Habiendo sido EEUU un modelo de derecho al aborto durante casi medio siglo, es de esperarse que la revocación por el Tribunal Supremo del fallo Roe contra Wade tenga alguna repercusión en todo el mundo, ya sea aplicando o ampliando las restricciones sobre el acceso al aborto o aumentando las presiones de los grupos antiabortistas para mantener la penalización bajo cualquier circunstancia o reduciendo las excepciones o causales en países con prohibición absoluta del aborto. Su regresión puede suponer ahora el comienzo de una ola que se extienda en esa dirección, de otra que la contrarreste, o de ambas. La onda reaccionaria expansiva ya se empieza a sentir en algunos países. En diferentes Estados europeos, políticos de derecha y ultraderecha celebraron la decisión del Supremo. En otros han aprovechado para reabrir, de forma más o menos directa, un debate que en muchos de ellos se suponía cerrado. La historiadora legal Mary Ziegler señala que la potencia, que durante décadas moldeó las costumbres de sus vecinos, ha dejado de ser “un modelo para muchos países, que avanzan en otra dirección”.
En el caso de América Latina, si bien a lo largo de los últimos años la región ha estado a la vanguardia en la movilización por los derechos reproductivos, surgiendo la llamada marea verde que se gestó en Argentina, protagonizada y encabezada sobre todo por los grupos feministas y otras organizaciones de la sociedad civil, el fuerte activismo antiaborto en la región sigue constituyendo una seria amenaza en los países de la región que han despenalizado total o parcialmente el aborto -la inmensa mayoría- y en aquella minoría de países que aún mantienen penalización absoluta (República Dominicana, Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras).
Desde la década pasada, en la región se han logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos reproductivos, incluido el derecho al aborto, al ser este despenalizado totalmente en Argentina en 2020, en México en 2021 y más recientemente en Colombia en este año 2022. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declaró inconstitucional la criminalización del aborto y se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo sin consecuencias legales. En Argentina, la masiva marea verde que explosionó en 2018 con el debate parlamentario y concluyó a fines de 2020 con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue un impulso histórico a escala continental. En Chile, donde desde 2017 el aborto es legal por tres causales (en caso de que el embarazo sea producto de una violación, si existe inviabilidad del feto, y en caso de que corra riesgo la vida de la persona gestante), la Convención Constitucional del país aprobó en marzo de este año el derecho al aborto y la promoción de una educación sexual integral, que fueron incluidos en la propuesta de la nueva Carta Magna.
Lo ocurrido en Colombia es tal vez un caso paradigmático. Desde 2006 regían las excepciones por las tres causales (en caso de malformaciones fetales graves incompatibles con la vida, ante el riesgo para la vida de la persona gestante, o cuando el embarazo es producto de una violación). El fallo de la Corte Constitucional de ese país que retiró del Código Penal el delito de aborto hasta la semana 24 de gestación, colocando al país en el segundo lugar donde más libremente se puede abortar en América después de Canadá, respondió a un recurso presentado en septiembre de 2020 por el movimiento Causa Justa, que reúne a 91 organizaciones y más de 135 activistas, pese a la férrea oposición y agresivo activismo de la Iglesia Católica y las élites políticas y sociales ultraconservadoras. Para Sandra Castañeda, directora general de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, “La despenalización del aborto (en Colombia) es la condensación de 30 años de lucha del movimiento feminista, estudiantil, indígena, afro, de todos los sectores sociales que hemos luchado por la defensa de los derechos. Es el sumun de todos esos esfuerzos y esas luchas que se condensan en la acción de Causa Justa”.
No obstante estos trascendentes logros, América Latina y el Caribe aún sigue siendo un territorio en disputa por parte de iglesias católicas, evangélicas y pentecostales y de las élites políticas conservadoras a nivel global. La jerarquía de la Iglesia Católica, junto con sus grupos ultraconservadoras, como el “Opus Dei” o “Provida”, que se autodefinen como asociaciones laicas, pero están claramente ligadas al pensamiento religioso más atávico, son los principales exponentes de la postura antiaborto. Provida ha sido uno de los actores más reconocidos, visibles y constantes en el debate sobre el aborto. Su activismo y la defensa de sus argumentos se manifiesta en múltiples arenas; no sólo se ha limitado a los espacios gubernamentales de toma de decisiones sobre políticas relacionadas con la sexualidad y la reproducción, a las organizaciones de profesionales de la salud, a las conferencias internacionales, a intentar restringir los apoyos financieros para la acción e investigación, sino que también ha comprendido el acoso y actos violentos de que son objeto las clínicas de aborto en diversos países de la región.
Debido a las presiones a legisladores y jueces de las altas cortes se han verificado retrocesos en algunos países. En Ecuador, un mes después de aprobada la Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación, el actual presidente conservador Guillermo Lasso vetó parcialmente la ley, alegando que la Asamblea Nacional “estableció unas condiciones que favorecen al aborto libre”. Finalmente, la Asamblea Nacional no ratificó el texto y el 29 de abril de 2022 la ley entró en vigencia tal como la modificó el presidente. En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei decidió vetar la Ley 5272 “para la protección de la vida y la familia” que el Congreso aprobó el 8 de marzo de 2022, con el argumento de que “violaba la Constitución y convenios internacionales suscritos por Guatemala”. Así la situación legal del aborto quedó como estaba, con penas de cárcel de entre uno y tres años para quienes realicen la práctica, con la excepción del aborto terapéutico, cuando corre riesgo la vida de la persona gestante.
En el caso de República Dominicana, los intentos de hace casi una década por despenalizar el aborto por tres causales en el Código Penal (“cuando el embarazo sea el resultado de una violación, rapto, estupro o incesto” o “cuando debido a una malformación congénita, clínicamente establecida, la vida del concebido se considere inviable” o cuando esté en peligro la vida de la madre) han sido fallidos. La inmensa mayoría de los senadores y diputados han votado en contra de las tres causales, acordando mantener la penalizando del aborto con sólo una excepción: cuando esté en peligro la vida de la madre. Si bien las tres causales cuentan con el apoyo del actual presidente Luis Abinader y del partido de gobierno (Partido Revolucionario Moderno), al interior del bloque de legisladores de ese partido de gobierno no hay consenso o unidad monolítica en torno al tema.
En síntesis, si bien en la región se registran importantes avances, con unos tribunales constitucionales y congresos nacionales que han tomado decisiones muy importantes que también pueden ser vistos como ejemplo por nuestros países vecinos, lo que ocurra a partir de ahora estará intrínsecamente relacionado con quiénes gobiernen en cada país, tanto en América Latina como en Europa o en cualquier otra región del mundo.
Si bien destacadas expertas y activistas del movimiento feminista en América Latina aprecian que no existe la posibilidad de que, de forma jurídica, la decisión del Tribunal Supremo de EEUU de revocar Roe versus Wade provoque un retroceso en, ello va a depender de la correlación de fuerzas entre el bloque conservador conformado por políticos y legisladores de la ultra derecha, la jerarquía de las iglesias católica, evangélicas y pentecostal y sectores laicos conservadores, por un lado, y el movimiento feminista y un amplio espectro de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, ONG y personas que defienden el derecho del aborto, por otro lado, como muestran las experiencias de Colombia, Chile y México. De extenderse en la región la nueva ola de gobiernos progresistas de izquierda con fuerte apoyo de los movimientos de mujeres, como el que encabeza Gabriel Boric en Chile y el que dirigirá a partir del próximo 7 de agosto Gustavo Petro en Colombia, la marea verde será más expansiva.