El 16 de agosto de cada año se celebra el día de la Restauración en la República Dominicana. Esta celebración conmemora la Guerra de la Restauración que inició el 16 de agosto de 1863, cuyo objetivo era restaurar la independencia de la República Dominicana tras haber sido invadida y dominada por el país vecino Haití y recolonizados por España, 17 años después de lograda la Independencia nacional.
Posteriormente, el 3 de marzo de 1865, el gobierno español emitió el “Real decreto” que determinó el abandono de España de territorio dominicano, anulando por igual el pacto de anexión.
Con esa visión histórica, nuestros legisladores consagraron en el artículo 274 de la constitución, el día 16 de agosto para la juramentación de las nuevas autoridades que regirán el país. Así, “El ejercicio electivo del Presidente y el Vicepresidente de la República, así como de los representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, terminarán uniformemente el día 16 de agosto de cada cuatro años, fecha en que se inicia el correspondiente período constitucional, con las excepciones previstas en esta Constitución”.
Hoy 16 de agosto de 2024, se juramenta y repite en mandato por segundo período presidencial el señor presidente de la República Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona y, con ello, una alta expectativa de lo que conformará su plan de acción y gabinete presidencial para este período. Ciertamente un momento para reconocer los logros y lo alcanzado en el período pasado, pero también, para enfrentar los desafíos que aún permanecen en nuestro país en cualquier vertiente, y encararlos.
Por la finalidad de esta columna, evidentemente haré una breve mención al sector justicia, el sistema de justicia, en especial la figura del ministerio público.
Muchos celebran la consolidación que ha tenido durante la gestión pasada el ministerio público, al asumir libremente la persecución de delitos de corrupción como nunca antes se había visto; se recrea en el ambiente el aroma y anhelo de un ministerio público independiente de cualquier otro poder del Estado, y al acecho, una reforma constitucional que busca precisamente hacer realidad mucho de esto.
No obstante, los procesos legales siguen siendo arduos y extensos, la carga laboral de los tribunales impacta en la rapidez de respuesta para la solución de un caso, la eficiencia de los servicios decae por falta de recursos, el acceso a la justicia para la víctima de cualquier delito sigue siendo un caos y así, un sinnúmero de detalles a los cuales hay que prestar y trabajar constantemente para su solución.
Con el nuevo mandato presidencial que reinicia hoy, nuestras autoridades tienen la gran oportunidad para hacer de este sistema de justicia uno mejor, más seguro, más eficiente, con más derechos a proteger, con más servicios de calidad que brindar. No es solo una toma y juramentación de posesión, es honrar lo que costó ser hoy una República libre, soberana e independiente; es velar por nuestros derechos, trabajar por y para la gente, en función de su derecho.
La constitución de la República Dominicana tiene un preámbulo, el cual reza así:
“Nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora; invocando el nombre de Dios; guiados por el ideario de nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y de los próceres de la Restauración de establecer una República libre, independiente, soberana y democrática; inspirados en los ejemplos de luchas y sacrificios de nuestros héroes y heroínas inmortales; estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres; regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social; declaramos nuestra voluntad de promover la unidad de la Nación dominicana”….
Esa es la inspiración y compromiso que conmemoramos hoy.
Sonia Hernández es abogada penalista con más de 20 años de experiencia profesional, fue procuradora fiscal de la Provincia Santo Domingo y actualmente es socia del despacho legal Global District Law. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Contacto: shernandez@globaldistrictlaw.com