Es curioso como los dos hospitales especializados en oncología más importantes del país se erigieron en el campus principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el Sureste encontramos el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter que funciona en la Av. Dr. Bernardo Correa y Cidrón 1 desde 1949. Doña Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, ingresó en 1982 a la Liga Dominicana contra el Cáncer, Inc. al cual se mantuvo vinculada hasta su muerte a finales del 2008. Doña Rosa dedicó gran parte de su vida a esta importante causa social, especialmente a la búsqueda de recursos para financiar los tratamientos de las personas que no podían acceder a éstos por razones económicas; y ocupó distintas posiciones en ese patronato, desde vocal hasta la de presidente.

Al Suroeste de la UASD se levantó el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavares, INCART, inaugurado a fines de mayo del 2014. Fue construido en el mejor de los solares disponibles en el campus. Aunque la mayor parte de la comunidad universitaria no sabe cómo se hizo el arreglo para ceder ese espacio, que de acuerdo a los estatutos debía ser sometido y aprobado por el Claustro Mayor, como todos los bienes de la institución. Internamente se calmaron los ánimos bajo la promesa que ese centro hospitalario sería universitario, además de la nueva sede del Instituto Oncológico Heriberto Pieter, y de esa manera se recuperaría el viejo espacio para construir aulas que tanta falta hacen en la academia. El sueño se completaba con la posibilidad de que ese hospital universitario acogería los pasantes de medicina, psicología y demás ciencias de la salud, donde podrían completar su formación con prácticas supervisadas. Nada de eso se cumplió y el hospital fue entregado a una gestión dependiente del Ministerio de Salud Pública, pero “autónoma”, nunca fue “universitario”, no se alojó al antiguo Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter, y como estrategia para acallar las protestas de las partes excluidas se designó con el nombre de Doña Rosa Tavares. De paso, se construyó estratégicamente el parqueo universitario -ese que costó 800 mil pesos cada espacio para estacionar-, y basta con derribar un pequeño muro para darle acceso directo a los usuarios y al personal del INCART. Todo esto atizó el rumor interno sobre la privatización de la academia.

Aunque la consulta del oncológico viejo inicia varias horas más tarde, a las 5 de la mañana ya hay fila para conseguir turno. Los nuevos dueños de las calles van llegando a marcar su territorio para administrar el espacio público como parqueo. Conforme pasan las horas el tránsito aumenta, igual que los usuarios y visitantes del hospital. La avenida Correa y Cidrón fue dividida por muros de contención en su zona más ancha, y justo al lado de éstos se instalan los puestos de venta de comida que ocupan parte del carril, porque el otro también es utilizado como estacionamiento, cuyos administradores vienen de otros sectores a buscar su sustento. En el tramo comprendido entre la calle Ortega Frier y la Padre Pina, dirigen a los conductores para estacionar sus vehículos en doble fila, justo frente al área de parqueo perpendicular a la calle, dejando solo un estrecho tramo para que el resto de los conductores que necesiten seguir ruta pueda cruzarlo.

Cien metros más adelante encontramos la estación del Metro, que como no se previó un pasillo interno soterrado para cambiar de dirección, los usuarios se ven obligados a cruzar en masa atravesando la Av. Correa y Cidrón, agregando mayor congestión.

El INCART, con usuarios de mayor nivel adquisitivo, complica el tránsito al no tener suficientes estacionamientos para los usuarios ni el personal de salud. La calle Lic. Rafael Augusto Sánchez Ravelo que circula de Sur a Norte, con frecuencia se ve violentada la dirección por conductores desaprensivos de vehículos que van de Norte a Sur, sin que ninguna autoridad les detenga; y con estacionamiento en ambos lados de la calle que entaponan aun más la circulación.

La sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo movilizaba diariamente -antes de la pandemia-, la mitad de la matrícula estudiantil que sobrepasaba los 200 mil estudiantes, es decir, unos 100 mil estudiantes por día, más de 3 mil profesores y empleados administrativos. Esa población cautiva genera la proliferación de negocios de todo tipo alrededor del campus: alimentos y bebidas, librerías, papelerías, fotocopiadoras y afines; y otros cuyas ofertas son menos afines para jóvenes estudiantes como son los centros que ofrecen bebidas alcohólicas, discotecas, billares, etc. A todo ello se suman los puestos ambulatorios de frutas, frituras cocidas en plena calle y poca higiene; la venta de ropas usadas de todo tipo y para todos los climas (pacas), que ocupan las estrechas aceras de la Zona Universitaria.

Actualmente, sin la presencia de estudiantes en la UASD, se ha vuelto insoportable transitar por este sector; los vecinos padecen por el ruido, el desorden, los tapones, la seguridad de caminar alrededor, de entrar o salir con libertad de sus marquesinas porque, a lo largo del día, conductores irresponsables bloquean el acceso y hay que salir a pastorear al dueño del vehículo para que lo movilice, y orar para que el infractor no se moleste y empiece a vociferar improperios en el medio de la calle.  Motoristas de entrega a domicilio, vehículos, minibuses del transporte público se mueven a su antojo sin respetar la dirección en que se debe circular, y no hay ningún representante de la autoridad asignado a este congestionado sector, que en cualquier momento podría ser escenario de algún evento lamentable.

La otrora residencial Zona Universitaria, escenario natural de estudiantes, profesores, empleados, librerías, ha perdido su esencia y se ha convertido en un caótica y compleja maraña de trashumantes, que en muchos casos no respetan las leyes ni las normas de convivencia social. Los vecinos claman por la atención de la Alcaldía del Distrito Nacional, el INTRANT, la Policía Nacional y la Policía Comunitaria, para restablecer el orden y preservar la salud física y mental, y las relaciones pacíficas entre trashumantes y residentes.