La ultraderecha- a la que Juan Isidro Jimenes-Grullón negaba esa condición al considerar que toda la derecha era la misma y única- se caracteriza históricamente por creer que los países, por entero, y sus Estados le pertenecen con todo y gente dentro.
Esas élites agresivas incluso adquieren- y la República Dominicana no es la excepción-, grandes áreas territoriales e importantes recursos estratégicos para fortalecer su dominio económico mientras colocan a sus políticos en el poder.
El neoliberalismo económico, la última doctrina en boga, le hadado un arma político-ideológico-económica para la depredación sin casi oposición del patrimonio nacional. Según esa doctrina el Estado siempre trabaja deficientemente, se llena de una burocracia que parasita del presupuesto nacional y sólo sirve de mampara para la corrupción mientras que la empresa privada es eficiente, resuelve problemas y mantiene a raya los problemas fundamentales de funcionamiento.
Necesariamente no siempre sucede así ya que las prácticas corruptas pueden ser atacadas eficientemente y no por ser estatales, las empresas tienen que sufrir, todas, del mismo síndrome.
Esas operaciones ya están inscritas y detalladas entres los tratadistas clásicos de la economía política desde Adam Smith hasta Karl Marx, con sus diferencias de enfoque claramente establecidas. Sólo que no siempre se hacen evidentes ni públicas ya que incluyen la enajenación a gran escala del patrimonio nacional de los países débiles institucionalmente por vía de donaciones o de simples sentencias tribunales maleables.
Los terrenos del Estado, por ejemplo, se convierten en materia de buitres para estos grupos poderosos así como las empresas estatales incluidas las considerables extensiones de terreno que pertenecieron al desguazado Consejo Estatal del Azúcar distribuido como piñata entre políticos, empresarios y neo-empresarios de la corrupción. Esa idea de apropiación de los bienes como si fuesen propios per se domina ahora la mentalidad del llamado bolsonarismo en Brasil y ya funcionó en la República Dominicana de los años sesenta.
Ella permitió el derrocamiento del gobierno constitucional de 1963 elegido soberanamente por el pueblo en las urnas tras una conspiración cuyo propósito inmediato era la apropiación de las empresas del Estado- que consiguieron sus organizadores- con el apoyo decidido de la metrópolis y su enorme ceguera en política exterior. Promovían- o simulaban- promover la democracia partiendo del militarismo y el anticomunismo como si ambos fuesen siquiera parecidos.