Carvajal abandonó el país y el 31 de diciembre de este publicó un artículo en el periódico Las Novedades de Nueva York, titulado “La Cuestión dominicana”, en el cual formula un plan para la reorganización de la República y expone algunas concepciones que tenía sobre la sociedad dominicana.
Finiquitar las Revoluciones
Los perjuicios que provocaban las revoluciones a la sociedad dominicana fue uno de los problemas más debatidos por los intelectuales dominicanos en los inicios del siglo XX. En las discusiones que sostuvo con los militares de los Estados Unidos, previo a la instalación del Gobierno militar, el doctor Henríquez y Carvajal mostró coincidencia con ellos respecto a la necesidad de exterminarlas. Sin embargo, expresó su oposición a que se creara un ejército bien organizado para defender la Hacienda de los propagadores de revueltas:
“[…] Un ejército disciplinado, fuerza pública a las órdenes de un jefe irresponsable y de un presidente que no fuera producto de una verdadera opinión nacional, es un inmenso peligro, lejos de ser una garantía de orden. Serviría para sostener todas las tiranías que al jefe militar le pluguiera sostener; serviría igualmente para derrocar a Presidentes o a Gobiernos o Cámaras, cada vez que el jefe militar, por sí o por instigaciones de dentro o de fuera, le pluguiera contribuir a ello con solo dejar inactivas las fuerzas que están bajo su mando”. (En: Max Henríquez Ureña, Obra y Apuntes. Los yanquis en Santo Domingo, t. VII, Santo Domingo, 2009, p. 231.)
El doctor Henríquez y Carvajal fue el único intelectual dominicano que con mucho acierto pudo columbrar las implicaciones futuras que tendría la creación de un ejército, medida que, combinada con el desarme general de la población, permitió la instauración de la más prolongada dictadura de Latinoamérica.
Para refutar algunos tópicos del contenido de la Proclama, FHC expuso que desde la puesta en vigor de la Convención de 1907 prácticamente los fondos de la Hacienda han estado fuera del alcance de las revoluciones. En ese momento, el Departamento de Estado anunció el fin de las revoluciones, y sin embargo, las que se sucedieron fueron las más sangrientas. Al no poder acceder a los fondos de las aduanas los jefes revolucionarios apelaron a las fortunas privadas.
Raza y Revoluciones
Descartó también el doctor Henríquez y Carvajal buscar en la composición étnica de los pueblos “la causa original y exclusiva del estado político precario” de estos:
“[…] Al igual que en los países donde la población cuenta con una fuerte proporción de raza negra, en los demás países de América Latina, en donde tal raza o no existe o se ha extinguido por la difusión de otras razas, las revoluciones han existido, o se producen todavía hoy, alternando con gobiernos autoritarios y más o menos irregulares”. (ibidem, p. 231.)
Si en Estados Unidos, dice, se modificara desfavorablemente todo el sistema institucional, su estabilidad económica y organización jurídica, sobrevendría, promovida por “la raza de los ojos azules”, “la más terrible de las revoluciones”, pues es suficiente que se modifique una sola de las condiciones fundamentales, en un orden cualquiera de vida de la sociedad, para que de inmediato se produzca una profunda alteración del orden público.
Desde una perspectiva positivista, y más bien del determinismo, el doctor Henríquez y Carvajal reconoce que la influencia de la raza en el desarrollo de los pueblos es un factor sociológico tan crucial como la situación geográfica:
“Los caracteres distintivos internos de la raza cambian, se modifican bajo la acción de los factores externos del medio ambiente. La forzosa adaptación al medio biológico produce la regeneración, crecimiento y esplendor de una raza o su degeneración, decrecimiento y extinción. Pero los factores internos, espirituales, de una raza, toman a veces una importancia tan grande que ellos son realmente los que en un momento histórico la caracterizan”. (Ibidem.)
Atribuye el lento desarrollo del pueblo dominicano, que lo ha llevado a vivir en una situación precaria y a defenderse de situaciones que no fueron creadas por él, a la combinación de un conjunto de factores como la escasez de elementos de organización, el déficit demográfico, la tradición guerrera y la tradición política heredada de la colonia española.
