Presidente de la República
El 25 de julio de 1916 el doctor Henríquez y Carvajal (FHC) fue electo presidente provisional de la República por el Congreso, para un período de cinco meses, basado en una propuesta que hicieron Américo Lugo y secundaron Rafael J. Castillo, Alberto Arredondo y Horacio Lamarche, y por su supuesto, con la anuencia de los principales líderes políticos de ese momento como el general Horacio Vásquez, Federico Velázquez, Jaime Mota, Elías Brache hijo y Luis Felipe Vidal. Desde 1904 el doctor Henríquez y Carvajal residía con su familia en Santiago de Cuba donde se dedicaba al ejercicio de la medicina.
Bruce J. Calder, historiador estadounidense, define a FHC como “un hombre honesto, educado, capaz y patriota”, […] que “estaba tan bien preparado como el que más para resolver los problemas que enfrentaba su nación en 1916” y “estaba decidido a hacerlo” aunque se enfrentaba al coloso imperio del Norte. (El impacto de la intervención, Santo Domingo, 1989, p. 15.)
En principio, una mayoría de congresistas había acordado designar como presidente al licenciado Federico Henríquez y Carvajal, presidente a la sazón de la Suprema Corte de Justicia, pero los Estados Unidos se oponían a su elección debido a que este rehusaba formular promesas acorde con sus demandas y el 5 de junio de 1916, cuando era inminente su elección, el ministro William Russell, en combinación con Federico Velázquez del Consejo de Ministros, que sucedió al Gobierno de Jimenes, logró frustrar su elección cuando apresó a varios senadores, hecho inaudito en la historia diplomática.
El problema dominicano, según FHC
En su tránsito por los Estados Unidos hacia la República Dominicana, FHC publicó el 25 de junio de 1916 un artículo en el periódico Las Novedades, de Nueva York, en el cual analiza la coyuntura política del país. Entendía que si se estudiaba el “problema dominicano” en su faceta político nacional y se adoptaban los medios racionales de resolverlos, todos los demás aspectos del problema quedarían de por sí resueltos, pues el pueblo dominicano había vivido dentro de una “tradición de guerras” y constituido su Gobierno en el marco del caudillismo, aunque reconoce que este ha intentado muchas veces quebrar la tradición caudillista e instaurar épocas de organización política racionales, aunque siempre mantuvo en pie la tradición militarista del caudillo:
“Por eso, allí todos los cargos públicos que por naturaleza debían ser puramente civiles y electivos conservan el carácter militar. El jefe de una común, en lugar de ser un alcalde nombrado por el voto popular, es comandante de armas que gobierna militarmente a los ciudadanos y los enrola para la guerra según soplen los vientos de la política, es decir, atento a la voz del mando del caudillo a quien obedece. Los gobernadores son militares, asistidos de comandantes militares de una provincia. El presidente de la República, aunque no sea un militar, gobierna con facultades y procedimientos militares”. (Max Henríquez Ureña, Obra y apuntes. Los yanquis en Santo Domingo, vol. VII, Santo Domingo, 2009, p. 133.)
Consideraba ineludible cambiar este modelo institucional franco español por un nuevo sistema, semejante al existente en Cuba para poder establecer un Gobierno sobre bases estables en el cual la voluntad del pueblo lo decidiera todo y convertiría en innecesario acudir al uso de las armas. Proponía la instauración de un esquema de organización política orientado a mellar el poder del militarismo caudillista, sistema que conllevaría la formación de partidos políticos dotados de programas escritos y con cargos electivos para formar sus directivas, la organización municipal libre de la injerencia gubernativa, un gobierno de las ciudades por medio de alcaldes elegidos junto con el Consejo Municipal, gobernadores puramente civiles, Cámaras con representación tanto de las mayorías como de las minorías.
Asimismo, la elección del presidente y vicepresidente por compromisarios por solo cuatro años, la formación de un ejército para la seguridad y una guardia republicana que prestara servicios de policía rural y garantizara el cumplimiento de las leyes, con un jefe bajo el mando del presidente de la República, la formación de un ejército de reserva que actuaría en caso de defensa nacional, artillería de costa y servicio de policía marítimo por buques costeros; desarrollo de un vasto programa cultural desde la enseñanza elemental gratuita y obligatoria, con un mínimo de conocimientos, hasta las escuelas especiales y profesionales e instrucción universitaria; promulgación de leyes protectoras de la inmigración y el trabajo con un horario mínimo obligatorio y un máximo horario facultativo y el establecimiento de la ley del servicio civil con fianzas obligatorias para quienes desempeñen empleos financieros. (Ibidem, p. 134.)
