Es incalificable y bochornoso que un país como la República Dominicana padezca tantas necesidades, y que personeros de la política y de la oligarquía en todas las categorías, durante muchos años, sigan esquilmando el erario y evadiendo impuestos con entramados mafiosos y criminales, y que nada pase.
Es una vergüenza, una perversidad abominable la metodología mafiosa que se ha estructurado durante muchos años para desfalcar al Estado, y que los esfuerzos de algunos jueces honestos se queden regazados en la ilusión del espectáculo.
Tanto los delatores como los acusados forman parte de un tejido putrefacto que ha debilitado todos los niveles del Estado y evidencia la escasez de valores morales y espirituales, permitiendo que el país sea calificado por los organismos internacionales como uno de los más corruptos del mundo.
¡Cuánta desfachatez! ¡Cuánta ignominia y falta de pudor de cara a las esposas, hijos y nietos que no tienen la culpa de que sus padres, tíos, padrinos y otros familiares sean unos ladrones, unos bandidos de cuello blanco!
Estamos viviendo una especie de debacle y, por ello, todas esas mafias corruptas han desvertebrado el país con sus perniciosas acciones sin sonrojarse. Su despropósito ha llegado lejos, y parecería que este es un país sin leyes y que el contubernio es una cultura creada para amasar grandes riquezas sin riesgo de pagar las consecuencias.
Se creían dueños del presente y el futuro político, y por ello cometieron toda clase de tropelías, de contumelias, de relajos… Personificaron al corrupto expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez y este, a su vez, permitió que miembros de su familia cargaran con botines en pesos y dólares que mantienen escondidos en bóvedas subterráneas, en paraísos fiscales y en inversiones descomunales en empresas de construcción.
El Ministerio Público, dirigido por la intachable magistrada Dra. Miriam Germán Brito, los magistrados Yeni Benerice y Wilson Camacho, ha cumplido con su deber, y el país les estará agradecido por su ética férrea
La operación Calamar ha desvelado una cogioca jamás vista en el discurrir de la historia política dominicana. Deliberadamente violaron todos los cánones jurídicos y los procedimientos administrativos para robar y robar sin escrúpulos, y en ese hartazgo desfalcaron al Estado de manera bochornosa y degradante. Robaron a sus anchas cual rémoras, propagando con ello la fiebre del oro sin reparar en los sufrimientos de numerosas personas hacinadas en los hospitales por falta de equipos para sus diálisis, de recursos para adquirir un riñón que les salve la vida; de niños autistas y con otros problemas congénitos cuyos padres carecen de recursos para mantener su equilibrio emocional y psicológico; de las madres con cánceres de mama y de cuello uterino. En fin, su apostasía galvanizada es el retrato horrendo de un país que agoniza, sin institucionalidad, alejado de la ética que dejaron plasmada en sus pechos gloriosos los padres de la Patria.
Muchos se preguntan cómo pudo suceder este sunami del robo más descarnado que revela la tónica o metodología de un gansterismo apoteósico.
No sabemos qué papel jugarán los jueces en este proceso en que las sanguijuelas tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. Confiamos en muchos magistrados responsables y de una sola pieza moral.
En tanto, el Ministerio Público, dirigido por la intachable magistrada Dra. Miriam Germán Brito, los magistrados Yeni Benerice y Wilson Camacho, ha cumplido con su deber, y el país les estará agradecido por su ética férrea y por llevar a cabo un proceso de investigación que, aunque complejo y riesgoso, quedará registrado como el caso de corrupción más escabroso desde la fundación de la República.
Robarle a un país del tercer mundo 19 mil millones es cometer igual número de crímenes en contra de hombres y mujeres que a diario sufren hambre y otras necesidades apremiantes.
Estructuraron un diabólico plan desenfrenado con dinero del erario, dañando el interés nacional y perjudicando a la sociedad en su conjunto. Las operaciones ilícitas, indecorosas forman parte del cáncer que ha padecido el país, y por ello las sanciones a los corruptos se postergan, se apañan y hasta se borran de los archivos de los tribunales por el soborno de jueces.
Para estos señores el Estado es una caricatura, y por esa razón pudieron persuadir a una estructura encargada de administrar la cosa pública con pulcritud, lo que provocó la ruptura constitucional, desarticulando así el orden de las reglas administrativas, al poner en evidencia sus intereses egoístas.
