No se fugó del país durante el proceso de investigación. La lista de los funcionarios que han evadido la justicia cuando se les advierte que serán investigados por casos de corrupción no llega a cuatro personas. Tres evitaron lo que llamaron “persecución política” viajando al extranjero o intentando asilo diplomático. Desde 1986 a la fecha, sin embargo, ninguno de las decenas de imputados por actos de corrupción que han recibido prisión preventiva ha aprovechado la variación de la medida para un “para que digan aquí quedo preso que digan aquí corrió”.

Cuando ha vencido el plazo absurdo de año y medio para preparar un expediente, que tiene que ser de quince mil páginas para demostrar es “complejo”, todo el que sufrió esa sanción anticipada se ha quedado en el país. Lo mismo cuando el juez la varía en uno de los intentos para solicitar se aplique una de las otras medidas establece el código, una acción en justicia que es un derecho procesal, no ganas de joder como piensan muchos, por supuesto, hasta un día.

Pero tampoco salen del país los imputados que no son enjaulados como animales. Los jueces cometen la barbaridad de encarcelar a una de dos personas imputadas en un mismo caso de corrupción sin información suficiente para discriminar sobre el grado de participación en el expediente y la probabilidad de fuga. Algo que sugiere o Tin Marín de do pingüé o seguir al cerdo líder Napoleón con “Todos los animales son iguales, pero uno más iguales que otros”.

Si no se ha marchado del país ninguna de las personas que la PEPCA decide investigar o someter por actos de corrupción, entonces, ¿por qué esta fascinación con la prisión preventiva? Es obvio que se busca asegurar una sanción en un proceso que instrumentan sin riesgo alguno para los fiscales. El día de cobro reciben el mismo sueldo independientemente si trabajaron un expediente blindado o uno más flojo que diente de leche. Si al que mandan a enjaular termina siendo liberado del expediente, no tienen que resarcir daño alguno financiero al que su reputación tiraron al lodo. Es eso lo que explica esta reciente petición de la que tiene fama de dama de hierro: “el imputado en libertad está retrasando la audiencia hoy de manera deliberada, solicitamos su prisión preventiva.”

La otra razón es que pedir prisión preventiva es lo que satisface a los políticos en el gobierno y a las masas. Quien llega a cargos electivos enarbolando lucha contra la corrupción no se puede quedar de brazos cruzados con aquellos que los votaron. Hay que investigar e instrumentar expedientes, pero el tiempo para actuar y los derechos procesales de los imputados son una piedra en el camino.

Los procesos electorales son cada cuatro años y, con disfrute de libertad para enfrentar los cargos o las otras medidas que son consistentes con la presunción de inocencia, puede llegar la nueva convocatoria sin condenas que mostrar. Ahí es que los presos preventivos adquieren un valor extraordinario para mostrar decisión en combatir la corrupción. Las masas aplauden a fiscales y entregan votos a políticos si hay fotos aparatosas de imputados, como Donald Guerrero, solicitando variación de medida de coerción rodeado por militares creen que sentado en el banquillo está la reencarnación de Houdini.

Jean Alain Rodríguez es culpable de enviar a prisión preventiva a una persona cercana, señalada en unos interrogatorios como probable participante de recibir sobornos más de diez años después de haber dejado de ejercer función pública. Pasó meses en prisión hasta que un juez sensato lo liberó de la acusación mezquina e interesada fue víctima. Ahora bien, cuando a ese abusador digno de calificativos impublicables le tocó ser el “agraciado” de prisión preventiva por el proceso que ahora enfrenta no estuve de acuerdo con la medida. Así lo exprese en redes sociales porque, ciertamente, en frase se atribuye a Ghandi “con el ojo por ojo vamos a terminar todos ciegos.”

Pero como con la prisión preventiva por imputaciones de corrupción no importa que con diente por diente quede enjaulado todo señalado por el PEPCA, entonces invito a que lean, firmen, consigan sello de notario y depositen este documento en el Ministerio Público.

"Señores Procuraduría General de la República Yo ___________ que tengo estas funciones en la administración pública ____________en este acto notarial declaro mi renuncia a ser tratado con presunción de inocencia en los casos que la PEPCA considere he malversado fondos y aceptaré sin apelar la prisión preventiva en el plazo que los fiscales consideren apropiado para presentar su expediente."
Ya solicité al Colegio de Notarios y a PedidosYa el apoyo para la expedición gratis del documento y organizar la logística para facilitar sin cargos el traslado. ¿Quién se anima?