FHC entendía que la ejecución de este sistema constitucional liquidaría la influencia de los caudillos en la sociedad, así como la lucha incesante entre ellos mientras la “defección armada” dejaría de ser el recurso para deshacerse del superior y nada entorpecería la acción de las leyes. Este sería un sistema más eficaz al empleado por los Estados Unidos en el país, puestos estos al desconocer las causas de los conflictos políticos dominicanos se han limitado a brindar respaldo a un jefe político contra otro:
“[…] la intervención americana en Santo Domingo no resolverá ningún problema político, más bien lo agravará, en tanto que se siga el método actual de asociar la acción del Gobierno americano a la de los caudillos, ayudando a uno de ellos en contra de los demás a constituir un Gobierno al cual se exigen luego tratados que amenguan la soberanía del pequeño Estado y que lastiman y suscitan la mala voluntad del pueblo que se siente deprimido”. (Ibidem, p. 135.)
En el discurso que pronunció el 31 de junio al juramentarse ante el Congreso, el doctor Henríquez y Carvajal, a quien se le definía como “la más encumbrada personalidad científica” del país, expresó que había buscado “un refugio salvador en el ostracismo voluntario” para eludir “los horrores de las luchas fratricidas”. Declaró no ignorar las “grandes responsabilidades” que asumía, cuya magnitud no ignoraba, y como un “deber imperativo” se proponía reorganizar sobre nuevas bases la República a fin de garantizar el libre y cabal ejercicio de los derechos del pueblo en una obra de restauración y de reintegración.
Atenazado por los Estados Unidos
Al poco tiempo de electo el Dr. Henríquez, de forma prejuiciada el ministro William W. Russell lo valoró como “no satisfactorio” y sugirió retener el reconocimiento diplomático hasta tanto este no aceptara las desaforadas demandas que el Departamento de Estado había hecho a los presidentes anteriores, contenidas en la célebre Nota No. 14 del 19 de noviembre de 1915, dirigida por Russell al Lic. Bernardo Pichardo, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de J. I. Jimenes, quien, por temor a desatar las pasiones antinorteamericanas la había mantenido oculta, pero en agosto de 1916 FHC ordenó su publicación.
Las dos exigencias más lesivas al interés nacional contenidas en la Nota, reiteradas por Russell como requisitos para reconocer el Gobierno de FHC, fueron el nombramiento por el presidente de la República de un consejero Financiero quien sería designado previamente por los Estados Unidos y estaría adscrito a la secretaría de Hacienda y Comercio. El segundo era creación de una Guardia civil para preservar la paz en la República, la seguridad de los derechos individuales y el acatamiento de los términos de la Convención Domínico Americana de 1907.
La organización y dirección de este cuerpo estaría a cargo de un oficial norteamericano quien ostentaría el cargo de director de la Guardia civil, nombrado por el presidente de la República previa designación de los Estados Unidos. El nuevo órgano armado reemplazaría al Ejército, a la Guardia republicana y a la Guardia aduanera.
Al poco tiempo de la elección de FHC el receptor general de aduanas, C. H. Baxter, por instrucciones del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, publicó un aviso en el Listín Diario, el 18 de agosto de 1916, en el cual informaba que se descontinuaba el desembolso de fondos a cargo del Gobierno militar que desde el 16 de junio ejercía el control de todos los servicios de recaudación e impuestos de la Hacienda pública dominicana, es decir, no solo los impuestos aduaneros sino también las rentas internas, con lo cual dejaba al Gobierno de FHC sin ninguna fuente ingresos para cubrir los gastos del presupuesto nacional.