El cuadro simplificado de sus perversas acciones es el espejo de una sociedad desvertebrada, arruinada por un proceso corruptor y depravado.
Resulta, por tanto, un caso de lesa humanidad porque con sus robos en cascada colocaron a grupos humanos en la peor penuria y provocaron en el Estado una sangría de sus recursos que le costará tiempo y capacidad para superar esta orgía esquizofrénica. Tal desaguisado rompió el libro de los récords Guinness y produjo metástasis en todo el cuerpo de las instituciones gubernamentales. Los alcances de sus acciones revelan claramente que los diversos mecanismos del Estado funcionan a medias, y que nuestros gobernantes permiten que esto suceda porque forman parte del tinglado.
Por décadas hemos comprobado que en los actos ilícitos siempre hay un entramado entre funcionarios, altos jefes militares y empresarios. En ese contexto, estos sectores violan los diversos mecanismos de control en el que hay empleados que se dejan sobornar al ser los tutores de los recursos del erario. En este caso, los corruptos violan preceptos y desafían a las autoridades al formar parte de clanes políticos, militares y empresariales. Lo que visto desde esa perspectiva institucional adquiere la tipificación de asociación de malhechores.
Con ello se crea un sistema de concesión política desenfrenada que tiene un profundo efecto negativo. Asimismo, la obligatoriedad de velar por los bienes del Estado se convierte en inconstitucionalidad; se establece una competencia ilícita que afecta los planes sociales de los gobiernos y establece una ventanilla donde la mayoría de los contratistas tienen que dejar parte de sus ganancias, dineros que van a parar en los bolsillos de ministros, de funcionarios en las áreas de presupuestos, finanzas y tesorería. En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se crearon modelos de coordinación ajustados a los actos ilícitos jamás vistos en la historia dominicana, sobrepasando, en este aspecto, a los gobiernos de Báez, Lilís, Trujillo, Balaguer y el PRD, lo que pone en tela de juicio la falta de ética en estos regímenes.
En este marco, el desempeño de la mayoría de los gobiernos ha sido sumamente deficiente, sin regulación, dejando también a un lado la transformación de las estructuras y funciones del Estado, drenando considerablemente el incremento del desarrollo y la asistencia a los más necesitados. En suma, este conjunto de situaciones da al traste con un Estado al servicio de la corrupción y de los ricos, y confirma la hipótesis de que pasarán cientos de años para lograr gobiernos estables y con pleno dominio de sus responsables frente a los casos delincuenciales.
Los puntos oscuros de nuestros gobiernos y de la propia clase política y empresarial es un sistema preconizado por las ambiciones económicas de aquellos que nada les importa la moral o el descrédito. Tampoco les importa que la sociedad descubra sus fragilidades ante los espejos, sus disfraces e identidades ocultas. Lo interesante para ellos es el círculo hermético, el placer sin merecerlo y el amplio espacio en que se desenvuelven y exhiben sus fortunas. Este enfoque me recuerda la teoría filosófica de Enmanuel Lévinas y, sobre todo, a Lévi-Straus que estudian la raíz primitiva del sujeto, de su atraso, o de la sombra a la se refiere Carl G. Jung, quien se refiere a los aspectos oscuros, reprimidos, inconscientes y con frecuencia destructivos de la personalidad.
Está claro que muchos de los encartados en los esquemas denominados Pulpo, Calamar, configuraron un sistema que hasta cierto punto puso en riesgo la gobernabilidad en las elecciones del año 2020, cuyas implicaciones afloran con una pestilencia donde navegan personalidades que la sociedad estimaba transparentes. Aunque esta sociedad ya conocía el perfil de algunos de ellos que, desde décadas, vienen cometiendo fechorías sin importarles “el qué dirán”. Acostumbrados a los delitos, crearon una red donde no medió la prudencia; por tal motivo, merecen, no solo el paredón moral sino la condena más alta que demanda el Código Procesal Penal: ¡treinta años de prisión!
Hasta ahora han disfrutado del hartazgo, de los placeres sin freno, la alteridad y los espejismos que brinda la vida. Como si sus acciones formaran parte de un festín carnavalesco. Pero, a veces, cuando se cae en la trampa, la huida resulta difícil.