El FMI habla de la urgencia de retomar el tema fiscal para amortiguar los efectos de una crisis de deuda en un número significativos de países. Las perspectivas de una recesión ya no son “supuestos” económicos, sino que está en plena evolución.
Desde China a Estados Unidos y desde el Reino Unido hasta Chile, pasando por Europa, Rusia, Suramérica, África y parte de Asia, el crecimiento económico va en caída libre.
El crecimiento mundial se estima en 2.8% para el 2023, con las economías avanzadas cayendo a un 1.6% y la eurozona a un 0.8%.
La misma China estará por debajo del 5%, Rusia en negativo y LAC en 1.6%. La India podría ser la excepción con un crecimiento superior al 5%.
República Dominicana proyecta un 4%, lo que podría ser otra rara excepción ya que estaría entre los pocos privilegiados que alcanzarán una cifra igual o superior.
Pero la deuda está creciendo a niveles insostenibles en todas partes y el promedio mundial ya roza el 100% del PIB, casi duplicando la que existía antes de la crisis del 2008, que era de 55%.
Con una recesión atacando la economía mundial, una inflación que continuara alta a pesar de mayores aumentos en las tasas de interés, con demandas de aumento salarial o recapitalización de fondos de pensiones y con el creciente gasto gubernamental para ayudar a los más pobres y desempleados, el único camino para evitar un colapso es seguir aumentando la deuda.
¿Y CÓMO ESO SE PUEDE EVITAR? mejorando los ingresos fiscales con más impuestos a los que más tienen, que pocos países alrededor del mundo se atreven a plantear en este momento.
En nuestro caso y a pesar de que muchos pueden sentirse tranquilos por las perspectivas económicos de República Dominicana, cada día se resalta la necesidad de más recursos para la salud, más inversión en cárceles, presas, carreteras, viviendas, energía, agua y saneamiento. Más demanda de dinero para luchar contra la delincuencia, para fortalecer militarmente la frontera con Haití, para apoyar la agricultura, proteger el medio ambiente y mejorar el transporte con elevados, túneles, trenes y teleféricos.
Y a todo eso, sumarle los subsidios a casi 2 millones de familias a través de diferentes programas sociales que sería prolijo mencionar.
¿QUE HACEMOS ANTE ESTE ESCENARIO DONDE NO EXISTEN CONDICIONES PARA UNA REFORMA FISCAL QUE MEJORE LOS INGRESOS EN AL MENOS UN 2% DEL PIB Y DONDE LA CALIDAD DEL GASTO HA MEJORADO SUSTANCIALMENTE GRACIAS A LA TRANSPARENCIA?
¿DE DÓNDE SACAR MÁS DINERO PARA NO SEGUIR ENDEUDÁNDONOS?
La crisis será superada en uno o dos años y el auge económico volverá a brillar salvo que no explote una guerra nuclear. Pero en periodos electorales y para darle mas empuje a la economía siempre, existe la tentación de aumentar los déficits. Y eso es malo, muy malo.
Por esa razón, la única vía para generar ingresos adicionales o reducir gastos en momentos de crisis, hasta que todo vuelva a la normalidad, es privatizando empresas públicas que generan grandes pérdidas para el estado, como el caso de las EDES.
Por ejemplo, a pesar de la mala experiencia con la privatización de la distribución de energía, 25 años después las cosas han cambiado y hoy podemos hacerlo mucho mejor.
Las EDES, generan pérdidas de unos mil millones de dólares anuales (sin incluir el subsidio a los combustibles) debido a la escasez de contadores, la caída en la inversión en proyectos y programas de reducción de pérdidas, en la pésima gestión gerencial de las distribuidoras y de otras concesiones a generadores de energía solar.
Además, el fraude eléctrico esta generalizado entre los mayores consumidores y se estima que el 40% de la energía suplida no se paga.
Por ello, urge privatizar nuevamente las EDES, pero hacerlo diferente a como se hizo en el pasado y con la transparencia que existe hoy en el país cuando se trata de acometer cualquier proceso de licitación.
Esa privatización, que debe regionalizarse, podría generar una inversión superior a los 1,300 millones de dólares por parte de las empresas que resulten beneficiadas, aunque las tarifas tendrán que transparentarse y cada hogar disponer de un contador. El fraude se reduciría al mínimo porque no es lo mismo que te cobre el estado a que te cobre una empresa privada.
Con el ahorro, que significará para el gobierno la reducción gradual del subsidio (porque no desaparecerá de inmediato), se hace necesario el mejoramiento de la red eléctrica donde se pierde alrededor del 30% de la energía servida. Sería otro gran logro para borrar 60 años de desastres.
La otra opción (a lo que la mayoría se opondría) de generar recursos inmediatos es la vender el 49% de las acciones de la Planta de Punta Catalina, que genera beneficios por unos 200 millones de dólares anuales. ¿Cuánto hay que pagar por ese 49%? No menos de 1,500 millones de dólares porque, administrada con máxima eficiencia, las ganancias de Punta Catalina aumentarían significativamente, pudiendo aumentar su generación con nuevas turbinas de gas. Es una inversión con alto retorno.
Pero el tabú de las privatizaciones sigue latente entre los dominicanos, aunque nadie propone soluciones racionales al dilema aquí presentado.