El orden político deseado
Entendía que lo decisivo para la buena marcha del país en ese momento consistía en una reforma total de sus instituciones para “arrebatar” a sus autoridades el carácter militar tradicional que hasta ese momento había tenido y transferir al pueblo la plena garantía de sus derechos. En otras palabras, fulminar o reducir a inanición progresiva al caudillismo, al que define como una “forma morbosa de constitución, de gobierno” que subsistía aferrada al “envejecido y carcomido tronco de aquella tradición institucional de jefes militares que mueven las turbas y abusan del pueblo infeliz y lo tiranizan”. (Ibidem, p. 232.)
El doctor Henríquez y Carvajal expuso este modelo de reorganización a los agentes del Gobierno de los Estados Unidos para demostrar su “alcance y eficacia” respecto a la organización política y administrativa de la República Dominicana ya que esto garantizaba la paz y el bienestar del país, aunque aceptaba la propuesta del Gobierno americano para la reorganización de la hacienda pública y de las fuerzas militares ya que ambas eran coincidentes con el plan general que había formulado originalmente FHC, y por tanto, no debían servir de base para la subyugación del Estado dominicano a un poder extraño. El plan propuesto por FHC pretendía lograr una organización progresiva del país que lo colocara sobre la misma base política, administrativa e internacional de Cuba.
Consideraba “insuficiente, inadecuado” y “limitado” el plan americano donde predominaban los procedimientos y las actuaciones propias de una tiranía. Este plan solo tendía a desarrollar sobre el país un nuevo esquema de autoridad e intervención en perjuicio de la autoridad gobierno nacional, o sea, de la soberanía del Estado dominicano. Los representantes del gobierno americano insistieron en imponer la organización militar, lo cual, naturalmente, le garantizaba la reproducción del modelo de gobierno que se proponía implantar en la República Dominicana, cuestión que probablemente el doctor Henríquez y Carvajal no alcanzó a vislumbrar.
Impugnación de las causas de la ocupación militar
En relación con las tres causas que motivaron la intervención, el doctor Henríquez y Carvajal, que conocía al dedillo el tema de la deuda pública dominicana, las refuta puntualmente. Afirma que el Gobierno dominicano no había dejado ni un solo día de pagar los intereses de la deuda que estipulaba la Convención, la cual se formuló precisamente para garantizar el pago de los intereses y la amortización de la deuda de $20,000,000.
La violación que le imputa el Gobierno americano a los gobiernos anteriores, se produjo porque estos, para reprimir revoluciones, se vieron obligados a endeudarse con la autorización de dicho Gobierno, como fue el caso del empréstito tomado por el expresidente Nouel. En relación con el tema del mantenimiento de la paz, el Gobierno dominicano, dice FHC, quiso acoger las medidas sugeridas por los Estados Unidos, “pero reduciéndolas a un alcance y. una forma que fueran compatibles con la integral soberanía nacional.
Sobre el tercer motivo, relativo a la perturbación de la paz, FHC admite que el país se hallaba en un estado de desorden debido al “desbarajuste” que suscitó la caída del presidente Jimenes, agravado con la suspensión de pago del presupuesto y el hecho de que el Gobierno americano rehusó reconocer al recién instalado Gobierno dominicano.
La Proclama decía que la ocupación militar no pretendía destruir la soberanía de la República Dominicana si no brindar ayuda para que el país retomara la situación de orden interno que le permitiera cumplir con el Tratado o Convención de 1907. Para FHC resultaba “inconcebible” que la soberanía de un Estado pudiera subsistir cuando por encima de sus instituciones y su Gobierno se impone otro poder que es el que manda o rige.
Reprocha FHC que el Gobierno militar suprimiera los derechos individuales, estableciera la censura sobre la comunicación telegráfica y sobre la prensa, la cual quedaba amordazada y reducida a la nulidad, suprimiera la libertad de reunión, de palabras, la de correspondencia y la circulación de periódicos impresos del exterior. Por último, cuestiona la implantación de la ley marcial en un momento en que el pueblo dominicano se hallaba “sumiso, tranquilo y desarmado”.