Aunque también otros vienen predicando por décadas la necesidad de la transparencia en la administración de la cosa pública, cuando pienso en esa palabra me llega siempre a la memoria la muy querida Dra. Milagros Ortiz Bosch. Y es que tengo muchos años escuchándola predicar y poner en práctica la transparencia como mecanismo indispensable en nuestra democracia. De hecho creo que podemos llamar a doña Milagros la transparencia personal e institucional por antonomasia.
Si en democracia el gobierno y todas sus instituciones no son lo suficientemente transparentes, es decir, si no son emisores de informaciones que el destinatario, que es el pueblo, debe conocer para que pueda ejercer el control ciudadano de la administración, innegablemente que se debilita su carácter democrático. A mayor transparencia, mayor conocimiento, conciencia y compromiso ciudadano con el destino del país, lo que permite el fortalecimiento de la democracia.
La modernización del Estado dominicano implica la legitimidad en los procesos de contrataciones, eficiencia de los procesos de atención ciudadana y transparencia, debiendo el Congreso Nacional fiscalizar el gasto del gobierno, como manda la Constitución de la República.
El flujo de información del gobierno es una prioridad en la época de la información y más en los casos en los que intervienen para un mismo servicio público varios ministerios o departamentos del Estado.
Nadie está exento del escrutinio cuando del manejo de recursos y de la cosa pública se trata. Las sociedades no deben permitir que quienes hayan aportado recursos, dado apoyo y promovido a un partido y gobernante lleguen a las funciones públicas y su aliada principal sea la opacidad en la gestión.
De igual forma, el gobierno y todas sus dependencias no deben asumir un borrón y cuenta nueva e impedir la investigación por alegadas faltas graves en el ejercicio del poder, sin importar el cargo que ostentan, sino más bien que la fiscalización por parte de los órganos competentes a los funcionarios del gobierno debe ser continua y eficaz. Pero ello no puede estar al servicio de la lapidación de opositores; sino de la fiscalización institucional y ciudadana de la gestión y de los fondos públicos.
El gobierno debe cumplir sus obligaciones y el congreso hacerlo con responsabilidad, para provocar el mejoramiento en las prácticas de la administración. La tarea del Estado es garantizar la transparencia y la eficiencia en la utilización de los fondos públicos, pero sin que los órganos de control lo asuman por pura conveniencia personal o partidaria o distorsionando la verdad, pues ello genera desconfianza y descreimiento institucional y va debilitando las bases de nuestra democracia. El gobierno debe seguir mejorando los recursos humanos, la tecnología y el sistema de información estatal, para facilitar cada más el acceso y la obtención de información, facilitándose las mediciones de la eficiencia en cada departamento, que permitan generar políticas públicas basadas en información confiable. La resistencia institucional siempre es un desafío. Cualquiera que haya pasado por el aparato gubernamental conoce de la dificultad de cambiar las prácticas comúnmente aceptadas. Pero no por ello podemos negar que el avance en materia de transparencia, tanto normativa como operativamente, ha sido significativo en el país, lo que no se puede detener, cerrando el camino para que se usen los mecanismos de transparencia como ariete para pretensiones más allá de lo legítimo.