Ordenar el territorio, normar el uso y ocupación del suelo en República Dominicana, es el objeto central de la nueva Ley 368-22. Es decir, establecer con principios técnicos y éticos, la regulación del territorio urbano y rural de una media isla de 48,442 mil km2 de superficie. Esa es la tarea urgente. Para lograr con eficiencia y velocidad de impacto. No podemos pasar 10 años discutiendo una ley, y 10 más para ponerla en operación.
La ley no lo establece, pero hoy por hoy no se sabe cual es la Visión del Ordenamiento Territorial que tienen los sectores claves de la República Dominicana. La visión de los funcionarios, los políticos y los empresarios y la sociedad civil.
Ordenamiento es indicar, señalar, concertar e implantar en el suelo lo que se puede hacer, pero igualmente, lo que no se permitirá realizar sobre el territorio nacional. Pero también en el subsuelo, cuencas hidrográficas, sistemas montañosos, costas marítimas y en la geografía marítima propia. Asimismo normar cuáles son las facilidades y estímulos creados para promover el buen uso del suelo.
El ordenamiento territorial es la política de Estado al servicio de los intereses generales que contribuye a la organización del territorio y debe ejercerse de acuerdo con la Constitución, las leyes y los instrumentos de planificación regulados. Una potestad obligatoria del Estado, sustentada sobre la base del interés general para establecer regulaciones, incentivos y restricciones que afectan el uso del suelo y los asentamientos humanos, haciéndolos compatibles con el desarrollo humano (Artículos 6 y 7 de la Ley 368-22).
Todo está escrito, pero se conoce los grandes retrasos existentes en la isla, para que los asentamientos humanos de viviendas, comercios, instituciones y empresas, no generen vulnerabilidad, desigualdad, expansión y falta de conectividad.
La ley tiene que armonizar producción, consumo, confortabilidad y concentración edificatoria con las capacidades de preservar las zonas de vida, biodiversidad, reducir gases efecto invernadero (GEI) y garantizar seguridad alimentaria de la población.
El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial PNOT debe ser un tarea ejecutada con profesionalidad. Todavía más cuando se cuenta con cientos de estudios actualizados. El uso del suelo nacional, también debiera influir efectivamente en los 27,750 km2 de Haití, para completar unos 76,192 km2, ordenados en la isla. Lo que se desarrolle en República Dominicana debiera poderse replicar en la República de Haití, con el aval de su gobierno y del Sistema de las Naciones Unidas.
Este Plan Nacional (PNOT) es el instrumento de políticas que orienta las decisiones de carácter nacional sobre el uso del territorio, compatibilizando las diferentes políticas sectoriales, con el objetivo de gestionar y aprovechar los recursos naturales de la nación para alcanzar desarrollo sostenible, promover cohesión territorial, impulsar competitividad y mejorar las condiciones de vida de la población.
PNOT será un gran instrumento de políticas con proyección a 30 años, cuyo proceso de formulación debe coordinarse por MEPyD y aprobarse por el Consejo de Ministros, instituido en el artículo 137 de la Constitución de la República. Aunque no tiene fecha de formulación con mandatorio temporal concreto, es mejor que se realice en estos primeros cuatro años de gestión de gobierno.
La Ley en su Artículo 21, Párrafo II, a mi consideración, impone un exceso para que luego de que el Consejo de Ministros apruebe el PNOT, el Presidente de la República, deberá someterlo al Congreso para su final aprobación. No hay que devolver al Parlamento lo que el legislador impuso como producto entregable.
15 países latinoamericanos fueron disecados críticamente en materia de ordenamiento territorial. La República Dominicana aparece citada por la revista Geocrítica de 1990 por la gestión del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU); muchas generalidades y pocos avances.
30 años después, en el año 2020, la Unión Europea (UE), y su programa para la cohesión social en América Latina, presenta el “Ordenamiento Territorial, Situación Actual y Perspectivas” en 10 países de América Latina. En ambos análisis, esta media isla aparece citada por cumplir generalidades, vagos avances, imprecisos pasos y gestiones ambiguas.
El registro de avances en Latinoamérica en ordenamiento territorial de esta nación, queda retrasado porque los que llenan estos formularios y hacen sus estudios de evaluación, se limitan a las gestiones del aparato de gobierno centralizado del Estado. Nunca bajan al ejercicio local que realizan los ayuntamientos.
A partir del análisis de las políticas de ordenación territorial de diversos países latinoamericanos, se llega a la detección de un conjunto de rasgos que caracterizan estas actuaciones. Adicionalmente, se documentan diversos obstáculos que éstos enfrentan para la implementación de políticas que, en su conjunto, conducen a interrogarnos acerca de los límites del ordenamiento.
El círculo de la mayoría de intelectuales teorizantes y políticos criollos de oído que han estado involucrados en el impulso del ordenamiento territorial, ha convertido esta herramienta del desarrollo de cualquier nación, en una producción filosófica de diletantismo.
Las normas centrales y el sistema de inspectoría; igualmente como el impuesto predial para generar la “coranomía” del territorio no lo proponen, ni realizan. Es decir, el suelo tiene una característica concreta, un uso y un valor de uso que genera impuestos a los predios; dicho arbitrio lo cobra el gobierno y nunca se retorna para fortalecer el ordenamiento.
Son mandatos incluibles como normativas, del PNOT los siguientes. Normar para contener y controlar la tendencia dominante de crecimiento disperso, desordenado y baja densidad de la mayoría de ciudades dominicanas. Regulaciones para dominar e intervenir la dispersión en el periurbano vía normas de ordenamiento territoriales metropolitanas. Aporte de estímulos financieros del MEPyD para elaborar POT en municipios críticos. Regulaciones para implementar políticas de puesta en valor de vacíos urbanos.
Igualmente, promocionar proyectos de vivienda social y mejoramiento de barrios que se integren a la red de espacios públicos e infraestructura vial. Formular normas para Parques Industriales. Elaborar programa especial de realojo de asentamientos precarios en torno a los principales ríos y otras áreas vulnerables frente a riesgos. Diseñar un normas especiales y estímulos de agricultura periurbana y huertos familiares.
Asimismo, crear una normativa especial de control de edificaciones y construcciones del entorno de aeropuertos, puertos y zonas turísticas. Imponer mecanismos de coordinación metropolitana y de fortalecimiento institucional del ordenamiento. Fortalecer las Oficinas de Planeamiento Urbano en grandes ayuntamientos y crear oficinas de POT en municipios críticos. Motivar con el catastro predial y descentralización progresiva de los impuestos prediales.
Finalmente, elaborar un programa operativo de infraestructura verde metropolitana y creación de sistema de parques metropolitanos y lineales. Desarrollar viarios estructurantes con reordenamiento de la circulación para establecer corredores de transporte público compatibles con las bicisendas, sendas peatonales, trenes, metros, teleféricos y monorrieles de energía limpia, entre otros.
La nación espera que el MEPyD aporte al Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) en los próximos 12 meses. ¡¡¡Qué por favor se pongan en eso!!!