Este gobierno no es el campeón en la carrera de endeudamiento ni se lleva el trofeo de la competencia de los aumentos de precios. Ambas primicias le llegan como cortesía de los economistas de oposición que saben bien que no van a llegar a frenar los préstamos ni a romper precios.
Con la deuda pública entiendo la razón puede estar en la revancha. Hoy son funcionarios con responsabilidad aprobar el plan de financiamiento del presupuesto deficitario economistas que en la oposición advertían sobre el colapso inminente de bonos que se estaban emitiendo con cifras falsas sobre el comportamiento de la economía dominicana. La deuda pública estaba en un esquema de insolvencia tipo Ponzi en que se tomaban préstamos para pagar los intereses de la deuda. Esto se pregonaba sin descanso a pesar de que cada emisión atraía siempre un número mayor de inversionistas, se ampliaban los plazos, se colocaban soberanos en moneda local y las transacciones reflejan uno de los mejores EMBI de la región.
Del tema escribí varios artículos de opinión, de hecho, fueron tantos que me permitió organizarlos como material de apoyo en diplomados impartía sobre crédito público, donde explicaba como engrampa la deuda pública en la elaboración del presupuesto, el proceso de emisión de bonos soberanos, las transacciones en el mercado secundario y los indicadores de solvencia, liquidez y duración de la deuda. En uno de ellos predije que de ocurrir un cambio de administración en el 2020 veríamos en enero o febrero del 2021 su primera emisión de bonos soberanos, algo que ocurrió meses antes por motivo de la pandemia. También que todos los presupuestos futuros serían con déficit y un plan de financiamiento para cubrirlo junto con los pagos de amortización de la deuda del año.
Pensé que eso daría finiquito al debate insulso de quién tomó más o menos prestado y se pasaría a uno más sustancioso como, por ejemplo, la comparación de modelos de sostenibilidad de deuda. Pero no, volvimos a quién corresponde el récord diario de préstamos desembolsados, a cuánto asciende lo que debemos por habitante, quién muestra un menor porcentaje deuda sobre el PIB y otras menudencias entre quienes no van a dejar de hacer lo mismo: endeudarse entre los rangos de moderación que le dan sus estimaciones para explicar al gobierno el déficit tolerable del ejercicio presupuestario anual.
Ahora bien, el sambenito de líder de la inflación es resultado de la provocación reciente del gobierno con el tema de la relación entre cuándo se comía más libras de pollo fresco con el salario mínimo. Esto es algo sin sentido. Para empezar, la confirmación del Gobernador del Banco Central en su cargo equivale a reconocer su mérito en el ejercicio de la función principal de esa entidad que es, nada menos, que lograr la estabilidad de precios. También un descargo o entierro de tantas acusaciones que recibió de aquellos con quienes hoy comparte en reuniones técnicas sobre el maquillaje de las cifras de inflación, producto y otras variables macroeconómicas. En consecuencia, hay que usar en el análisis de los precios del pollo los que ofrece esa institución.
Y de los datos del índice de precios por artículos y el cálculo de la incidencia en las variaciones mensuales del IPC general se extrae información que deja sin sustancia poner a competir períodos de gobierno. En efecto, en 96 de los 143 meses que van desde enero 2011 a diciembre 2022 la variación mensual del precio del pollo fresco ha estado en el lugar número uno del que más contribuyó a la inflación o en los últimos cinco lugares de los que menos influyeron o compensaron la variación mensual del IPC general. El cambio de papeles entre acelerador y freno siempre lo destaca el Banco Central en sus informes mensuales, algo que no es raro en los productos de la canasta básica que tienen variaciones estacionales y sus precios se forman en transacciones libres entre quienes demandan y ofertan un producto.
En realidad, me luce que la comparación más válida entre las dos administraciones sería aquella donde se mida cuál provocó mayores interrupciones al proceso de libre formación de precios en los 305 bienes y servicios de la canasta básica de la pasada administración y los 364 que componen la nueva. El asunto es que no se hace porque ambas merecen un estruendoso aplauso por parte del pueblo dominicano porque los precios socialistas, esos donde la decisión de su nivel es responsabilidad de los políticos, son una minoría.
Enhorabuena porque las dos administraciones también se caracterizan por recurrir a competencias actorales cuando hablan de controles de precios para calmar una situación particular y al auxilio con planes puntuales para influir en aumentar la oferta de un producto o aliviar la situación de sus productores con apoyo específico. ¡Gloria a Dios! que sus equipos técnicos estén claros en que los controles de precios son la vía más rápida al desabastecimiento crónico de productos y al aumento de las frustraciones de consumidores que llega un día en que explotan porque no ven fin a lo de “aquí vendemos barato, a precio de control, pero no hay de nada”.
No hay tiempo para el rollo del salario mínimo, pero aquí de nuevo felicitaciones a las dos administraciones que han permitido que esa política tan azarosa se haya mantenido a los niveles donde su daño al mercado laboral es menor. De manera consistente han tenido de referencia el costo de la canasta básica del primer quintil y resistido en los órganos de decisión a los buenones quieren que el mínimo cubra la canasta promedio nacional y una cena mensual con langosta y camarones.