La cesación de fondos, decía el aviso, se mantendría hasta que se llegara a un entendido respecto a la interpretación de ciertos artículos de la Convención Domínico Americana firmada en 1907. En principio, FHC mostró interés en arribar a algún entendido con el Departamento de Estado y le hizo una contrapropuesta que permitía el control de los Estados Unidos de las finanzas y sobre la policía recién creada, incluía la reforma de la Hacienda, la contabilidad y los presupuestos, la organización del Ejército y las fuerzas de policía, prohibía y sancionaba toda malversación de fondos y transferencias de créditos. Igualmente, contemplaba la detención y prisión por delitos políticos sin orden de un juez competente y establecía mayor vigilancia con los recaudadores o depositarios de fondos públicos, exigiéndoles siempre fianzas y sometiendo a juicio a quienes incurriesen en responsabilidad.
Asimismo, nombrar de común acuerdo con el presidente de los Estados Unidos un consejero financiero para contribuir en el ajuste y adjudicación de la deuda pendiente, encargar a la Receptoría de la recaudación de la renta interna, impedir que los gobernadores u otras autoridades civiles y militares reclutaran soldados, guardias o milicianos, sin orden expresa del Poder Ejecutivo. (Reproducidas por Emilio Roig de Leuchsenring en La ocupación de la República Dominicana por los Estados Unidos, Santo Domingo, AGN, 2017, p. 46.)
Sin embargo, FHC le planteó al ministro Russell la imposibilidad de acceder a otras demandas que comprometieran la autonomía de futuras administraciones dominicanas del porvenir sin el consentimiento del Congreso, pero las instrucciones recibidas por este era demandar la sumisión absoluta del Gobierno dominicano a sus pretensiones. El 23 de agosto el presidente Henríquez y Carvajal envió a su hijo Max Henríquez Ureña a entrevistarse con el ministro Russell para plantearle el tema del reconocimiento, pero este le respondió con una especie de decreto, o modus vivendi, que debía emitir el Ejecutivo dominicano, en el que aceptaba de forma sumisa el estado de cosas creado por la ocupación militar y la incautación de las rentas públicas por la Receptoría.
Las críticas de Américo Lugo a la corta gestión de FHC
Los primeros cincuenta días de la gestión de FHC fueron de incertidumbre para la población dominicana y preocupaba su mutismo. Américo Lugo, el más radical nacionalista de la época, en un escrito del 20 de septiembre de 1916, objetó que FHC promoviera la organización del partido jimenista: “¿por qué el doctor Henríquez y Carvajal no nos dijo algunas palabras respecto de la intervención americana, para calmar la ansiedad que nos consume y acallar los presagios de muerte que nos amenazan?”.
Lugo entendía que no se justificaba la gran reserva, el silencio “mortal” y “abyecto” que mantenía FHC pues su voz sería escuchada “con respeto y confianza por la aureola de sabio que merecidamente adornaba su cabeza”, además de que la oposición no lo asediaba y el pueblo, que tanto amor le manifestaba, moría de angustia y de hambre, ansioso por escuchar una palabra de aliento, hecho que daba lugar a la circulación de múltiples rumores en la ciudad capital y contribuía a exacerbar los ánimos de la población.
Se comentaba que el Gobierno aceptaba los términos de la Nota americana, que la República sería ocupada militarmente y que vendrían cinco mil soldados más. Además, continuaba el desarme de la población por las autoridades militares extranjeras, los jefes de los partidos eran sometidos a ultrajantes interrogatorios y se allanaban sus residencias, se amenazaba a los periodistas, mientras el gobernador de la provincia declaró su incompetencia para garantizar los derechos individuales.
Decepcionado por la gestión de FHC, Lugo hizo varias puntualizaciones: Que FHC no fue elegido para organizar el partido jimenista sino para presidir la elección de un presidente definitivo, defender la soberanía nacional y la integridad del territorio dominicano, tal como quedaba plasmado en la Constitución con la frase “preservar la nación”, y por ende, FHC se hallaba en la obligación de proclamar el principio de no intervención, protestar contra la intervención militar americana, exigir la evacuación del territorio nacional, proponer el arbitramiento, organizar la resistencia contra la penetración de los interventores en el interior de la República y declarar la guerra a los Estados Unidos en caso de que estos rechacen el alistamiento. El doctor Henríquez y Carvajal, dice Lugo, no tiene derecho ni capacidad para aceptar ninguna exigencia yanqui. (Andrés Blanco (editor), Américo Lugo. Figuras americanas y otros temas. Informes y defensas, Santo Domingo, AGN, 2020, pp. 264-266.)